Manuel Chaves mantuvo en su declaración ante la Comisión de Investigación de hace casi tres años, su famosa teoría de los "cuatro golfos", como definió meses atrás, e hizo una defensa a ultranza de la legalidad del procedimiento de los fondos conocidos como partida 31L o "fondo de reptiles". El procedimiento, segeún él y luego José Antonio Griñán, era legal, algo de lo que discrepan notoriamente la juez Alaya, los interventores del Estado y el ex Interventor de la Junta, Manuel Gómez. Eso sí, su utilización no lo fuera siempre, vino a decir en la comisión de investigación en el parlamento andaluz. Hbará que ver si mantiene lo dicho ante el Tribunal Supremo esta mañana.
Chaves defendió que ni siquiera el interventor consideró ilegal el procedimiento ni hizo el informe de actuación. Según Chaves, la coincidencia de personas vinculadas al PSOE en las actuaciones judiciales, la presencia de intrusos vinculados a familiares del PSOE, ayudas a empresas amigas, a zonas de influencia socialista, etcétera, fueron actos aislados. Además, se enteró de los ERE por la prensa.
Izquierda Unida ironizó diciendo que por lo visto "reinaba, pero no gobernaba". El PP, aludiendo a la arbitrariedad del procedimiento, dijo: "¿Qué divinidad le ungió a usted, señor Chaves, para decidir a quién iban o no las ayudas a empresas y trabajadores? ¿Por qué las empresas no podían solicitar estos fondos? ¿Por qué no se publicaron en el BOJA?" De todas estas interioridades, Manuel Chaves dijo que se enteró por la prensa y últimamente, por la Comisión de Investigación.
Chaves llegó a reconocer incluso la excesiva discrecionalidad del procedimiento, pero defendió a ultranza su legalidad. Incluso llegó a decir que, de haberlo conocido, no lo habría consentido.
Manuel Chaves, que tuvo un magnífico acto fallido cuando habló de "problemas 31L" en lugar de "programa 31L", también dijo que la expresión 'fondo de reptiles', aplicada al caso de los ERE por el ex director general Javier Guerrero, sólo puede ser producto de "una mente perversa".
Manuel Chaves se refirió al interventor y a su papel y a la Cámara de Cuentas, a la que veladamente responsabilizó también, En respuesta a la diputada de IU, Alba Doblas, y en clara referencia al interventor, dijo que hay bomberos que no avisan cuando ven un fuego. Luego aclaró que no había habido advertencia alguna de ilegalidad por parte de los organismos de control, a pesar de las 15 veces en que el aviso de Intervención se produjo.
El expresidente andaluz aseguró que siempre confió en que los departamentos de su administración realizaban los trabajos dentro de la legalidad y apuntó a la Consejería de Empleo como la responsable de la ejecución del programa 31L.
Pero, por tanto, no supo explicar por qué aquella supuesta legalidad se convirtió en ilegalidad hasta el punto de que en los Boletines Oficiales de la Junta se declaraban nulas algunas de estas ayudas. La pregunta del PP fue bien concreta: "¿Cree usted que un procedimiento con publicidad, con control por parte de la Intervención y sin arbitrariedad habría evitado el fraude de los ERE y las ayudas?". Manuel Chaves respondió que no podía responder a una hipótesis como esa y volvió a insistir en que todos los procedimientos de la Junta de Andalucía, incluso este, tenían los controles debidos y eran legales.
En su comparecencia, Chaves también acusó al PP de utilizar una estrategia política para generalizar la corrupción en el Gobierno andaluz con el objetivo de "dañar la imagen de Andalucía".
El socialista atribuyó al PP la intención de "abrir una causa general" partiendo de casos concretos, en referencia a cómo se otorgaron parte de las ayudas sociolaborales a empresas y trabajadores con cargo a la partida 31L. Chaves subrayó que entendía que al PP le costara mucho el hecho de estar "treinta años sin ganar unas elecciones y que, cuando consideran que pueden gobernar, no gobiernan".