La legislatura catalana puede tener los días contados. El veto de la CUP a los presupuestos del gobierno de la Generalidad aboca a un incierto escenario. El president Carles Puigdemont y el vicepresidente Junqueras niegan la mayor y se resisten a aceptar la situación. No habrá elecciones anticipadas, insisten, a pesar de que todos los grupos han enmendado la totalidad de la ley de presupuestos. Gobernarán en minoría, alegan y no renuncian a su "hoja de ruta".
El chorreo parlamentario a Junqueras fue de los que hacen época. Su primera intervención dio lugar a una continua sucesión de reproches de todos los grupos, que evidenciaron las contradicciones de unos presupuestos improvisados y que el grupo que sostiene al gobierno, Junts pel Sí sólo ha querido negociar con los antisistema en la creencia de que la CUP se ceñiría al pacto de estabilidad parlamentaria.
La desolación en el bloque separatista es comparable a los duros reproches que sus representantes lanzan en público y en privado contra los diputados de la CUP, a quienes acusan de haber dejado tocado el "procés", de deslealtad y hasta de hacerle el juego a la oposición. Cinco meses después del comienzo de la legislatura, el gobierno catalán ha demostrado una absoluta impotencia para gobernar, a expensas de la dinámica asamblearia de la CUP, que ya se ha apuntado dos trofeos: la cabeza de Mas y los primeros presupuestos "de Estado".
Reunión de urgencia
Tras una reunión de urgencia en la mañana de este miércoles, antes del pleno de los presupuestos de la Generalidad, el gobierno catalán ha decidido dar por terminado el pacto con la CUP y que Oriol Junqueras defienda los números y acuse a los antisistema de perjudicar a los catalanes más desfavorecidos y "atentar contra el proceso". De ahí que Junqueras haya lanzado una severa advertencia a los antisistema: "Quien pagará las consecuencias de la enmienda a la totalidad serán los usuarios de los servicios sociales, no el Parlamento en términos abstractos".
Según Junqueras, los números preparados por su departamento "están destinados a garantizar la mejora de los servicios sociales y la actividad económica en términos absolutos y relativos". También abundó en que son necesarios para "disponer de herramientas para maximizar la obtención de recursos y desplegar, por ejemplo, la Agencia Tributaria para combatir el fraude fiscal". "Si no se tramitan -añadió- el resultado será que estaremos en un escenario muy alejado de la hoja de ruta que hemos pactado", en alusión a la CUP.
Los presupuestos "más sociales"
También responsabilizó a los antisistema de que si no levantan la enmienda y se sientan a negociar, impedirán el aumento de las becas comedor y la contratación de docentes. Alegó, para acabar, que los suyos eran los presupuestos "más sociales de la historia"
El siguiente en tomar la palabra, por orden de número de diputados, fue el representante de Ciudadanos, Antonio Espinosa, quien alegó que "desde 2012 los partidos nacionalistas se han instalado en una ficción llamada proceso secesionista que hace imposible cualquier acuerdo con el resto de las formaciones".
También reprochó que desde ese año, la Generalidad ha recortado más de seis mil millones en servicios sociales, "eso sí trasladando la responsabilidad a la pérfida y opresora España". Espinosa reivindicó la eliminación de entidades superfluas, así como de las diputaciones y los consejos comarcales. Además, recordó que la deuda ha pasado de 35.000 a 72.000 millones, siendo Cataluña la comunidad más endeudada de España.
La diputada socialista, Alícia Romero, justificó la enmienda a la totalidad de su grupo con el argumento de que se trata de unos números que no desobedecen a España sino al propio Parlament. También censuró los recortes y negó que se trataran de unos presupuestos sociales. "Ustedes han reducido la inversión en Cataluña en un treinta por ciento", declaró Romero, quien además acusó a Junqueras de no haber hablado de los presupuestos con el resto de los grupos políticos.
También se sumó a la tesis de la CUP de que continúa el "austericidio". Romero denunció que la Generalidad gastó 35.000 millones en 2015, pero que de su liquidación se desprende que el gasto fue de dos mil millones más el presupuestado. Los presentados para este año ascienden a 33.000, con lo que en realidad suponen más recortes.
Puro humo, según los podemitas
Joan Coscubiela, de Catalunya Sí que es Pot, aseguró que "la hoja de ruta del Govern hace agua por todos los lados". "Lo que ustedes hacen son declaraciones rupturistas y políticas continuistas, pura gesticulación. Presentar estos presupuestos como los más sociales de la historia es insultar a la inteligencia de la ciudadanía", remató Coscubiela. "Pretenden rendir pleitesía a Montoro y también a la CUP; eso no se aguanta. Sus previsiones son humo", concluyó.
El PP también ha presentado una enmienda a la totalidad que defendió Enric Millo, quien aludió a la fábula del escorpión y la rana para definir las relaciones entre Junts pel Sí y la CUP. "No han desconectado de España, sino del mundo real", apuntó el diputado popular. "Lo que necesitamos no son estructuras de Estado sino más estructuras sociales", añadió.
Las justificaciones de los antisistema
Eulàlia Reguant fue la encargada de defender la posición de la CUP y se resistió a dar el pacto con Junts pel Sí por finiquitado. Comenzó lamentándose por la falta del acuerdo: "Hubiéramos querido hacer otra cosa, no estamos contentos, pero representamos dos proyectos políticos diferentes. Coincidimos con Junts pel Sí en avanzar hacia la independencia, pero nuestro proyecto social es radicalmente diferente".
Sin embargo, abundó en los puntos de conexión con el gobierno de Convergencia y Esquerra y en la declaración del 9 de noviembre pasado: "Tenemos un plan de trabajo compartido, tenemos la ruptura con el Estado español en común. La ley más importante será la de transitoriedad jurídica", dijo Reguant.
En cuanto a los presupuestos, destacó que "aceptan el marco del FLA, siguen supeditados a Montoro y a la troika", razón por la que ratificó el veto y reprochó que los ochocientos millones previstos en gasto social "no son nada en comparación con los cinco mil millones en recortes de los últimos años". Concluyó que "hoy no se cierra ningún acuerdo política. Trabajemos para construir los presupuestos de 2017, los de ruptura". El pleno se reanudará a las cuatro de la tarde.