Extraña que un imputado en varios procedimientos no utilice la misma estrategia en todos ellos. Asombra aún más si el protagonista en cuestión es Francisco Correa, el cabecilla de la trama de corrupción Gürtel que, en sus propias palabras, andaba por la sede del Partido Popular en la madrileña calle Génova como por su "propia casa".
Porque Correa decidió colaborar con la Justicia en busca de un pacto con la Fiscalía. El empresario de 61 años vio cómo se oscurecía su horizonte procesal en la vertiente por amaños en Fitur –que lo condenó finalmente a 13 años de cárcel–, unido a una acumulación de peticiones de prisión por parte de Anticorrupción que supera los 400 años. Con todo, negoció con el Ministerio Público una rebaja por confesión de los castigos en la víspera de la vista oral por la Época Primera del caso Gürtel.
En el juicio principal de macrocaso de corrupción, el jefe de la red desveló que varias multinacionales como ACS de Florentino Pérez, OHL de Juan Miguel Villar Mir, Degrèmont o Dragados habrían pagado comisiones de entre el 2 y el 3% al Partido Popular a cambio de contratos públicos amañados desde los ministerios de Fomento y Medio Ambiente, dirigidos entonces por Francisco Álvarez Cascos y Jaume Matas. A raíz de estas revelaciones, el juez José de la Mata reabrió la investigación que había culminado en 2015 Pablo Ruz, su colega en la Audiencia Nacional, y que concluyó únicamente contra el extesorero Luis Bárcenas y su antecesor Álvaro Lapuerta.
Dicha instrucción se basaba en una única prueba: los llamados papeles de Bárcenas con anotaciones manuscritas por el extesorero que apuntarían a sobresueldos en B recibidos por los máximos dirigentes de la formación. Sin embargo, De la Mata consideró las aportaciones de Correa como un elemento novedoso que podría acreditar la existencia de una financiación ilegal alimentada por empresarios afines.
Silencio ¿comprado?
El juez citó el pasado jueves a Correa en el Juzgado Central de Instrucción nº5 para que diera todos los datos y extendiera su confesión en el juicio de Gürtel a la pieza separada que investiga en particular la supuesta contabilidad B del Partido Popular. Para sorpresa de todos, el cabecilla de la Gürtel se acogió a su derecho a no declarar: "Que quede claro, yo seguiré colaborando, pero no aquí ni ahora". A José de la Mata le resultó extraña esta colaboración "a la carta", en unas piezas sí y en otras no.
Esta actitud de Correa ha suscitado respuesta de una acusación popular personada en la pieza de la contabilidad B. La plataforma Observatori DESC parte también de una publicación reciente de la revista Interviú según la cual alguien habría entregado "un coche lleno de dinero" al empresario para comprar su silencio sobe la caja B.
Observatori DESC ha presentado un escrito ante José de la Mata "existiendo indicios racionales para creer que a Correa se le habría podido pagar para guardar silencio en esta pieza separada". "Tal cual manifestó José de la Mata", sostiene la acusación popular, "ha sido el propio Correa quien decidió en su día colaborar con la Justicia en el esclarecimiento de los hechos y resulta no ya extraño sino sospechoso que se pretenda una colaboración a la carta". La plataforma cree que "la información en su día publicada por Interviú es cierta y que existen razones ilegítimas e ilegales por las cuales Correa se ha visto forzado a adoptar una actitud procesal carente de cualquier lógica". Subrayan el hecho de que Correa "en su día no ejerció el Derecho de Rectificación ni ningún tipo de acción legal en contra de dicha publicación".
El escrito recuerda que la situación económica de Correa "es más que precaria y no tiene que extrañarnos que, siendo la misma conocida, terceros se hayan podido valer de ella para modificar su voluntad". Según Observatori DESC, de haberse producido el escenario dibujado por la revista, recoge el escrito, "estaríamos no ya ante unos hechos graves sino ante unos auténticos indicios de criminalidad organizada porque pagar a un copimputado es un hecho que trasciende el ámbito del Derecho a no declarar para introducirse directamente en el ámbito del Código Penal".
La acusación popular reclama que se remita oficio a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias para que envíen al Juzgado el listado completo de las visitas que, por cualquier motivo o circunstancia, haya recibido correa desde que ingresó en la cárcel de Valdemoro, en Madrid. Una vez recibida la información solicitada, pide que la misma sea trasladada a la unidad encargada de investigar esta pieza separada para que investiguen y determinen de dónde salió ese dinero, quién lo pagó y por cuenta de quién. Observatori DESC alude a la jurisprudencia en materia de admisión de pruebas para que se acceda a la práctica propuesta.