Las víctimas del terrorismo solicitaron a la Audiencia Nacional información sobre los datos existentes de los más de 300 asesinatos de la organización terrorista ETA que todavía están pendientes de esclarecer. Los miembros del tribunal se pusieron a la tarea y revisando uno por uno los datos sobre estos asesinatos descubrieron que sobre uno de ellos había suficientes datos como para apuntar a que la autoría del mismo podría haber correspondido a Bolinaga.
Es así como se ha reabierto la causa por el asesinato en Mondragón en junio de 1986 del guardia civil Antonio Ramos Ramírez, al encontrarse un informe del Instituto Armado, que estuvo en poder del exmagistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón desde el año 1998 y que, sin conocerse las causas, nunca llegó al juzgado donde está abierta la causa por el asesinato del agente.
Este hecho hará que el terrorista de ETA Josu Uribetxeberría Bolinaga vuelva a sentarse en un banquillo.
Este estudio elaborado por los miembros de la Audiencia Nacional fueron utilizados por el presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, para realizar un artículo en la revista de la Fundación Víctimas del Terrorismo, la entidad que actualmente preside María del Mar Blanco, en la que se asegura que el terrorista ahora en libertad por un cáncer podría esclarecer hasta una decena de esos asesinatos que todavía están sin resolver.
Además del asesinato del agente Ramos Ramírez, también podría ayudar a aclarar otros cuatro asesinatos que todavía no están prescritos, y que son los del policía nacional Modesto Rico Pasarín (asesinado en Bilbao el 17 de febrero de 1997), el del empresario Francisco Arratibel Fuentes (cometido en Tolosa el 11 de febrero de 1997), y los de los dos ertzainas Ignacio Mendiluce Etxeberri y José Luis gonzález Villanueva (en Isasondo el 10 de diciembre de 195)
Por otro lado, aunque ya están prescritos, también podría facilitar información clave sobre los atentados que acabaron con la vida de Juvenal Villafañe García (asesinado en Andoain el 16 de septiembre de 1993), los de los dos guardias civiles Ignacio Mateu Istúriz y Adrián González Revilla (entre Arechavaleta y Ordicia el 26 de julio de 1986), el de Alejandro Sáenz Sánchez (el 30 de diciembre de 1985 en Lasarte), y el del guardia civil José Expósito Afán (asesinado el Eibar el 4 de agosto de 1985).