La magistrada del Tribunal Supremo Margarita Robles ha explicado este miércoles en Es la tarde de Dieter que tiene una "enorme confianza" en que la Administracion de Justicia llegue hasta el final en la investigación a la familia Pujol.
En este sentido, la juez ha recalcado que los jueces españoles tienen "faltan de medios" a la hora de investigar macrocausas a la par que ha reprochado al ministro Cristóbal Montoro que ayer, durante su comparecencia en el Congreso, numerara los delitos que puede haber tras el caso Pujol: "No creo que deba decir alguien de la Administración que aquí haya muchos o pocos delitos. Si usted cree eso, vaya al juez y dele los medios necesarios para que investiguen los hechos en un tiempo óptimo".
Las investigaciones de Hacienda a los Pujol, según dijo Montoro este martes en la Cámara Baja, se iniciaron entre 2000 y 2002, es decir, en su anterior etapa en el cargo con el Gobierno de José María Aznar. Robles ha declarado que escuchar al ministro sostener que desde el año 2002 "parece que hay apareciencia de algo" -en referencia al presunto fraude fiscal de la familia Pujol- y que todavía no se ha puesto en conocimiento de los tribunal es de justicia es algo que le produce "miedo".
Sobre el archivo de la causa contra el expresidente catalán Jordi Pujol por el caso de la Banca Catalana, Robles ha subrayado que "quizás" el sistema de justicia falló en este caso. Ella fue uno de los ocho magistrados que en 1986 votó en contra de ese archivo.
Durante la entrrevista, la miembro de Supremo ha señalado que "el tiempo pone las cosas en su sitio" y que aunque el exlíder de CIU "ha tardado 30 años" al final "la verdad" ha salido a la luz en referencia a la confesión realizada este verano por el propio Jordi Pujol señalando que tenía dinero negro en el extranjero.
La magistrada ha realizado una reflexión en voz alta al señalar que siempre te queda una "cierta amargura" al pensar que si nosotros en su momento hubiéramos adoptado otra decisión "quizás la historia hubiera sido distinta".
Treinta y tres de los 41 magistrados que en aquel entonces formaban el pleno de la ya desaparecida audiencia territorial de Barcelona votaron que no había indicios de delito y criminalidad para continuar con el procedimiento por la descapitalización de la Banca Catalana; un hecho que la entrevistada ha calificado como un "archivo prematuro".
Asimismo, Robles ha señalado que esa decisión fue fruto de "un debate puramente jurídico" llevado a cabo a través de una deliberación "serena" y donde los ocho jueces discrepantes defendieron que se debía dictar un ajuto de procesamiento contra Pujol.
Los ochos redactaron un voto particular conjunto "que apenas quedo reflejado en la hemeroteca de la época", explicó Robles. Además, la magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha resaltado que desde el punto de vista social en aquellos momentos se fue "muy crítico" con los jueces discrepantes a los que se acusó de abrir "un proceso a Cataluña" o formular un voto "ideológico".
Por último, la juez ha querido defender a capa y espada el papel que desempeñaron los fiscales del caso Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena quienes ha dicho sufrieron presiones y amenazas personales y familiares por investigar esta causa.