Se estrecha cada vez más el cerco al Partido Popular en Valencia por el escándalo de Imelsa. El último imputado por el Juzgado de Valencia competente es Alfonso Novo, presidente de la formación local apartado de forma cautelar. El juez ha citado también a un asesor del grupo y a una tercera persona cercana al PP. Tres nuevas investigaciones para la la causa contra 29 personas por un presunto amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en varias administraciones públicas de la Comunidad Valenciana. Deberán comparecer el próximo miércoles como investigados por un presunto delito de blanqueo de capitales. En los próximos días, será recibirá su notificación en el mismo sentido una cuarta persona autorizada para disponer de las cuentas de la Agrupación local del Partido Popular.
La Guardia Civil está derivando al Juzgado de Valencia que instruye el escándalo de Imelsa a concejales actuales y antiguos, asesores y exmiembros de la formación municipal. Ya han dado explicaciones ante la Comandancia y en las próximas semanas se sentarán ante el juez como investigados, anteriormente imputados. Según fuentes jurídicas, la lista de citación incluye a cargos públicos investigados por el presunto cobro de comisiones y la supuesta financiación ilegal del PP en varias administraciones. Al parecer, serían 20 concejales y exconcejales del PP valenciano y 30 asesores y exasesores. Es decir, todo el PP municipal en Valencia menos Rita Barberá y Miguel Domínguez, actualmente aforados.
La investigación se centra en Imelsa (empresa vinculada a la Diputación de Valencia), la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valencia, Ciegsa (empresa creada por la Generalitat para la construcción de infraesturas educativas) y la Fundación Jaume II El Just, por realizar adjudicaciones fraudulentas a cambio de comisiones ilegales. Se investigan contratos desde el año 2003.
Operación Taula
La semana pasada fueron detenidas 24 personas, entre las que se encuentran el ex presidente de la Diputación de Valencia, ex alcalde de Xàtiva y ex presidente del Partido Popular en la provincia de Valencia, Alfonso Rus; el ex vicepresidente de la Corporación Provincial y ex secretario autonómico de Educación, Máximo Caturla; el ex vicepresidente de la Diputación y ex alcalde de Moncada, Juan José Medina; el ex secretario autonómico de Deporte y ex diputado en las Cortes Valencianas, David Serra; la ex concejal de Cultura del Ayuntamiento de Valencia, María José Alcón; el ex gerente de la Fundación Jaume II El Just y ex jefe de gabinete del Consell Juridic Consultiu, Vicente Burgos; el ex acalde de Genovés, Emilio Llopis; la secretaria del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Carmen García Fuster y Salvador Deusa Ibanco, ex jefe de sección de Evaluaciación y Planificación de la Diputación de Valencia. Además, fueron arrestados 12 empresarios, como supuestos cohechadores, dos arquitectos y un ex trabajador del Ayuntamiento de Valencia (personal de confianza del grupo popular).
Para cinco de ellos, (Rus, Caturla, LLopis, Medina y García Fuster) el fiscal solicitó prisión, petición que fue denegada por el magistrado instructor por entender que no concurrían los dos motivos que había esgrimido el Ministerio Público: riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. A los cuatro primeros, no obstante, el juez les impuso, como medida cautelar, la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado.
Todos los arrestados quedaron en libertad provisional. Mantienen su condición de investigados en esta causa en la que se investigan varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude, falsedad y blanqueo de capitales
El instructor ha impuesto a 14 de ellos fianzas que oscilan entre los 15.000 euros y los dos millones de euros. Las fianzas impuestas no son para eludir la prisión. Son fianzas pecuniarias (no carcelarias) para garantizar la responsabilidad civil que tendrían que pagar los investigados en caso de ser condenados. Todos, salvo la ex concejal de Cultura y un empresario, se acogieron a su derecho a no declarar.
En la operación, llevada a cabo en colaboración con la delegación en Valencia de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y el Crimen Organizado y con la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil desarrollada por la Fiscalía y Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y se llevaron a cabo 34 entradas y registros en las tres provincias de la Comunidad. Se registraron domicilios particulares de los investigados, sedes sociales de empresas (entre ellas la empresa pública CIEGSA) y fundaciones (entre ellas la Fundación Jaume II), la sede de un equipo de fútbol (Club Deportivo Olimpic de Xàtiva, del que Rus fue presidente) y la sede del Grupo Municipal del Partido Popular en Valencia.