Tal día como hoy, 16 de septiembre, pero de 2012, Libertad Digital contaba en su portada la anécdota que se produjo durante la campaña electoral de Barack Obama. Estaba previsto que el presidente de los Estados Unidos hiciera un par de llamadas a dos voluntarios ante las cámaras. Uno de sus ayudantes le dio su iPhone personal para que hiciera las llamadas, Obama no fue capaz de llamar. Después de un rato intentándolo, se excusó: "Puede hacer esto. Es que todavía tengo Blackberry". Al final, cuando consiguió hacer la llamada, culpó a su ayudante por no tener un contrato en el móvil que le permitiera hacer la llamada.
Esta anécdota no decía mucho a favor de la capacidad tecnológica del presidente a pesar de que él mismo trató de ridiculizar a sus adversarios políticos atacándoles en ese aspecto. Así pasó en la campaña presidencial de 2008 cuando acusó a John McCain de no ser capaz de enviar un correo electrónico, lo que le incapacitaba, según Obama, para ser presidente. Sin embargo, el problema de McCain era que físicamente era incapaz de manejar un ordenador debido a problemas con la movilidad reducida de sus brazos tras las torturas que sufrió por parte del Vietcong en la guerra de Vietnam.
Un año más tarde se supo que Obama no tenía un iPhone por "razones de seguridad", aunque sí que usaba el iPad de la misma empresa. De hecho, Apple fue una de las varias compañías de tecnología que permitieron, por mandato legal, que la Agencia de Seguridad Nacional tuviera acceso directo a los servidores que contienen datos de los clientes.
Al respecto, los CEOs de AOL, Apple, Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft, Twitter y Yahoo firmaron una petición para que el presidente Obama y el Congreso de Estados Unidos hicieran una reforma en sus prácticas de vigilancia. Con esta alianza querían protestar de forma abierta y formal contra los programas de espionaje y monitorización masiva que la NSA llevaba efectuando desde hace años.
Esa petición constaba de cinco puntos que tenían que tenerse en cuenta en la reforma de la vigilancia: limitar la autoridad del gobierno para recolectar información de los usuarios; la supervisión u rendición de cuentas; la transparencia sobre las demandas del gobierno; el respeto al libre flujo de la información y evitar conflictos entre gobiernos.