El pulso entre Luis Bárcenas y el Partido Popular se tensa conforme avanza la instrucción de los diversos casos de corrupción que convergen en la supuesta contabilidad B o caja con dinero negro de la formación de Mariano Rajoy. Se aprieta porque el exgerente no abandona el postulado según el cual la tesorería paralela existió y financió irregularmente los bolsillos de altos cargos políticos; y porque el grupo popular tampoco se aleja de la versión opuesta.
De hecho, el partido emitió este lunes un comunicado en respuesta a la diligencia del juez de la Mata en la que le impone un pago de 1.2 millones de euros por su condición de responsable civil subsidiario en el llamado caso de los papeles de Bárcenas. En la réplica oficial, el PP acusa a los jueces de creer únicamente al extesorero puesto que todas las acusaciones están "construidas exclusivamente sobre la confianza absoluta en Bárcenas, en unos supuestos apuntes manuscritos de cuya veracidad no hay más prueba que la credibilidad que quiera concederse a esa persona".
Bárcenas ha vuelto a mover ficha. El también exsenador ha enviado a la titular del Juzgado de Madrid que instruye el polémico borrado de sus ordenadores un escrito donde se opone al cierre de la causa. La magistrada Rosa María Freire había recibido con anterioridad otro documento en el que el Partido Popular justificaba su forma de proceder con los dos discos duros de los ordenadores que empleó el extrabajador popular cuando gestionaba las cuentas de la formación: los borró 35 veces, los destruyó a martillazos, los rayó y los tiró a la basura. El texto firmado por el Partido Popular pedía el carpetazo a las diligencias porque la eliminación de los aparatos "no sólo era una obligación legal sino una buena práctica en materia de seguridad".
"Evidentes indicios de criminalidad"
Los abogados de Luis Barcenas han entregado este martes en el juzgado un escrito elaborado, que acusa al Partido Popular de "pretender ofrecer una apariencia de ausencia delictiva que contrasta con los evidentes indicios de criminalidad que concurren en el caso que nos ocupa". Para la defensa del exgerente, existen "evidentes indicios de criminalidad" contra la formación por un delito de daños informáticos y otro de encubrimiento, como sostienen el resto de acusaciones, entre ellas Izquierda Unida, que también se ha pronunciado contra el archivo. Los letrados hacen referencia a la aportación de testigos como el de quien fuera jefe de informática en Génova, Javier Barrero, que acreditarían que la excusa del protocolo de seguridad para el borrado que sostienen en el grupo "no es más que un acto ex post buscado para justificar una acción injustificable".
Con estos argumentos y "en virtud de las diligencias de investigación que se han practicado en la presente causa judicial, es nuestro entender, que en modo alguno procede acordar el sobreseimiento de las presentes diligencias, y menos aún a tenor de las tesis argumentales que intentan sustentar los investigados por cuanto que carecen de sustento y fundamento jurídico alguno", concluyen los abogados del extesorero. La causa mantiene investigados (antes imputados) al Partido Popular como persona jurídica, su tesorera Carmen Navarro, el representante legal del partido Alberto Durán, y el jefe de informática José Manuel Moreno por los delitos de encubrimiento y daños informáticos.