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Zubizarreta responsabiliza a Sandro Rosell del fichaje de Neymar

El exdirector deportivo del Barcelona ha declarado como testigo por presunta estafa y corrupción entre particulares en el traspaso.

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Zubizarreta responsabiliza a Sandro Rosell del fichaje de Neymar
Andoni Zubizarreta en la Audiencia Nacional | EFE
Quien fuera director deportivo del FC Barcelona cuando fructificó el fichaje de Neymar ha comparecido este martes en la Audiencia Nacional. Andoni Zubizarreta ha sostenido ante el juez José de la Mata que él únicamente dio el visto bueno a la operación desde un punto de vista futbolístico, según fuentes jurídicas. El antiguo portero del club azulgrana ha atribuido la gestión del traspaso al expresidente Sandro Rosell. Al tratarse de un fichaje de máximo nivel, el dirigente se habría implicado personalmente.

Las mismas fuentes han precisado que, según Zubizarreta, Rosell lideró la operación aprovechando su amplia actividad profesional en Brasil. Es la mismas versión que ha defendido el exdirector general, Antoni Rossich, interrogado este martes también como testigo. Por su parte, el antiguo director del área de fútbol, Raúl Sanllehí, ha respaldado la declaración prestada por el padre y representante de Neymar que le señaló como interlocutor en el Barcelona. Lo hizo en octubre de 2014 durante la declaración por la causa abierta en relación a los tres presuntos delitos fiscales en el fichaje.

Estafa y corrupción

La Audiencia Nacional ya obtuvo las versiones de los imputados en esta causa: Sandro Rosell, Josep María Bartomeu, sus homólogos en el Santos, Neymar, su padre, su padre y el Barcelona y el Santos en su condición de personas jurídicas. Ahora ha completado diligencias a petición de la empresa de representación de futbolistas DIS-Esportes e Organizaçao de Eventos. La investigación por presuntos delitos de estafa y corrupción entre particulares surge a raíz de una querella interpuesta por DIS, propietaria del 40% de los derechos federativos del brasileño. Como tal, le correspondía ese porcentaje del total de la operación y, según expone la queja, lo cobró sobre los 17 millones tasados inicialmente por las entidades, una cifra lejana a los más de 83 millones en los que la investigación cifra la compra o los 94 que sostiene la Fiscalía. En otras palabras, el movimiento habría encerrado una estafa de más de 20 millones a DIS.

También se deriva en una serie de "contratos simulados", en palabras del juez, que "pretendían disfrazar lo que en realidad era el pago por la transmisión de los derechos federativos con otros conceptos que no obedecían a la realidad". Habrían consistido en el pago de 7,9 millones de euros por un convenio de colaboración en materia de fútbol base que habría permitido la adquisición por parte del Barça de los jugadores Víctor Andrade Santos (3,2 millones), Givanildo Pulgas Da Silva (1,8 millones) y Gabriel Barbosa Almeida (2,9 millones). Por último, la celebración de un partido amistoso en Brasil con Neymar como jugador del Barça, que de no celebrarse, como así ha sido hasta la fecha, suponía un pago de 4,5 millones al Santos.

La corrupción entre particulares se habría cometido en la firma de un preacuerdo entre el Barcelona y Neymar. Al parecer, pactaron un pago de 40 millones de euros para que se incorporara una vez finalizado su vínculo con el Santos en 2014 con cláusula de incumplimiento por el mismo valor a través del cual, si el futbolista firmaba por otro club, tendría que acometer el ingreso de la mencionada cantidad. El Barça le abonó de primeras 10 millones y, dado que finalmente se incorporó un año antes de lo previsto, acometió los otros 30 millones. Según el magistrado que instruye la causa en la Audiencia Nacional, ese acuerdo habría vulnerado la libre competencia en el mercado de fichajes. De hecho, el Real Madrid aportó a las diligencias una oferta de 45 millones de euros que supuestamente se vio obligado a declinar.

Condenas en el Código Penal
Si se confirma la culpabilidad de Neymar y, en función del grado de los hipotéticos delitos, Neymar podría ingresar en prisión. El Código Penal tipifica el delito de estafa en su artículo 248 y, para la conducta que ocupa en concreto, prevé penas de cuatro a ocho años de cárcel. En relación a la supuesta corrupción entre particulares, el reglamento impone condenas privativas de libertad de seis meses a cuatro años.

En cualquier caso, la causa permanece en fase de instrucción. Con la ayuda de la Fiscalía Anticorrupción y el resto de las acusaciones, principalmente DIS, la Audiencia Nacional conduce la investigación alrededor del presunto ilícito. Una vez concluya esta fase y previa elaboración del escrito final de acusación, los hechos podrían ir a juicio en un plazo de varios meses -no existe un período fijado- y tras su celebración el tribunal dictaría sentencia.

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