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El control de las radios

"La gente vota sentimientos conocidos y arraigados, no argumentos".

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La radio y la televisión iban a tener y tienen una gran importancia en el esquema propagandístico del PSOE en el que más que ideas lo que se transmiten son emociones y prejuicios adquiridos. Incluso un ex ministro de Zapatero, Jordi Sevilla, lo explicó con gran claridad y concisión: "La gente vota sentimientos conocidos y arraigados, no argumentos".

Las radios "libres", ilegales y de izquierda

La experiencia de la transición fue decisiva. Si en 1975, los oyentes españoles de la radio se cifraban en 7,5 millones, en 1981 eran ya el doble y en 1991, alcanzaban ya los 17 millones. Por ello, antes de llegar al poder en España y en Andalucía, tras su victoria en las primeras elecciones municipales de 1979, el PSOE, apoyado por el PCE y otros náufragos del barco comunista, dedicó parte de sus esfuerzos a crear radios ilegales o alegales (medio que inventaron), propagadas como "radios libres" (que no pagaban derechos de autor a nadie), de  izquierda naturalmente.

La táctica fue montar radios de izquierda i-a legales, donde no las había, bien para apoyo de los gobiernos municipales que ya dirigían, bien para acosar a los gobiernos municipales de UCD y AP donde gobernaban y, claro está, para preparar la llegada del PSOE o coalición de izquierdas a La Moncloa.

El PSOE siguió defendiendo a las "piratas" según su interés y lo hizo incluso en sede parlamentaria. En 1984, el consejero de Gobernación de la Junta de Andalucía, admitía la existencia de más de 25 emisoras de radio que emitían ilegalmente. ABC demostró que había 45, un 26% de las estaciones de radio legales(33 de onda media y 92 de FM).

Pero, claro, la cadena SER, cuando fue controlada por PRISA, empezó a denunciar la proliferación de radios pirata por perjudicar sus intereses comerciales. Inmediatamente, el PSOE las consideró "radios perseguibles" en sólo unos años.

Comienza el partidismo en las licencias

Pero en 1982, era el PSOE quien debía conceder las licencias legales de radio desde el gobierno de la Junta de Andalucía, pero con su actitud habitual ante la legalidad "burguesa", no se actuó contra las radios "libres" cuando convenía al PSOE no hacerlo, algo que denunció el ex ministro del PP, Miguel Arias Cañete en 1985.

EL PSOE concedió 37 licencias nuevas de radio 21 días después de llegar al gobierno de la Junta en 1982. 19 fueron para empresas radiofónicas y 18 para particulares, empresas y dos ayuntamientos socialistas. Como denunció la oposición y reconoció el propio PSOE, 12 de ellas fueran a parar a testaferros ligados al socialismo andaluz.

En un principio estas licencias debían servir para formar una cadena afín al PSOE pero el resultado final fue que estas 12 frecuencias se integraron en la Rueda Rato a cambio de una cantidad de dinero que pasó a controlar un testaferro del PSOE, Emilio Martín, conocido por su participación en otras operaciones encabezadas por dirigentes socialistas y relacionadas con la prensa, como ya expusimos ayer. Así pues, las beneficiarias de este primer concurso terminaron siendo las grandes cadenas nacionales que pasaron a controlar 28 de las 37 licencias.

El proceso de concesión de emisoras siguió, como veremos, con la normativa de 1989 que sirvió de base a la dominación socialista de las radios.

La Operación Arco Iris se puso en marcha en 1989 al amparo del Plan Técnico de 1989. La "Operación Arco Iris" fue dirigida por altos cargos del PSOE y del gobierno de Felipe González y afectó a todas los territorios donde el PSOE gobernaba. Al gobierno andaluz le correspondió repartir 66 frecuencias. Una cuarta parte –16– fue adjudicada directamente a las cadenas nacionales y el resto fue para particulares y pequeñas empresas. En cuanto a las licencias concedidas de forma directa a las cadenas nacionales, casi la mitad –7– fue para la cadena SER; la Rueda Rato recibió 4; Antena 3 obtuvo 3 y la COPE, sólo 2.

