En la liquidación económica y social de la Faja Pirítica de Huelva se cobraron comisiones por parte de empresas vinculadas a UGT y a Comisiones Obreras ligadas a los ERE. De hecho, se ha publicado que UGT y CC.OO cobraron más de medio millón de euros cada una por su participación en el ERE fraudulento de Minas de Riotinto. Llegaron a modificarse expedientes laborales de trabajadores para obtener la renta máxima permitida en las prejubilaciones. La intermediaria Ingotor, cuyo único socio era José González Mata, asimismo dueño de Uniter e imputado en el caso, se embolsó 6 millones en comisiones y transfirió más de medio millón a cada organización sindical. Ese dinero llegó a la tesorería de la UGT que dirige Cándido Méndez puesto que Antonio Retamino Megías, el tesorero general de UGT desde 2002, era a su vez presidente de una de las sociedades que recibió el dinero, Asesoramiento en Seguros y Previsión Correduría de Seguros, SL (ASP).
El ERE de Minas de Riotinto ha sido uno de los más polémicos, debido precisamente a la implicación de los sindicatos. Según publicó La Gaceta en 2009, Ingotor transfirió 589.383,99 euros a CCOO y la misma cantidad a UGT entre 2003 y 2004 una vez recibió las mencionadas primas por la intermediación. Ese importe se corresponde con el 0,5 % del coste total del ERE de Minas de Riotinto, que ascendió a 90 millones de euros sacados del fondo de reptiles y de los fondos públicos de la Junta de Andalucía.
Las cantidades se distribuyeron en cuatro pagos que tuvieron como destino a ASP Atlantis Asesores e ITG. Las dos primeras son corredurías de seguros en las que los máximos accionistas son los sindicatos; la tercera un empresa que ofrece servicios administrados tras la que se oculta UGT de Cataluña. Las irregularidades en este ERE no sólo hacen referencia a los expedientes, sino también al cobro de comisiones por correduría de seguros que no han colaborado en la elaboración de esos ERE, recuerda el diario.
ASP y el tesorero ugetista Retamino
ASP era la aseguradora de UGT, y recibió 394.047,56 euros cuando estaba presidida por el tesorero general de UGT Antonio Retamino Megías. En 2006 vendió el 80% de la misma a Atlantis, de la que a su vez adquirió el 5%. CCOO ya poseía el 5% de las acciones de Atlantis y la totalidad de su división Atlantis Asesores. Desde 2004 a 2007, como muestran los datos obtenidos en el Boletín Oficial de los Registros Mercantiles Españoles (BORME), ASP estaba presidida por Retamino, tesorero de UGT desde 2002 a la actualidad.
El consejero delegado de ASP era en 2009 Fermín Bretón, antiguo consejero de Unial, la aseguradora de UGT liquidada en 1995. Bretón ya estaba imputado en el caso PSV, en el que el fiscal consideró que él y los acusados se apropiaron de fondos destinados a la construcción de viviendas para financiar UGT. En total cuatro de los seis imputados en ese caso han pertenecido o pertenecen a la Junta de ASP a la que se transfirieron los fondos del ERE de Riotinto entre 2003 y 2004.
Pero como demuestran estos documentos en los años 2003 y 2004 y hasta 2007, el presidente de ASP era Antonio Retamino Megías, que ya era Tesorero de UGT Confederal en el equipo de Cándido Méndez, cargo que sigue ocupando en la actualidad.
Retamino y su conexión con empresas de la UGT
Las empresas a las que está o ha estado vinculado Retaminos son las siguientes:
CIF NOMBRE CARGO
A79222857 ASESORAMIENTO EN SEGUROS Y PREVISION CORREDURIA DE SEGUROS SA Consejero: 12/05/2004
A79222857 ASESORAMIENTO EN SEGUROS Y PREVISION CORREDURIA DE SEGUROS SA Presidente: 12/05/2004
B83888610 CONSULTORA DE PENSIONES Y PREVISION SOCIAL SOCIEDAD DE ASESORES SL Consejero: 19/02/2004
B81803173 EUROPEA DE ESTUDIOS Y TECNOLOGIAS SL Consejero: 09/06/2003
B81803173 EUROPEA DE ESTUDIOS Y TECNOLOGIAS SL Presidente: 09/06/2003
A81664534 FORMACION 2020 SA Consejero: 01/04/2003
A81664534 FORMACION 2020 SA Vicepresidente.: 01/04/2003
B83876466 PROTECCION SOCIAL COMPLEMENTARIA DE LOS TRABAJADORES SL Cons.Del.Man: 03/06/2004
B83876466 PROTECCION SOCIAL COMPLEMENTARIA DE LOS TRABAJADORES SL Consejero: 19/02/2004
B83876466 PROTECCION SOCIAL COMPLEMENTARIA DE LOS TRABAJADORES SL Presidente: 19/02/2004
Actualmente, en el Registro Mercantil, la pregunta por Antonio Retamino Mejías o Megías, del mismo NIF, arroja el siguiente resultado:
REGISTRO MERCANTIL DE MADRID
CONSULTORA DE PENSIONES Y PREVISION SOCIAL SOCIEDAD DE ASESORES SL B83888610
PROTECCION SOCIAL COMPLEMENTARIA DE LOS TRABAJADORES SL B83876466
GESTION DE PREVISION Y PENSIONES ENTIDAD GESTORA DE FONDOS DE PENSIONES SA A78630779
PUBLICACIONES UNION SL B78537024
FONDITEL PENSIONES, ENTIDAD GESTORA DE FONDOS DE PENSIONES SA A80416332
ATLANTIS CORREDURIA DE SEGUROS Y CONSULTORIA ACTUARIAL SA
REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA
ASESORAMIENTO EN SEGUROS Y PREVISION ATLANTIS SL B63090351
ATLANTIS VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA A61944203
REGISTRO MERCANTIL DE PALMA DE MALLORCA
MALLORCA SERVICIOS TECNICOS SA A07259062
Alaya y el papel de UGT y CC.OO en los ERE
La juez Alaya ha acusado formalmente a UGT y CCOO de haberse financiado de manera "irregular" durante 10 años en Andalucía con las cuantiosas comisiones que percibieron por un supuesto trabajo de asesoramiento en los ERE, financiados por la Junta con cargo al fondo de reptiles. La titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla razonó tal acusación en el auto por el que envió a prisión al dueño de la mediadora Uniter e Ingotor, José González Mata, uno de los dos brókers que pagaron a federaciones territoriales y empresas controladas por ambas organizaciones.
