Se llama Patrocinio Sierra y es la esposa de conocido como "conseguidor", el exugetista Juan Lanzas que, según su madre, tenía "dinero pa asá una vaca". La Fiscalía Anticorrupción pidió su imputación en el caso ERE por haber sido incluida en el ERE de la empresa Hitemasa donde no trabajó nunca. La juez Núñez Bolaños consideró que su presencia era una tapadera para los pagos de comisiones a su marido y la declaró investigada.
La defensa de Patrocinio Sierra ha presentado escrito en el que, según La Razón, aun en el caso de que las comisiones fueran ilícitas y penalmente relevantes, "se beneficiaría por su carácter de cónyuge" de la percepción de las mismas por su esposo, pero no cometería "un delito autónomo". O, dicho de otro modo, la mujer de Lanzas podría ser "partícipe a título lucrativo", pero "no autora" del presunto delito. Caso casi calcado del de Ana Mato, en la trama Gürtel, por ejemplo.
Según la defensa, no se puede "criminalizar la ganancialidad de un matrimonio" alude al caso de Noos-Aizón en los que la Fiscalía no ha solicitado que se haga "pese a la existencia de indicios tales como firma de documentos públicos y mercantiles por la esposa –la infanta Cristina–, dándose por enterada de las cuentas de la sociedad ganancial".
Añade la representación legal de la esposa de Lanzas, que "no debiera en pleno siglo XXI depender una imputación penal de la tenencia y llevanza de unos apellidos u otros", y pide que se deje sin efecto la providencia de Núñez en el que se acordó llamar a Sierra en calidad de investigada en la pieza de las sobrecomisiones.
Además, argumenta que su inclusión en dos procedimientos distintos, la pieza de las sobrecomisiones y la pieza matriz del "macroproceso" de los ERE, por los mismos hechos, vulnera el principio legal del "non bis in idem –no dos veces por lo mismo–".
UGT Andalucía: 100 millones de presunto fraude
UGT Andalucía se ve afectada, además de por el caso Juan Lanzas, por su propio entramado de irregularidades del que informó en exclusiva Libertad Digital. Ha sido el perito Luis Gallo, que sólo ha tenido en cuenta 16 de los 32 expedientes de subvenciones concedidas por la Junta de Andalucía en cuatro años, el que ha cifrado en 100,2 millones de euros el posible fraude de la organización sindical al gobierno andaluz desde 2009 a 2013. A 25 millones por año.
Descartados 15 expedientes porque no son considerados penalmente relevantes y estando uno pendiente, el perito alude a la necesidad de disponer de los expedientes completos de las subvenciones para poder identificar gastos, cuentas y empresas y resalta los gastos de alquiler de aulas y de equipos, el rapel y el famoso "bote" (con facturas simuladas incluidas) son difíciles de cuantificar.
Es decir, que los 100 millones calculados se refieren a treinta subvenciones para impartir cursos con cargo a los presupuestos de la Junta de Andalucía de los años 2009, 2010 y 2011.