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Mas, sobre el 9-N: "Nunca pensé que mi ocurrencia terminaría en el Supremo"

El expresidente catalán ha comparecido como testigo en el juicio contra Francesc Homs.

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Mas, sobre el 9-N: "Nunca pensé que mi ocurrencia terminaría en el Supremo"
Artur Mas en el Tribunal Supremo | EFE

Aunque este no es su juicio, Artur Mas se juega diez años de inhabilitación por los mismos hechos y los mismos delitos que se le atribuyen a Francesc Homs. De ahí que sus argumentos ante el Tribunal Supremo hayan sido los mismos que prestó a principios de febrero ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Por ende, idénticos además a los esgrimidos este lunes por su exconsejero de Presidencia que, dada su condición de aforado como diputado en el Congreso, se somete a juicio aislado y en banquillo distinto al que Mas compartió con sus también exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau.

El expresidente se juega diez años de inhabilitación y los tres miembros de su antiguo gobierno nueve por desobediencia y prevaricación. Los delitos tienen su origen en la votación para la ruptura de Cataluña con España del 9 de noviembre de 2014, el conocido como caso 9N. Mas ha comparecido como testigo, una condición que teóricamente a contestar a las preguntas con la verdad. Sin embargo, su implicación en los hechos habilitaba la posibilidad de no declarar en su contra. Tampoco ha resultado un problema, puesto que los referentes del separatismo han aterrizado en ambos juicios con una batería de ideas a repetir.

Los derechos fundamentales de sus votantes, las vaguedades de la providencia que suspendió la consulta y la imposibilidad de frenar a una ciudadanía entregada. Son los tres pilares en los que se asienta la defensa.

"Voluntad de pacto"

Desde las 16H de este martes, Mas ha detallado su punto de vista particular sobre el 9N: "Quería comprobar hasta qué punto había una mayoría a favor del derecho a decidir en Cataluña". El expresidente de la Generalidad se ha escudado en el cumplimiento de lo que llaman el "mandato ciudadano". Según su versión, buscó un encaje con la legalidad: "Ni la consulta que habíamos promovido como Gobierno ni el proceso participativo tenían efectos legales vinculantes. Así se dijo desde el primer momento". Aunque, como ocurrió en la versión de Homs, en su orden de prioridades prevalecen los "derechos fundamentales de los ciudadanos, la libertad de expresión y de participación".

Mas ha exhibido su faceta más altruista identificando su finalidad con "conocer la voluntad de la gente y actuar en consecuencia con voluntad de pacto con las instituciones españolas". Sin embargo, el Tribunal Constitucional suspendió cinco días antes la consulta del 9N mediante una providencia notificada personalmente al expresidente y al Gobierno catalán como institución. Lejos de paralizar los trabajos de cara a la votación, los líderes separatistas acordaron –o, al menos, es lo que defienden– un cambio de formato. El 9N se convertiría en un "proceso participativo" en manos de la "iniciativa ciudadana", dos fórmulas repetidas por el bloque rupturista hasta la saciedad en este procedimiento.

"Lo preparamos todo"

Porque "nada hubiera sido posible sin los voluntarios". Según Mas, necesitaban 24.000 y en pocos días consiguieron 42.000 personas dispuestas: "Nos vimos con toda la fuerza posible para poder seguir con todo el proceso y preparar la logística". He aquí el quid de la cuestión. El expresidente ha reconocido que desde la Generalidad se encargaron de "preparar toda la logística. Lo preparamos todo, lo pusimos en manos de los voluntarios". La Fiscalía se esfuerza por probar con voluminosa documentación que los acusados contrataron el servicio informático, dispusieron salas de prensa, censaron la votación e informaron de la misma incluso cuando ya estaba prohibida.

Sobre este supuesto, varios cargos institucionales de Cataluña han reconocido los trabajos de la Generalidad con posterioridad al veto. Fátima Soro, directora de la asesoría jurídica de la Fira de Barcelona, ha desvelado que se firmó un contrato el 7 de noviembre para instalar el pabellón de prensa donde se dieron los resultados del 9N. Mònica Osácar, responsable de publicidad institucional durante la consulta e hija del extesorero de Convergencia Daniel Osácar, y su compañero Ignasi Genovès han manifestado que se llevó a cabo publicidad institucional después del 4 de noviembre, extremo confirmado por Marta Coll, directora de la oficina de Barcelona de Media Planning. Por último, Jordi Vilajoana, exsecretario de Homs en la consejería de Presidencia, ha preferido no precisar fechas. No obstante, ha admitido que recabaron los datos del padrón de todos los catalanes a partir de 16 años para enviar una carta firmada por Mas: "Entendíamos que había que explicar todo ese proceso a los ciudadanos".

Burla y mofa

En cuanto a las deficiencias de la providencia del Constitucional, en la misma línea que Homs, el expresidente ha sostenido que no vetaba el proceso ciudadano. También se ha apoyado en que el proceso era imparable porque los trabajos culminados antes del 4 de noviembre en que se produjo la suspensión no tenían vuelta atrás. Según Artur Mas, desde el día en que anunció el proceso participativo, el 14 de octubre, la única notificación que recibieron fue por parte del Tribunal de garantías, "nadie más requirió nada".

Como guinda del pastel, la referencia habitual a Mariano Rajoy. De acuerdo con la versión de Mas, el presidente del Gobierno se tomó la consulta a mofa. La calificó como "una nueva ocurrencia": "Durante bastantes días esa burla continuó y nos dolió sobre todo desde el momento en que se apuntaban miles de voluntarios". Dolor por los demás aderezado por la complicidad final con el Tribunal: "Ya puede marcharse, que tenga un buen viaje", le ha comunicado Manuel Marchena, el magistrado que preside. "Y ustedes un buen juicio", palabra de Mas.

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