Todo gira en torno al control de las macrocausas acumuladas en el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla y en la batalla política subyacente. Por un lado, la juez Alaya quiere seguir con sus casos estrella y parece, cada vez más, que su sustituta no lo acepta. Si hay piezas oscuras en este juego relacionadas con la imputación de altos cargos de la Junta de Andalucía, no tardará en saberse.
Lo cierto es que tanto la juez Alaya, la titular hace hace muy poco tiempo, como su sustituta, María Núñez Bolaños, se han mostrado contrarias al plan de actuación que la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) aprobó en su reunión del pasado 23 de junio. Recuérdese que en ese plan, contra el criterio de la sustituta, se confió a Alaya el caso de los ERE y el delito societario de Mercasevilla pero se la apartó del caso de los cursos de formación y el de los avales y préstamos concedidos por la agencia Idea, que quedaron en manos de la sustituta.
Pero tal reparto, según el grupo Joly, no ha dejado satisfechas a ninguna de las dos jueces, lo que puede retrasar al menos durante varias semanas su puesta en marcha. La juez Mercedes Alaya ha presentado un escrito ante el máximo órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuya Comisión Permanente tenía previsto debatir mañana y en su caso aprobar el reparto propuesto por el TSJA. En ese escrito, Alaya se opone al plan de actuación del TSJA, al que solicitó quedarse con las tres macrocausas.
También ha elevado un escrito la juez sustituta, pero al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía(TSJA). Recuérdese que Núñez Bolaños había intentado que no se decidiera ya sobre el conocimiento y posible reparto del caso de los ERE, ya que la causa está pendiente de que la Audiencia de Sevilla resuelva sobre la división en piezas separadas, una cuestión relevante para decidir sobre el reparto y la "colaboración" entre la juez titular y la comisionada.
La pugna entre las magistradas y la indefinición de la situación, una de cuyas consecuencias ha sido el que José Antonio Viera haya decidido seguir aforado, ha obligado al CGPJ a retrasar la aprobación del plan de actuación en este juzgado y a devolver el asunto a la Sala de Gobierno del TSJA, que podría analizar de nuevo las posturas de ambas magistradas en su reunión del próximo martes, 7 de julio aunque no se descarata un retraso mayor. .
El tema no es baladí porque desde el día 2 de julio Manuel Chaves, Gaspar Zarrías y José Antonio Griñán, podrían haber sido llamados a declarar en caso de que la juez Alaya siguiera instruyendo el caso ERE, algo que podría ampliarse mucho si Alaya obtuviera el control del caso de la formación y el de los avales de la Junta a empresas "amigas".,
Ahora, el TSJA deberá decidir de nuevo y remitir su decisión al Consejo el asunto para su aprobación. Mientras tanto, y pueden pasar semanas, Mercedes Alaya tendrá que seguir varias semanas más en su nuevo destino en la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, la misma que debe resolver sobre la posible división del caso de los ERE en piezas separadas, aunque Alaya quedaría al margen de ese recurso.
Curiosamente, la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla ha acelerado la tramitación del recurso de la Fiscalía Anticorrupción en el que ha planteado la división en piezas "por si fuera posible una rápida resolución del recurso con el menor perjuicio para los señalamientos ya acordados".