La Audiencia de Córdoba ratifica las coacciones de dos dirigentes de Comisiones Obreras de Córdoba a los empresarios con el fin de imponerles contratos con las personas que interesaban a la organización. Con esta sentencia queda demostrada la vinculación de CCOO al fenómeno de las "mafias de la construcción". Contra la sentencia no cabe recurso.
El documento ratifica el fallo del Juzgado de lo Penal número 5 de Córdoba, que consideró a dos de sus sindicalistas culpables de una falta de coacciones por presionar a un empresario en 2009 para que colocara en una obra de la capital a determinados trabajadores. Los condenados son José Manuel Ávila y José Tirado, que, cuando se denunciaron los hechos, pertenecían a la dirección provincial de Fecoma, la federación de construcción de CCOO. Incluso en ese momento, uno de ellos era miembro de la ejecutiva regional.
El fallo respaldado ahora por la Audiencia sólo condenó a cada uno de ellos a 20 días de multa a razón de 6 euros diarios por intentar obligar al denunciante a contratar a determinados trabajadores.
Entre los hechos probados, el Juzgado de lo Penal Número 5 admitió como cierto que en noviembre de 2009, y durante dos días, acudieron a la obra en cuestión numerosas personas. Protestaron por "la contratación de otros trabajadores de igual gremio" hecha por la promotora de un bloque de pisos.
Además, seguía el fallo, Ávila y Tirado "como pertenecientes a CCOO" se reunieron por separado con el gerente de esta firma. El primero advirtió al empresario "en tono alto" de que "su negocio iba a tener problemas y le iban a ir mal las cosas si no hacía lo que querían -en cuanto a personal-".
Antecedentes
En mayo de 2010, la Policía Nacional detuvo a cuatro personas por su presunta implicación en las "Mafias de la construcción" y otras cinco fueron imputadas sin ser arrestadas. Se les acusó de los delitos de asociación ilícita, amenazas y coacciones. Hay que tener en cuenta que el modus operandi de estos grupos de escayolistas, yeseros, soladores y alicatadores era el de presionar a los empresarios para que contrataran a las personas inscritas en sus listas, que, a su vez, debían pagar cuotas.
Dos años después, el juzgado de Instrucción número 7 dictó su archivo argumentando que no apreciaba asociación ilícita, sino una serie de faltas, que, además, habían prescrito. El Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares no compartieron esta decisión y acudieron en septiembre a la Audiencia Provincial, que decidirá qué pasaba con la causa.
Ya en 2009, ABC publicó el testimonio de una persona que formó parte de una "mafia de la construcción": la Agrupación de Yeseros y Escayolistas 1986 de Córdoba. Ésta aseguró que las asambleas semanales del colectivo se hacían en la céntrica sede de Comisiones, donde sus integrantes también pagaban físicamente la cuota y se les sellaba una cartilla. A la Policía se le concedió el visto bueno judicial y en mayo de 2010 se producía el registro y las detenciones.
CCOO comparó a Cáritas con la mafia
Estas reuniones se realizaban, escribe ABC, en presencia del secretario provincial del sindicato, Rafael Rodríguez, que precisamente comparó a Cáritas con la mafia, y de su homólogo de Fecoma, Andrés Pozuelo. Rodríguez comparó hace un año a Cáritas con la mafia por abrir un economato en el popular barrio cordobés de Las Margaritas para 200 personas.
Este centro dispensa productos de primera necesidad por los que los usuarios, que acceden al mismo con una tarjeta para evitar la picaresca y sólo pagarán un 20% de su valor. El resto lo asume la oenegé eclesiástica. Sin embargo, para el líder de Comisiones Obreras esta iniciativa fue considerada mafiosa.
"Discriminación en función de las creencias que se puedan tener, al menos esto es lo que yo vi en los medios, y esto pues, ya hemos visto como este tipo de situaciones se han utilizado por los hermanos musulmanes o por la mafia en un caso o en otro, es decir atender a las personas necesitadas para hacerlas adictas o adeptas", precisó Rodríguez.
El Obispado de Córdoba le recordó al dirigente sindicalista que a las personas que acceden a ese economato no se les pide "bajo ningún pretexto, ni se les pregunta por su fe o se solicita su adhesión a la Iglesia Católica".