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El caso Vitaldent "carece de entidad suficiente" para la Audiencia Nacional

El juez Eloy Velasco devuelve las actuaciones al Juzgado de Majadahonda que se inhibió de una investigación enmarañada.

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El caso Vitaldent "carece de entidad suficiente" para la Audiencia Nacional
Logo de la compañía | Vitaldent

"Es obvio que los hechos carecen de la entidad suficiente para atraer la competencia de la Audiencia Nacional", ha dictaminado Eloy Velasco en relación al caso Vitaldent. El magistrado ha resuelto sobre al auto de inhibición del Juzgado de Instrucción 2 de Majadahona, responsable originario de las actuaciones. Su titular, María Isabel Serrano, entendía que la trama rebasaba sus dominios porque, en base a los indicios, los delitos se habrían cometido también en el extranjero, la cantidad defraudada sería elevada y el ilícito se extendería por centros de la compañía dental repartidos por toda España.

Velasco, que defiende exactamente la postura contraria, devuelve el caso a Majadahonda: "Con independencia de las circunstancias externas y periféricas que han rodeado los hechos investigados en las presentes actuaciones no se dan los presupuestos necesarios para configurar la competencia de la Audiencia Nacional".

Contabilidad B de Vitaldent

El juez ha dibujado las principales líneas de investigación del caso Vitaldent en su escrito. Los hechos que promueven las diligencias se refieren a presuntos delitos contra la Hacienda Pública y de blanqueo de capitales. Según Eloy Velasco, "no tiene la significación suficiente para conmover la seguridad del tráfico mercantil o para alterar el normal desarrollo de la economía nacional". No se puede considerar significativa la cifra defraudada, sino "todo lo contrario".

La causa se inició por una actividad criminal dirigida, urdida y ocurrida en Majadahonda. Dado que la central de Vitaldent investigada ubica su domicilio fiscal en dicho municipio, es en el mismo donde se considera cometido el delito contra Hacienda. En este momento procesal, sostiene el juez, "puede parecer que las investigaciones se enmarañan, se recrecen y se hacen inmanejables, pero al final suelen simplificarse". De hecho, añade Velasco, ya se deduce la doble contabilidad, una de ellas en B, del sistema de franquicias denunciado.

El dinero opaco de "lo que llaman organización criminal dirigida por Ernesto Colman (presidente de Vitaldent) y los hermanos Arteaga solo y finalmente se hace a través de las llamadas franquicias propias (Opendent)". Por lo tanto, el fraude no iría contra todos los centros de Vitaldent en España sino contra unos pocos que hayan participado con los presuntos cabecillas de la red.

Al alcance de cualquier juzgado

El informe final de Hacienda no concluye una cantidad especifica de dinero defraudado, aunque se de por hecho que la cifra supera los 120.000 euros exigidos por la ley para pasar de infracción administrativa a delictiva. El juez se refiere también al requisito de que existan hechos ocurridos fuera de España, como la apertura de cuentas en el extranjero y la compra de sociedades instrumentales para sacar parte del dinero producto del impago de impuestos a Suiza. En este supuesto, entiende Velasco, la mayor parte se habría producido en nuestro país.

La trama de Ernesto Colman y los hermanos Arteaga en el extranjero "es absolutamente episódica", explica el magistrado. "Solamente se aprecia en Suiza y Luxemburgo, zonas propias de la Unión Europea donde mandar Comisiones Rogatorias no es una labor que no pueda hacer cualquier juzgado". Apuntala Velasco que el dinero regresa después a España aflorando en el mercado nacional, por lo que el delito acaba volviendo.

La instructora de Majadahonda envió el pasado mes de febrero al propietario de la compañía, Ernesto Colman, al vicepresidente, Bartolomé Conde y a los colaboradores Nicolás Sisinni y Javier Arteaga a prisión de forma incondicional. La juez Serrano les atribuyó los delitos de fraude fiscal, delito continuado de blanqueo de capitales, un delito de falsedad en documento oficial y mercantil, un delito de estafa y/ apropiación indebida, un delito contable y un delito de organización criminal por haber diseñado y puesto en funcionamiento un complejo sistema defraudatorio hacia franquiciados, clientes y pacientes, y a la propia Agencia Tributaria.

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