El fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix quiso vetar registros vinculados a operaciones de la empresa Interamericana de Aguas y Servicios (Inassa) –filial del Canal de Isabel II con presencia en cinco países de Ámérica latina– por operaciones sospechosas que se remontan a la etapa en la que Alberto Ruiz-Gallardón era el presidente de la Comunidad de Madrid. La decisión fue contestada por los fiscales del caso, que fueron apoyados mayoritariamente en junta por sus compañeros frente al criterio del fiscal jefe.
Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio Público, que han señalado que Moix justificó su orden a los fiscales de la denominada Operación Lezo argumentando que dichos registros deberían "desvincularse cronológicamente" del resto y no incluirse en la relación que iba a ser puesta inicialmente a disposición del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que instruye este asunto.
Las mismas fuentes apuntan a que se trataría de operaciones realizadas en 2001, anteriores por lo tanto a la etapa como presidente del Canal de Isabel II de Ignacio González. Además, los hechos cuestionados en este periodo no afectarían al expresidente madrileño ni a ninguno de los detenidos hasta ahora en la operación.
La Presidencia del Canal de Isabel II fue ocupada desde 2000 a septiembre de 2001 por Carlos Mayor Oreja, exconsejero del Gobierno autonómico de Ruiz-Gallardón y hermano del exministro Jaime Mayor. Le sucedió en este puesto el también exconsejero Pedro Calvo hasta mayo de 2003, cuando tuvo lugar el tamayazo, etapa en la que este organismo público fue presidido de forma interina por Miguel Garrido hasta que González fue designado presidente del mismo en diciembre de ese año.
El Grupo Inassa, que se describe en su página web como "cabecera de expansión de Canal de Isabel II Gestión en América Latina", está formada por un total de 10 empresas con presencia en Colombia, Ecuador, República Dominicana, Panamá y Brasil.
El conglomerado del Canal en Iberoamérica
Las empresas Triple A, Metroagua, Amagua, Asaa, Emissão, R&T, AAA Dominicana, Inassa Panamá, Inassa Ecuador y América TI son las sociedades que componen la filial del Canal Isabel II. En mayo de 2016, el Ejecutivo de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, puso en manos de la Fiscalía sus sospechas por la compra en 2013 de una de estas empresas, la brasileña Emissão Engenharia e Construçoes por 21 millones de euros, cuatro veces más de su valor real.
La realización o no de estas concretas diligencias de investigación relativas a Inassa, enmarcadas en la Operación Lezo, causaron una rebelión mayoritaria en el seno de la Fiscalía Anticorrupción el pasado martes, a consecuencia de la orden dada por el fiscal jefe del departamento, Manuel Moix, contraria al criterio de los dos fiscales adscritos al caso.
Moix ordenó "desvincular cronológicamente" este registro y el "bloque de hechos" relativo a esta diligencia concreta, una decisión a la que los fiscales del caso, Carmen García Cerdá y Carlos Yáñez se opusieron invocando el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, algo que está previsto en la propia norma pero que es muy poco habitual que ocurra, según las fuentes consultadas.
En dicho artículo se dice que aquel fiscal que reciba una orden "que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo estime improcedente" se lo hará saber a su fiscal jefe "mediante informe razonado" y que, si éste "no considera satisfactorias las razones alegadas, planteará la cuestión a la Junta de fiscalía".
Eso es lo que ocurrió el pasado martes en la sede de la Fiscalía Anticorrupción, según las fuentes consultadas, y tras oír a sus compañeros, la práctica totalidad de la veintena de fiscales que integran este departamento –todos menos uno– apoyaron a los compañeros de la Operación Lezo y se manifestaron contrarios a la orden de retrasar el citado registro.
Según ha confirmado el propio Moix a Europa Press, tras oír a la junta él podría haber insistido en la orden de sacar esta diligencia de la lista de las que iban a solicitar que ordenara el juez de la Audiencia Nacional encargado del caso, Eloy Velasco.
Sin embargo, tras escuchar el criterio de varios de los fiscales que participaron en la reunión, el fiscal jefe se avino a la petición de los dos fiscales del caso por entender que, una vez iniciada la operación al día siguiente, las personas afectadas por estos registros podrían hacer desaparecer documentos y afectar negativamente a la investigación.