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El PSOE no tiene fecha para registrar su reforma constitucional en el Congreso

Según fuentes socialistas, iniciarán "el debate y las conversaciones con los partidos en septiembre" de cara a convocar la ponencia.

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El inicio del curso político tendrá irremediablemente su epicentro en Cataluña y la consulta soberanista de Artur Mas. Y el PSOE sigue creyendo que el mejor antídoto al desafío independentista es su reforma constitucional de corte federal. Por ello, en el inicio del nuevo periodo de sesiones, comenzarán a abrir el debate con una ronda de contactos con los grupos parlamentarios a quienes presentarán las líneas básicas de su propuesta, según informan fuentes de la dirección federal.

Sin embargo, la propuesta no será registrada en el Congreso de los Diputados... todavía. No hay fecha, según las mismas fuentes, para que eso ocurra, como tampoco la hay para solicitar formalmente la convocatoria de la ponencia de la Comisión Constitucional encargada de la reforma.

Abrirán el debate, sí. Pero no forzarán una ofensiva para que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, -con quien Pedro Sánchez se reunió el pasado 28 de julio-, se decida a abrir una puerta que ya está entreabierta entre los suyos. A destacar los informes encargados por el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, antes del periodo estival.

Según explicó el propio secretario de Organización del PSOE, César Luena, en una entrevista a Europa Press, la iniciativa de reforma constitucional socialista no se registrará en el Congreso hasta comprobar que pueda ser "útil" y tenga la posibilidad "de abrirse camino y de tener éxito". "Lo haremos cuando sea útil. Nosotros no queremos golpes de efecto. Registrar una solicitud o una propuesta cuesta muy poco en el Congreso; ahora, alcanzar una posición favorable a ese debate de disposición de una mayoría para debatir cada uno con sus posiciones, con la voluntad de llegar a un acuerdo, es algo que cuesta más".

Lo que quieren los socialistas es que pisar sobre el terreno firme "abriendo un periodo de diálogo", coincidiendo con la Díada catalana el 11 de septiembre, ocho días después de la reunión que mantendrá el líder Pedro Sánchez con Artur Mas el 3 de septiembre en Barcelona, y con el objetivo último de proyectar una imagen de mano tendida, de solución a un conflicto territorial que marcará el otoño caliente de 2014.

Así las cosas, con la ronda de contactos, la posterior convocatoria de la ponencia y el registro de su reforma constitucional, los socialistas liderarían unas conversaciones en el Parlamento nacional, sin que se hable tanto de las discrepancias que todavía mantienen con su partido hermano, el PSC, y su nuevo líder, Miquel Iceta, sobre el derecho a decidir y la convocatoria de una consulta "legal y pactada" en Cataluña.

Comunicado de Pradas

De ahí, el comunicado publicado este miércoles por el secretario de Política Federal del PSOE, Antonio Pradas, quien fijó en septiembre el inicio de las conversaciones parlamentarias para fijar "un consenso básico" en el blindaje del Estado de bienestar y la evolución del Estado autonómico hacia uno federal.

Texto en el que, al margen del modelo federal, se abre el abanico de los temas a tratar: desde garantizar la sanidad pública como un derecho fundamental, para impedir "por la vía de la garantía constitucional" que gobiernos como el actual "cercenen y desmantelen" los servicios públicos-, hasta la necesidad de transformar el Senado para que sea "una verdadera cámara de representación territorial", o la instancia al Gobierno "a que reforme el actual modelo de financiación autonómica de acuerdo con el deseo expresado en la Conferencia de Presidentes".

Para Pradas, es la hora de que la Constitución "incorpore la experiencia autonómica de los últimos 35 años" con el objetivo de "corregir disfunciones y duplicidades" y de "garantizar la suficiencia financiera para prestar los servicios a la ciudadanía en régimen de igualdad en todo el territorio del Estado". Pero deja claro en su comunicado, que la reforma de la ley electoral propuesta por Rajoy es "una aberración política" porque el PP y el Gobierno "modifican las reglas del juego para conseguir ventajas electorales".

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