De las otras 50 licencias, la mitad prácticamente fue para quienes formaban parte de la "Operación Arco Iris" y el resto fue para empresas en las que participaban ayuntamientos o para beneficiarios que contaban con buenos contactos en las distintas Administraciones y que luego entregaban la frecuencia al mejor postor salvo un escaso número de adjudicatarios que se calificaban a sí mismos como excepciones admitidas para demostrar "pluralismo".

La primera gran denuncia de estas operaciones partidistas sobre el control de la radio fue formulada por el PP. La Junta de Andalucía había concedido desde 1984 a 1999 licencias de radio de forma directa a grupos y empresas vinculadas al PSOE y, en especial, al empresario Emilio Martín García, Una red de personas interpuestas y empresas fantasmas que participaban en un proceso «amañado» de concesión de emisoras de radio concluyó en el acaparamiento de licencias por parte de grupos mediáticos relacionados con Prensa Sur, el grupo mediático de Martín, y, por tanto, con el PSOE.

Según el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, el entramado había estado dirigido por el ex consejero de Presidencia de la Junta y hoy secretario de Estado, Gaspar Zarrías, entonces borbollista y pata esencial de la "mesa camilla" socialista donde se fraguaban las decisiones. PP e IU exigieron inútilmente responsabilidades políticas por este asunto y el PSOE, una vez más, se negó a aceptar la creación de una comisión de investigación en el Parlamento andaluz.

En la tercera ampliación del mapa radiofónico de 2004, aún con gobierno del PP, el gobierno andaluz repartió 27 licencias. Unión Radio se hizo con 5 licencias; una filial del grupo Planeta obtuvo 4; Vocento consiguió 2; otras 2 fueron para Radio Amanecer –ligada al grupo Zeta– y recibieron 1 la familia Joly – editora de varios diarios en Andalucía–, la productora audiovisual Mediasur, filial de Mediapro, y el grupo Recoletos.  Las demás concesiones fueron para empresas de carácter local, casi todas con experiencia en el negocio radiofónico y todas asociadas ya con grupos nacionales, la inmensa mayoría con la cadena SER.

Pagos por espacios en radios "amigas" desde 1985

Cuando no podía obtener directamente emisoras, el PSOE y la Junta aportaban dinero a las emisoras "comprando" espacios en antenas sobre todo en la Cadena SER para difundir su propaganda con dinero público. En 1985, el entonces diputado democristiano, Carlos Rosado Cobián, luego pontífice del oficialismo socialista en materia de televisión y representante durante años del clan de las productoras "pata negra", lo criticó pero Felipe Alcaraz, de IU, calificó el acuerdo Junta-SER de "desatino y barrabasada" y pidió la dimisión del director general de Medios de Comunicación, Salvador Domínguez, luego primer director general de la RVTA y Canal Sur.

En 2002, las frecuencias disponibles ascendieron a 26, contando la Comunidad Autónoma con un total de 354, de las que 135 eran comerciales y el resto dependían de los ayuntamientos, la mayoría de ellos, como es sabido en manos del PSOE, lo que daba apariencia de legalidad a una operación de poder mediático. Junto a los dos modelos de emisoras de FM, municipales y comerciales, surgió una nueva, la radio de carácter cultural destinada a ser concedida a los "progresistas" de diverso pelaje. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 30 de julio de 2002 publicó una orden para la renovación y adecuación de las licencias de 93 emisoras comerciales.

La SER y el régimen socialista

Tras su incorporación al grupo Prisa con la ayuda inestimable del gobierno socialista de 1982 que disponía, no se olvide, del 25 por ciento de su capital, la cadena SER comenzaría a ser favorecida amplia y sistemáticamente en Andalucía de tal forma que en 1989, cuatro años después de ser "ocupada" por Jesús de Polanco y su núcleo dirigente, era con diferencia la primera emisora de Andalucía y puesta al servicio general del PSOE.

Hay una cifra contundente. En 1977 la SER tenía 6 emisoras en Andalucía, ni siquiera una por provincia. En 1997, tenía 82, más de 10 por provincia. Si en 1989 tenía tres grandes competidoras privadas: la COPE, Rueda Rato y Antena 3, poco después ya sólo quedaba la COPE tras la compra de Rueda Rato por el lobby entonces "amigo" de la ONCE y el antenicidio por el cual el grupo Prisa se hizo con las emisoras de Antena 3 Radio.

