Diego Cañamero, que se autoproclama "insumiso judicial", y que así ha ejercido no acudiendo a juicios ni a comparecencias, vuelve a estar ante el Tribunal Supremo por tercera vez desde 2014. En aquella ocasión fue por ocupar la finca militar Las Turquillas en 2012. Hasta junio de este año, estuvo imputado por ocupar la finca La Jarilla en 2008. Ahora, está formalmente investigado por haber coaccionado, presuntamente, a trabajadores de la basura de su pueblo, El Coronil (Sevilla) en la huelga de 2013.
Está por ver si la dirección de Podemos exige o no a Diego Cañamero que abandone su acta de diputado. En su Código Ético, punto XI, apartado g, se dice textualmente: "El compromiso de renuncia al cargo público, interno del partido o a cualquier candidatura a los mismos en caso de ser imputado, procesado o condenado por las faltas y delitos que se determinarán en el Reglamento al efecto que habrá de publicar la Comisión de Derechos y Garantías, y que en cualquier caso incluirán siempre los delitos de corrupción, económicos, acoso sexual, violencia de género, pederastia y maltrato infantil, contra los derechos de los trabajadores, ecológicos y urbanísticos".
Lo curioso es que, a pesar de las acusaciones, el Tribunal Supremo o bien ha archivado el caso o bien no decidió que ingresara en prisión. Ahora parece que los cargos son más graves, la coacción con violencia ejercida como dirigente de los piquetes es un grave delito, y las pruebas en su contra le parecieron decisivas a la juez que instruyó la causa en primera instancia y se lo parece ahora al propio Tribunal Supremo que entiende del caso por el aforamiento de Cañamero.
Subraya El Mundo que en la exposición razonada de la juez de Utrera se arguye que su papel en la huelga de basuras de 2013 en la localidad de El Coronil, de la que fue alcalde, fue decisivo porque convocó la huelga desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores y porque participó activamente en los piquetes que coaccionaron a los trabajadores que deseaban trabajar y a los que estaban trabajando en calidad de servicios mínimos. La juez añadía que su actuación fue violenta, amenazadora y cargada de insultos hacia quienes no compartían su posición.
El Tribunal Supremo ha aceptado como hechos los recogidos por la instructora del juzgado de Utrera según los cuales durante los once días de huelga de finales de enero y febrero de 2013, piquetes compuestos por 25, y hasta 80, "liderados por Diego Cañamero, impidieron a los trabajadores cumplir con los servicios mínimos establecidos"… "actuando de forma coactiva y persistente" impidiendo la salida de camiones.
Además, decretada la alarma para la salud pública por la acumulación de basuras desde la Junta de Andalucía, se contrató a una empresa para que hiciera los trabajos de limpieza pero Cañamero y sus seguidores cortaron el tráfico con el coche particular del ahora diputado de Podemos, un Ford Focus.
Entre las acciones de Cañamero y su gripo se destaca que se agarrara a los espejos retrovisores y que golpearan las lunas delanteras de los vehículos contratados.
Ya en marzo de 2013, la Consejería de Salud de la Junta reiteró el riesgo sanitario para la salud pública en todos los puntos de recogida de basura del pueblo. Pero el podemita y sus huestes se negaron a aceptar las órdenes de la Guardia Civil.
Durante aquellos días de 2013, el gobierno municipal de El Coronil estaba en manos del PSOE, partido con el que Cañamero mantiene un activo enfrentamiento desde hace mucho tiempo, pero, especialmente, desde 2011, año en el que el PSOE superó en votos a los partidarios de Cañamero en las elecciones municipales.
No es de extrañar, pues, que el exalcalde socialista, Jerónimo Guerrero haya manifestado su satisfacción por el procesamiento de Cañamero a causa de la "huelga salvaje" –así la ha calificado–, que protagonizó y que originó un gran daño a trabajadores y vecinos. Por ello, los socialistas piden a Podemos que aplique su código ético y obliguen a Cañamero a renunciar a su acta de diputado.