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La Junta dio 1,7 millones a la CEA para VPO conociendo su insolvencia

La Fiscalía de Delitos Económicos alega desfases presupuestarios en la obra de más de 12 millones de euros.

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Es la denuncia que hacen los afectados por la paralización de la promoción de 583 viviendas protegidas que promueve la Confederación de Empresarios de Andalucía que preside Santiago Herrero León. La Junta de Andalucía subvencionó con 1,7 millones de euros la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa —gestora del proyecto participada al 100% por la patronal y en la que Herrero es patrón fundador— a sabiendas de la insolvencia de esta institución.

Según José María Ruiz, presidente de la Asociación denunciante Isbylia, "Nos reunimos en otoño de 2011 en la Consejería de Vivienda con su entonces secretario general, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis; el director territorial de Caja Madrid, Antonio Soto; el director de la asesoría jurídica de la CEA, Jaime Artillo; y con el consejero delegado de Dolmen, Antonio González Lara, así como con Miguel del Pino (expresidente socialista de la Diputación de Sevilla vinculado a la CEA y a Dolmen).

Los afectados ya habían presentado la primera denuncia por la paralización de las obras. "Trataron de tranquilizarnos afirmando que con una ayuda pública que recibiría la fundación por parte de la Junta se podría solucionar".

Y hubo ayuda pública pero las viviendas no se construyeron. Sólo tres meses antes de que terminara el plazo para obtener la calificación definitiva de la Consejería de Vivienda, se concedieron 1,7 millones de euros a la Fundación de la CEA y ya era imposible que se cumplieran los plazos, algo que el gobierno andaluz conocía.

Pero, sorprendentemente, la ayuda no se publicó en el BOJA hasta dos años después de su concesión, el 14 de noviembre de 2013, cuando el Sareb (banco malo) ya había interpuesto una denuncia ante la Fiscalía de Delitos Económicos por diversos indicios de irregularidades en la promoción (entre ellas, un desfase de 12 millones en el presupuesto), expresa ABC.

"Sin la aquiescencia de los poderes públicos es imposible entender el problema", apunta José Verdugo, abogado de Isbylia. En 2012, cuando los afectados acamparon a las puertas del Palacio de San Telmo, hubo una nueva reunión con representantes de la Junta, la CEA y Dolmen. "Nos dijeron que estaban negociando con Sareb un nuevo crédito para buscar una solución, pero tras la denuncia del banco malo ahora sabemos que nos mintieron para que abandonáramos la acampada", lamenta el presidente de la asociación.


Condenado por competencia desleal

Lo destaca en su página web el grupo Morera&Vallejo, precisamente de actualidad estos días por haberse hecho cargo del hasta ahora diario socialista El Correo de Andalucía. En su web reproduce el texto de El Economista:

Howden Iberia, en la que el presidente de la CEA es consejero y presidente desde 2009, ejerció en 2006 actos de competencia desleal contra Morera&Vallejo, como un juzgado de primera instancia ya sentenció en mayo de 2011. La Audiencia, según un comunicado de Morera, considera probado la actuación constitutiva de competencia desleal derivada de la contratación por Howden (filial del grupo británico Hyperion) de José Manuel González como primer directivo de la compañía en España. González había venido trabajando en la correduría sevillana Morera&Vallejo, donde fue parte clave del desarrollo y crecimiento de la esta compañía que preside Antonio Morera.

En la sentencia de hace dos añós se imponía una indemnización de Howden a Morera de 1,7 millones de euros -una de las mayores en la historia del sector asegurador en España por ese delito-, cifra que la sentencia de la Audiencia ha rebajado hasta una cantidad inferior que la empresa demandante no ha precisado.

En paralelo, Morera ha emprendido otras acciones judiciales contra Howden y el propio José Manuel González, hoy consejero delegado de esta aseguradora, en las que les reclama tres millones de euros "como consecuencia de otros graves perjuicios causados por su desleal actuación".

La posición de Santiago Herrero es especialmente delicada tras la reciente aprobación del código ético de la CEOE , donde es uno de los vicepresidentes de la gran patronal española. En concreto, el apartado C del capítulo V de ese código, donde se regula que la Junta Directiva podrá suspender -y la Asamblea General apartar- de los cargos a los directivos de la CEOE incursos en un proceso penal en el que el Fiscal haya presentado escrito de acusación. Aunque este no es el caso, ya que no se trata de un proceso penal sino civil de carácter ordinario.

Sin embargo, el último párrafo de ese apartado señala:

"Idénticas medidas podrán adoptarse por la Junta Directiva, y en su caso por la Asamblea General, previo informe de la Comisión de Régimen Interno, respecto a cualquier persona afectada por este Código, cuya conducta personal desmerezca gravemente de la honestidad e integridad que todos están obligados a respetar, o vulnere gravemente las directrices de este Código".

El Economista ha consultado a CEOE sobre si este apartado es aplicable a la conducta de Herrero como presidente de una empresa doblemente condenada por competencia desleal, pese a lo cual la sigue presidiendo y sentándose en su consejo, y está esperando respuesta de la organización."

En España

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