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Price Waterhouse se desmarca de la financiación irregular del PP

El juez de la operación Lezo sospecha que la auditora transfirió un millón de euros a la formación a cambio de contratos en la Comunidad de Madrid.

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Price Waterhouse se desmarca de la financiación irregular del PP
Ignacio González | EFE

Acción, reacción. Con un escueto comunicado, Price Waterhouse Coopers ha salido al paso de las informaciones que le salpican en la operación Lezo. "PwC no ha financiado al PP ni a ninguna otra organización política. El contrato con la Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid al que se refiere la información publicada, del año 2010, así como las dos ampliaciones posteriores de los años 2012 y 2014 fueron absolutamente legales y obedecieron a trabajos realmente efectuados como consta en la documentación facilitada al juzgado número 6 de Madrid", detalla la nota remitida por la empresa.

Price quiere que la cuestión se aclare "cuanto antes posible" para "evitar el uso de información errónea o parcial". Se refiere a las sospechas que refleja el juez Eloy Velasco en la instrucción de la trama del Canal de Isabel II. Al parecer, la Comunidad de Madrid habría amañado un contrato de seis millones de euros a favor de la empresa auditora. Como contraprestación, PwC habría colocado en su plantilla a familiares de políticos y el Partido Popular habría recibido un millón de euros a ingresar en la supuesta caja B.

Ignacio González era vicepresidente autonómico. Habría desempeñado un papel clave a través de su amigo José Martínez Nicolás, exconsejero delegado de ICM, la Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid. De acuerdo con los informes de la Guardia Civil, esta entidad pública firmó tres contratos a finales de 2010. Adjudicó el último a PwC para que se encargara de la creación de una oficina de coordinación de los trabajos, inicialmente tasado en cinco millones, después ampliados a seis. Según la investigación, el proyecto no se ejecutó al 100%, aunque PwC cobrara íntegro gracias a Martínez Nicolás.

La auditoria justifica la ampliación del contrato en que los otros contratos adjudicados se retrasaron y ambos eran condición previa.

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