La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo se ha posicionado de forma unánime en contra de que el Gobierno conceda el indulto al exjuez Baltasar Garzón, condenado en el año 2012 en sentencia firme a once años de inhabilitación por un delito de prevaricación en las 'escuchas del caso Gürtel'.
Los jueces del Alto Tribunal han emitido este martes un informe desfavorable en el que son claros y tajantes: ser juez central de instrucción de la Audiencia Nacional e intervenir en "asuntos de la mayor importancia no atribuye una posición de ventaja frente a una condena penal". Y menos para recibir una medida de gracia como el indulto.
La asociación de Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades (MEDEL) solicitó al Ministerio de Justicia que indultase al exjuez estrella alegando que Garzón no recibió una condena proporcionada y que el daño que pudo causar con la interceptación de las comunicaciones a imputados y sus letrados en la trama Gürtel fue irrelevante.
"No puede olvidarse que se declaró probado que había acordado una intervención de las comunicaciones entre imputados en situación de prisión preventiva y sus letrados defensores sin que contra éstos existieran indicios de ninguna clase respecto de una posible actividad delictiva", responde el Supremo.
Los magistrados contestan a MEDEL que sus argumentos no son válidos ya que "es claro que el Tribunal no entendió, como sostienen los solicitantes, que la condena resultara excesiva como consecuencia de una aplicación rigurosa de la ley, en atención al daño causado y a las circunstancias personales del reo".
Sin arrepentirse
En el informe, los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Joaquín Jiménez, Miguel Colmenero, Francisco Monterde y Juan Ramón Berdugo, rechazan que se reúnan las razones de "justicia, equidad o utilidad pública" que deben ser tenidas en cuenta por el Ejecutivo a la hora de conceder un indulto con el fin de evitar "supuestos de arbitrariedad en el ejercicio de la facultad de indultar".
En cuanto a las causas de utilidad pública la Sala añade que la posición de Garzón –asegurando que no ha cometido ningún delito pese a ser condenado en firme y expulsado de la Carrera Judicial- "cuestiona profundamente que pueda considerarse de utilidad pública la devolución de la condición de juez a quien sostiene que fue, y es, correcta aquella forma de proceder en una causa penal que fue calificada como constitutiva de un delito de prevaricación"
Asimismo, el Supremo recuerda que para ser beneficiario de la medida de gracia se debe evaluar la conducta del penado con posterioridad a la comisión del delito y, después de la sentencia. Sobre Baltasar Garzón los togados aseguran que no ha mostrado el más mínimo signo de arrepentimiento. "En el expediente no aparece, y tampoco le consta al Tribunal como hecho notorio, ningún signo de que el penado haya mostrado arrepentimiento, entendido como expresión del retorno voluntario al orden jurídico vulnerado con su acción delictiva, o que, siquiera, haya asumido de alguna forma reconocible la condena citada por el Tribunal Supremo".
El informe del Alto Tribunal se enviará al Ministerio de Alberto Ruiz Gallardón para que se incorpore al expediente del indulto a Garzón. La Fiscalía también se ha posicionado en contra del mismo.