El TSJA ha dictado el pasado día 29 de abril el primer fallo firme que confirma que la Junta debe aportar al Sindicato Andaluz de Funcionarios los contratos de externos y los listados de efectivos reales. El fallo es consecuencia de la apelación que hizo la Junta para no cumplir la sentencia en vigor. La Junta se ha negado siempre a facilitar información sobre la administración paralela y los externos contratados, colectivo donde hay serios indicios que trabajan numerosos familiares y simpatizantes o afiliados del PSOE, IU, CC.OO y UGT.
Con este fallo, se pone la primera piedra del nuevo escándalo que asolará Andalucía tras los ERE y los cursos de Formación: la colocación a dedo sin prueba oficial de personas afines a quienes gobiernan en la Junta de Andalucía.
Ahora, la Sala de lo Contencioso Administrativo Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), sección primera con sede en Sevilla, da la razón al Sindicato Andaluz de Funcionarios y resuelve en firme que la Administración de la Junta de Andalucía, que condena en costas, no ha cumplido con la obligación de entregar la documentación requerida sobre personal externo.
Se trata de la primera sentencia firme del TSJA tras la demanda ejecutoria de SAF de un sinfín de fallos definitivos anteriores que la Administración incumplía al no facilitar al Sindicato toda la documentación sobre el personal externo.
Concretamente, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 7 de Sevilla dictó un auto de ejecución, que ahora confirma el TSJA en esta pionera sentencia firme, en el que acordaba que "la documentación facilitada por la administración no está completa y no cumple el fallo de la sentencia". Sentencia que era firme pero que la Administración no ejecutaba, como tantas otras innumerables en este sentido.
El TSJA advierte a la Administración que debe aportar a SAF "copia de todos los contratos que amparan la presencia de personal externo en el Centro de Trabajo, con especificación de las funciones que desarrolla el citado personal", "copia de los contratos concertados con personal externo referenciado", "listado de personal externo que dispone o tiene acceso a claves privadas", "relación de plazas vacantes y desdotadas existentes" y "listado de efectivos reales".
A pesar de escudarse nuevamente en la Ley de Protección de Datos para no facilitar la documentación a SAF, el TSJA insiste que la información solicitada por el Sindicato es ineludible para "permitir el ejercicio del derecho a la libertad sindical en su vertiente colectiva, cuando dicha información es necesaria para la defensa de los intereses colectivos de sus afiliados". Y continúa, "para evitar entre otras cosas que las funciones propias y reservadas por la ley a los mismos, sean desempeñadas por personal que carece de la condición de funcionario público".
El Alto Tribunal andaluz concluye que "no se entiende esta contumaz conducta, a no ser que se quiera ocultar una realidad denunciada una y otra vez por el Sindicato de Funcionarios, colectivo, que está viendo mermadas sus posibilidades de carrera profesional, de acceso a determinadas plazas y cuyas funciones están siendo asumidas por personal externo y contratado laboral que ejercen incluso potestades públicas reservadas por el Estatuto Básico en el artículo 9 al personal funcionario".
SAF insiste en no entender la insistente negativa de la Administración a facilitar la información requerida, ignorando la transparencia y arrastrando interminables dilaciones jurídicas que suponen considerables gastos para los ciudadanos.