Aunque aún no hay actuación judicial alguna al respecto, en los últimos días han aflorado varias informaciones que ponen en duda la financiación de Ciudadanos. El partido ha actuado expeditivamente en Murcia por un "error" en la administración de las cuentas bancarias que le ha costado el puesto al delegado regional, mientras que un grupo de antiguos militantes denominados críticos han denunciado ante el fiscal la presunta financiación ilegal, que este mismo lunes ha negado en una rueda de prensa en Barcelona el vicesecretario general, José Manuel Villegas: "No hay ningún traspaso de dinero que pueda ser considerado financiación ilegal. En ese sentido estamos muy tranquilos porque nunca se ha producido ni se va a producir, ya que gracias a ese mecanismo que tenemos podemos controlar las cuentas de los grupos municipales y autonómicos. La intención de C's es poder vigilar lo que se hace con el dinero público que llega a C’s. Se está hablando de financiación ilegal, pero para que haya financiación ilegal tendría que haber traspaso ilícito o no correcto de dinero entre partidos o grupos".
Las palabras de Villegas conviene examinarlas a la luz de la particular organización interna de Ciudadanos. Albert Rivera tiene muy claro su modelo de partido y no lo oculta. La suya es, a diferencia del PP, el PSOE y Podemos, una organización fuertemente centralizada, sin baronías regionales y donde la Ejecutiva y su presidente ostentan un alto poder, político y organizativo. Ciudadanos es, en definitiva, un partido, para bien y para mal, presidencialista. Visto desde la periferia, no hay decisión política o administrativa de cualquiera de los grupos naranja en ayuntamientos y parlamentos regionales que no pase por el visto bueno de Alcalá, calle donde se ubica (justo frente a la Plaza de las Ventas) la sede en la que se pueden ver grandes imágenes del propio Rivera.
Un ejemplo de ello fueron las negociaciones posteriores a las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2015, pilotadas en todo momento por Rivera a través del propio José Manuel Villegas, quien asistió personalmente a varias de las reuniones negociadoras que tuvieron lugar primero con Susana Díaz en Andalucía y más tarde con Cristina Cifuentes en Madrid. Cualquier observador de la política española advertirá fácilmente cuan diferente es ese liderazgo a los de Mariano Rajoy, Pedro Sánchez o Pablo Iglesias, acechados en ocasiones por barones con peso propio dentro del partido, como Esperanza Aguirre, la citada Díaz o, en el caso del secretario general de Podemos, la andaluza Teresa Rodríguez o el aragonés Pablo Echenique, antes de que se convirtiese en el nuevo secretario de organización del partido morado.
Una errónea preposición en la carta ética
En este contexto se explica la pretensión del partido por controlar hasta el último euro recibido por sus grupos en autonomías y municipios, y quizá también que ese exceso de celo lleve a errores como el cometido por su secretario de finanzas, Carlos Cuadrado, en la carta ética que ahora esgrimen quienes acusan a Ciudadanos de financiación irregular.
El punto quinto de esa carta está, como admiten fuentes de la formación, claramente "mal redactado". Dice así: "Dedicar los ingresos que se pudieran obtener para los grupos parlamentarios o municipales, al pago de los créditos que el Partido hubiera podido contraer para hacer frente a los gastos de sus respectivas campañas electorales". Como en tantas ocasiones, una sola preposición puede alterar el significado de un párrafo entero. Donde Cuadrado escribió "para" debía haber puesto "de los grupos parlamentarios o municipales".
La intención del partido es que las subvenciones que se reciben en función de los resultados electorales (distinta del dinero que se entrega para el funcionamiento de los grupos parlamentarios) sirvan para financiar las campañas. Algo que es práctica habitual en todos los partidos políticos, que de hecho diseñan sus campañas, y acuden a pedir préstamos a los bancos, en función de la expectativa de resultado que puedan obtener.
El control de los grupos
Cuestión distinta es el mecanismo de control de las subvenciones para el funcionamiento ordinario de los grupos. En ese caso, y para evitar malos usos de esos fondos, el partido ha establecido un mecanismo con dos cuentas, una de ingresos y otra de gastos. La primera centraliza todas las subvenciones de los distintos grupos para repartir las cantidades que sean necesarias previa presentación de facturas justificantes. Los propios Villegas y Cuadrado son los encargados de administrarla y de hacer transferencias a la cuenta de gastos de cada grupo por el importe justificado.
En cuanto a los problemas con el CIF, el código de identificación fiscal presentado por algunos grupos municipales pequeños, fuentes de Ciudadanos aseguran que muchos de ellos, carentes de experiencia, presentaban por error el del partido, cosa que invalidaron los interventores de varios ayuntamientos. El propio secretario de finanzas les instaba a abrir otro CIF a fin de evitar problemas.