El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha ensalzado este jueves en Melilla, donde se encuentra de visita oficial, la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que trabajan "al servicio" de los ciudadanos en "una labor que tiene mucho que ver con la libertad y el pleno disfrute de las libertades públicas que la Constitución reconoce a los españoles": "la seguridad".
"Sin seguridad no podemos hablar de libertad ni de ejercer derechos. Es condición previa y necesaria para que la libertad y los derechos se puedan ejercer en plenitud", ha señalado en ministro en una rueda de prensa en la que comparece junto al presidente de la ciudad autónoma de Melilla, Juan José Imbroda.
Durante su comparecencia ha dado cuenta de la visita que ha realizado a lo largo de la mañana en la ciudad autónoma, donde ha recorrido el perímetro fronterizo, se ha reunido con los mandos de la Policía Nacional y la Guardia Civil y ha visitado el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), una institución a cargo del Ministerio de Empleo y que acoge actualmente a 1.300 inmigrantes aunque su capacidad es de 480 plazas.
En la reunión con las fuerzas policiales, les ha trasladado su "reconocimiento y agradecimiento" porque, según ha dicho, "trabajan con dedicación, profesionalidad y abnegación" para "combatir uno de los principales problemas que tiene Melilla y por tanto España y, por tanto, la Unión Europea, la inmigración irregular".
En este contexto, ha recordado que se cumple un mes de la tragedia en la que 15 emigrantes perdieron la vida al tratar de llegar a nado a la playa ceutí de El Tarajal, y ha retomado el discurso que ya pronunciase el miércoles en su visita a Ceuta: "Acusar a la Guardia Civil en los términos en que se la ha acusado de tener algún tipo de responsabilidad en relación con estos dramáticos hechos es absolutamente injusto e inmoral".
Asimismo, ha reiterado su parecer sobre la necesidad de un pacto de Estado sobre inmigración en España y ha señalado que "no es coherente reclamar" en Europa que este asunto sea tratado "como política comunitaria" si "previamente" en España no hay unidad al respecto. Según ha señalado, la situación es similar a la de la crisis de las vallas de 2005 y 2006 y requiere ser abordada como política de Estado.