El Tribunal Supremo anula el indulto de Gallardón al conductor kamikaze de Valencia

El Tribunal Supremo ha anulado el indulto que el Gobierno concedió a un conductor kamikaze condenado a 13 años de prisión por circular en sentido contrario en la AP-7, en Valencia, y causar la muerte de un joven en un accidente de tráfico.

El accidente se produjo en 2003, cuando el kamikaze circuló unos cinco kilómetros en sentido contrario por la autopista hasta chocar contra un vehículo. El impacto mató al joven que conducía, de 25 años.

En el avance de la resolución adoptada este jueves, tras tres jornadas consecutivas de deliberaciones, el Pleno de la Sala de lo contencioso-administrativo del Alto Tribunal ha estimado el recurso interpuesto por la familia del fallecido contra el indulto, "anulando en consecuencia el mismo", según el Supremo.

La ejecución de la sentencia, que se dará a conocer en los próximos días, queda en suspenso durante tres meses, al objeto de que el Gobierno pueda, en su caso, subsanar los defectos que han motivado el fallo del Pleno de la Sala Tercera, ha informado el Alto Tribunal.

Según el recurso, interpuesto por la familia de la víctima, este indulto fue el único de España dado a un kamikaze en el que el condenado no había cumplido al menos la mitad de la condena. Su pena fue conmutada por el pago de 4.000 euros y el preso solo cumplió diez meses de cárcel de los trece años de condena.

La concesión de este indulto causó una enorme polémica y el Gobierno se vio en apuros para justificar la medida. Además, trascendió que un hijo del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, trabaja en el despacho de abogados de Uría y Menéndez que tramitó la petición de la medida de gracia. El abogado que defendió al kamikaze fue Esteban Astarloa, hermano del diputado popular, Ignacio Astarloa.

Tanto desde el Ministerio, como por el propio ministro, se explicó reiteradamente que el hijo de Gallardón no tuvo ninguna relación con el indulto al conductor kamikaze, que no estaba en España cuando se produjo la tramitación y además trabaja en el área Mercantil del bufete, no en Penal.

Las explicaciones se produjeron después de que el PSOE solicitara a la Fiscalía que investigase si se había producido tráfico de influencias en la concesión de la prerrogativa y considerara que Gallardón se debería haber abstenido en la decisión sobre este kamikaze que provocó, además, contusiones, fractura y heridas en la pareja de 21 años del joven fallecido.