"Los sindicatos, además de las cuotas de los afiliados y de las subvenciones públicas anuales, encontrarían durante una década en Andalucía esta otra forma de financiación irregular", sostenía Alaya. La instructora del caso ordenó en julio de 2011 a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que investigara la "intervención" de los sindicatos en los procesos de negociación colectiva objeto de la instrucción judicial, así como los "beneficios" que pudieran haber obtenido los representantes de estas organizaciones que participaron en las negociaciones. Pero la juez hablaba abiertamente en sus autos de "financiación irregular" de los sindicatos mayoritarios.
A la luz de los datos bancarios y fiscales, Alaya cifró en 7.648.815,71 euros el montante que las mediadoras –4.291.384,10 euros Vitalia y 3.253.031,61 euros Uniter– pagaron a UGT y CCOO sin que prestaran servicios "que lo justificara". "[Los cobros] no responderían a ningún concepto definido y efectivamente soportado", añade. Esta conclusión encuentra sustento en los testimonios de no pocos testigos e imputados.
La ex dueña de la mediadora Vitalia María Vaqué, en prisión desde marzo, declaró en sede judicial que los sindicatos "les decían que en tal o cual empresa había problemas y no hacían trabajo alguno". "Si un sindicato dice que no se hace [la operación], no se hace; te pueden hacer la puñeta", justificó.
Según detalló la juez, CCOO y UGT canalizaron estas comisiones a través de las compañías ASP Asesoramiento Seguros, que era la presidida por el propio tesorero de UGT, Retaminos Megías, desde 2004 a 2007, Temiquis, ITG y de la Federación Agroalimentaria de Cádiz, en el caso de UGT, y de Atlantis Asesores y de la Federación Minerometalúrgica, en el caso de CCOO.
Según Alaya, los sindicatos eran los que "habrían impuesto, de manera arbitraria e ilegítima", esos cobros "como contraprestación a su papel facilitador de los procesos de reestructuración empresarial". Por ello, la magistrada atribuye a representantes de UGT y CCOO una "actuación decisiva" en el "ilícito uso de fondos públicos" por la "información previa" sobre empresas en crisis que suministraban, y por facilitar el proceso que propiciaría el posterior negocio de las sobrecomisiones.
Otro ejemplo: Temiqui, S.A.
El pasado 27 de marzo, el nombre del secretario general de UGT en Cádiz, Salvador Mera se veía ligado a una de las empresas vinculadas a la trama de los ERE fraudulentos que investiga la juez Mercedes Alaya. Era una de las empresas que actuaban como intermediarias y que presuntamente recibieron comisiones millonarias, como subrayó La Voz de Cádiz. La empresa en cuestión se llama Temiqui S.A. y en su consejo de administración se sentó el ya citado secretario provincial de UGT, Salvador Mera, entre 2002 y 2011, según el Boletín Oficial del Registro Mercantil.
El dirigente sindical abandonó la empresa, dedicada a la realización de servicios de consultoría, estudios de mercado y encuestas de opinión pública, el 16 de noviembre de 2011, justo un año después de ser elegido. Pero Temiqui S.A. tiene su sede en el mismo edificio de UGT en Madrid.
Tanto Temiqui SA como FQT Asesores de Recursos Humanos S .L., vinculada a CC OO, pudieron haber recibido en torno a 4,3 millones de euros, según se recoge en el auto judicial.
El responsable de UGT Cádiz admitió haber ejercido como consejero de Temiqui S.A. durante ese tiempo, aunque sin poder de decisión sobre la actividad de la empresa. Reconoció que la firma pertenece a UGT y que el consejo de administración lo formaban los delegados de las ocho principales federaciones. Insistió en que él formó parte mientras ocupó la secretaría general de Industria y Afines en Andalucía y una vez fue elegido responsable del sindicato en Cádiz, dimitió.
Mera señaló que Temiqui ejercía como «supervisora» en expedientes de regulación de empleo solicitados en el sector de la química y la minería y estuvo en varios presentados en esta comunidad, pero no recordaba si había colaborado con la aseguradora Vitalia ni que se hubieran cobrado sobrecomisiones por trabajos de este tipo.
Curioamente, el entonces secretario general de UGT Andalucía, Manuel Pastrana, implicado en el caso de falseamiento de facturas de proveedores denunciado por Libertad Digital, negó que hubiera alguna relación con su sindicato. Sin embargo sí que estaba presente a través de la Federación andaluza de Industria y Afines (FIA) que estaba presente en su consejo de administración, según adelantamos en LD.