La muerte de Miguel Blesa ha sorprendido después de una guerra judicial que ya dura años. Quizás perdió la batalla más dura el pasado 23 de febrero, cuando la Audiencia Nacional condenó a los 65 acusados por el caso de las tarjetas black. Como expresidente de Caja Madrid, le impusieron una pena de seis años de cárcel con multa de 7.200 euros. Aunque la sentencia está recurrida y pendiente de resolución en el Tribunal Supremo, la dureza de este primer fallo hacía pensar que Blesa y Rato ingresarían en prisión por dispensar los plásticos a los consejeros de la entidad, que gastaron 12,5 millones.
Aunque no es el único litigio que salpicaba al economista nacido en Linares (Jaén). La Fiscalía Anticorrupción pedía para él cuatro años de cárcel por el reparto de sobresueldos a su antigua cúpula directiva en Caja Madrid. Por otro lado, la Audiencia Nacional avanza en la extensa instrucción de la pieza del llamado caso Bankia relativa a la emisión de participaciones preferentes, que también tiene por imputado a Miguel Blesa y los máximos mandatarios. El juez reactivó el pasado noviembre esa pieza solicitando al Banco de España las agendas de las reuniones mantenidas entre 2008 y 2010.
La propia Audiencia Nacional admitió a trámite una querella contra Blesa y una veintena de responsables de Caja Madrid por la concesión sistemática de hipotecas sobrevaloradas de alto riesgo. No obstante, el Tribunal Supremo ha decretado la inadmisión de este caso. El banquero celebró en los últimos años los archivos de otras causas en su contra como la investigación por la compra del estadounidense City National Bank of Florida o la concesión de un crédito de 26,6 millones al quebrado grupo Marsans –copresidido por Gerardo Díaz Ferrán, exconsejero de Caja Madrid–.
La Fiscalía Anticorrupción también investigaba la propiedad de unas sociedades en las Islas Vírgenes.