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La Fiscalía ve indicios de delito en las irregularidades de la formación

La Fiscalía ha dictado un informe en el que da por concluidas las pesquisas que abrió de oficio, tras conocer el documento de la Cámara de Cuentas.

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La Fiscalía Superior de Andalucía, que dirige Jesús García Calderón, ha asumido la tesis policial de la Operación EDU y encuentra indicios de delito en las irregularidades detectadas por la Cámara de Cuentas andaluza al fiscalizar las subvenciones millonarias concedidas por el Servicio Andaluz de Empleo -SAE- de la Junta para los cursos de formación profesional para el empleo en los años 2009 y 2010. Lo que para el PSOE y para la Junta era un "bulo" del PP y un ataque a Andalucía, ya son hechos constitutivos de delitos.

En aquel informe, la Cámara de Cuentas expuso textualmente que las irregularidades encontradas podrían derivar en responsabilidades administrativas y contables, pero no consignó en ningún momento el término "penal".

Ahora, subraya El País, la Fiscalía considera que las irregularidades contables detectadas en los cursos de formación se traducirán previsiblemente en ilícitos penales. Su fundamento está en los informes de la policía judicial adscrita a la fiscalía. Estas conclusiones han sido enviadas a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, las fiscalías de Sevilla y Málaga, y la Junta de Andalucía.

Nada más tener constancia de los primeros hechos, el fiscal superior, Jesús García Calderón, ordenó a su policía adscrita que analizara el contenido del duro informe de fiscalización emitido por la Cámara de Cuentas el pasado enero, que censuraba que el 89% de las ayudas concedidas solo en 2009 se hicieran sin "concurrencia competitiva", como exige la ley. Y ahora la policía determina que la gravedad y persistencia de los indicios recabados apuntan a que presentan relevancia penal.

Tras la operación EDU, que investigan la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal -Udef- de Policía Nacional y la Fiscalía de Málaga, un informe de la Fiscalía Superior da por concluidas las pesquisas que abrió de oficio, tras conocer el demoledor documento de la Cámara de Cuentas presentado el pasado enero, en el que se alertaba sobre el agujero de 48,8 millones de euros en subvenciones sin justificar recibidas por la Fundación Pública Andaluza Fondo de Formación y Empleo -Faffe-.

Destaca El Mundo que el fiscal avisa sobre este asunto y pide que se aclare en sede judicial cómo es posible que haya finalizado el plazo para justificar dos subvenciones de la Junta por valor de casi 50 millones de euros "sin que haya documentación justificativa". Tampoco comprende el fiscal cómo la Junta exoneró de acreditar subvenciones a 844 beneficiarios entre 2009 y 2010 que recibieron 297,14 millones. Aunque liberar a alguna entidad del deber de acreditar el uso del dinero público es excepcional, la Junta lo hizo en general. De hecho, año tras año empresas, Diputaciones y Ayuntamientos solicitaban impartir nuevos cursos, pese a que la Junta no había comprobado que el gasto de los ya impartidos antes estaba justificado por completo.

La Fiscalía se refiere expresamente a la fundación pública Faffe que acumuló subvenciones por 50 millones y que desapareció sin haberlas justificado. El Servicio Andaluz de Empleo -SAE- terminó gestionando los propios fondos que poco antes había concedido a la Fundación, cosa que la Fiscalía pide sea aclarada.

Una de las pesquisas que indica el fiscal deberían ser seguidas es identificar a las empresas o sindicatos que se hayan beneficiado de estas exoneraciones no sólo en la operación Edu sino asimismo en las investigaciones sobre cursos de formación de los jueces de Sevilla Mercedes Alaya, que investiga algunos relativos a CCOO y UGT y Juan Jesús García Vélez, que lleva el caso de las facturas falsas de de UGT.

Contrasta la determinación y claridad del fiscal andaluz con la falta de transparencia de una Junta de Andalucía que admite haber revisado solo 1.728 expedientes de los 8.505 existentes desde 2007, habiendo encontrado sólo un fraude de un millón de euros.

Dado que el decreto de la Fiscalía ha sido enviado a las ocho fiscalías provinciales, es posible que se pongan en marcha más investigaciones dadas las denuncias ya existentes ante las fiscalías y los juzgados andaluces.

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