El día 1 de agosto de 1989, en plena etapa vacacional para evitar críticas desmedidas, se hacía público el reparto de emisoras de FM realizado por la Junta de Andalucía. Tras las concesiones efectuadas, la Cadena SER se erigía como la primera cadena comercial en Andalucía, con un total de 43 emisoras (tanto de onda media, 14, como de frecuencia modulada, 29), seguida por la Cadena Rueda Rato, que disponía de 28 emisoras – 26 de FM -, repartidas por toda la geografía andaluza. Más atrás ya estaban la Cope, con un total de 19 emisoras y Antena-3 con trece. Otros concesionarios, casi siempre vinculados al PSOE, vendieron sus emisoras a la SER. El entonces director general de la Cope, José Andrés Hernández  "las numerosas empresas que están vendiendo o realizando acuerdos de asociación con otras cadenas, incurren en un incumplimiento grave de la ley".

Si se tiene en cuenta el destino de la cadena Rato, propiedad de Ramón Rato, padre del ex vicepresidente del gobierno, Rodrigo Rato, y el trágico final de la Antena 3 originaria de Antonio Herrero, se comprenderá cómo la SER ha podido llegar a constituirse en la emisora más influyente de Andalucía. En Andalucía, la desaparición de Antena 3 y su "ocupación" por el grupo Prisa significó el poder casi omnímodo del PSOE y sus amigos en la radio privada y la presencia absoluta y sin recato en la radio pública constituida a final de la década de los 80, Canal Sur Radio.

Las radios municipales

Bajo la apariencia democrática de la fórmula "una emisora por ayuntamiento" se escondía la realidad del poder socialista que, debido a la concesión de emisoras municipales y sumando este nuevo elemento a los ya relatados, se convertía en el rey y señor de las radios.

El Consejo de Gobierno de la Junta a finales de 1994 concedió veintidós emisoras de radiodifusión sonora con modulación de frecuencia a otras tantas Corporaciones Locales de la Comunidad lo que reforzaba la infraestructura electoral del PSOE ante la campaña de las municipales de 1995 que presentía ya el ascenso político del PP. El partidismo de la operación fue tal que fue Almería, la provincia más penetrada por el PP, la que recibió más emisoras, 16 de las 22. Los Ayuntamientos almerienses receptores de estas licencias, casi todos con equipo de Gobierno socialista, fueron los de Alboloduy, Alcudia de Monteagud, Alhabia, Alicún, Alsodux, Beires, Benizalón, Huécija, lllar, Instinción, Lucainena de las Torres, Rágol, Santa Cruz, Terque, Turrillas y Uleila del Campo. Igual ocurrió en las demás provincias.

Si a esto unimos el poder discrecional de los organismos públicos de la Junta, las Diputaciones y la mayoría de los Ayuntamientos, casi todos ellos en manos del PSOE durante casi 25 años. a la hora de contratar la publicidad institucional de cada ente correspondiente, podremos imaginar la presión que las emisoras andaluzas privadas pudieron sufrir del PSOE.


Conclusión

La situación de influencia radiofónica en Andalucía en 2011 era la siguiente, según la investigación propia realizada en Libertad Digital:

a) Oyentes que escuchan noticias e informaciones elaborados por emisoras "filosocialistas" tanto públicas como privadas: 2,7 millones sobre un total de 3,4 millones de oyentes. Dicho de otro modo, el 80 por ciento de la audiencia andaluza de la radio sufre la influencia filosocialista. Cuatro de cada cinco oyentes andaluces de radio está sometido a las influencias filosocialistas.

b) Suponiendo que las demás emisoras fueran simpatizantes del centro derecha y/o el PP, que no es el caso, sólo podrían influir de hecho en el 20 por ciento restante de los oyentes.

La serie completa:

I La ocupación de la Administración

II La ocupación de la administración local

III Externalización, administración paralela y libre designación

IV Subvenciones, contrataciones, sector público

V La ocupación de las Cajas de Ahorro

VI Complicidad y dependencia de CEA, UGT y CCOO

VII Control de la publicidad institucional y de la prensa escrita

En España

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