Las elecciones andaluzas tuvieron lugar en marzo de 2015. En marzo de 2019 deberían celebrarse los nuevos comicios. Pero uno de los factores que podrían precipitar su convocatoria, el conocimiento público de la sentencia del juicio de los ERE, parece alargarse en el tiempo. Aunque en principio la sentencia se esperaba para octubre-noviembre de este año, siguen propiciándose retrasos que la pueden situar en enero o febrero de 2019, ya en plena precampaña electoral.
Ahora, según Europa Press, son las defensas de algunos ex altos cargos de la Junta de Andalucía en el caso de los ERE las que han solicitado a la sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla la suspensión de las sesiones del juicio oral hasta que no cuenten en su poder con las nuevas pruebas documentales admitidas por el tribunal a petición de las acusaciones ejercidas por el Ministerio Fiscal y el PP-A.
Recuérdese que con el juicio ya retrasado a causa de las cuestiones previas sin resolver, el pasado día 22 de enero se estimaron pertinentes, de acuerdo con la jurisprudencia vigente, todas las nuevas pruebas solicitadas por la acusación popular que ejerce el Partido Popular andaluz, menos la testifical de la propia presidenta de la Junta, Susana Díaz, que no propuso tampoco la Fiscalía.
Además de considerar impropio que se soliciten nuevas pruebas una vez concluida la instrucción del sumario, las defensas han pedido al Tribunal que no se reanuden las sesiones del juicio oral hasta que no se disponga de la "completa y profusa" prueba documental que se les ha admitido a las acusaciones –libramientos de oficios a la Dirección General de Empleo para emisión de informes, Consejo Consultivo de Andalucía, Junta de Andalucía para aportación de expedientes, etc.–.
También piden que el tiempo de retraso aumente para poder analizar la nueva documentación y "utilizar, en su caso, el derecho a proponer prueba dentro de dicho término".
Aunque la reanudación de las sesiones del juicio se esperaba para el día 12 de febrero, las defensas de varios de los procesados insisten en que sus defendidos "no podrían preparar con plenitud de armas la prueba de interrogatorio de acusados, si la citada prueba documental se introdujere en el proceso en momento posterior a dicho día o, si se alterare el orden comenzando por los testigos –cuestión previa solicitada por la defensa de Martínez Aguayo–, las defensas no podríamos articular
En un escrito presentado por las defensas del ex interventor general de la Junta, Manuel Gómez y del ex director general, Antonio Estepa, se considera "palmaria la indefensión provocada" a las defensas y debe acordarse la suspensión de la continuación de la vista. Por su parte, Víctor Manuel Moreno Catena, abogado defensor de la ex consejera Carmen Martínez Aguayo, señala que las acusaciones han actuado, solicitando nuevas pruebas, con "una evidente mala fe procesal", para disponer de "una posición de privilegio porque se les ha admitido un extenso elenco de pruebas tanto documentales como testificales".
¿Habrá juicios en las 270 piezas separadas?
Primero se creía que Manuel Chaves, José Antonio Griñán y los 20 ex altos cargos procesados en la conocida como "pieza política" de los ERE, volverían a ser juzgados en cada caso concreto en que hubiesen intervenido. Luego, la Audiencia Provincial aclaraba que no sería posible que un condenado por prevaricación y/o malversación de caudales públicos en la pieza política lo fuera otra vez en cada caso de los 270 sumarios pendientes.
Ahora, destaca Eldiario.es, un acuerdo de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, aprobado el pasado verano, puede conducir a que ni los ex altos cargos puedan ser juzgados por los mismos hechos en otros casos y tampoco las decenas de personas investigadas en el resto de las piezas porque se trataría de cuestiones ya juzgadas en la pieza política.
El abogado José María Calero, cuyo despacho está presente en la defensa de varios de los acusados del caso ERE, aduce en un escrito presentado que no cabe juzgar separadamente autor e inductor. Esto es, dado que los ex altos cargos están siendo excluidos o lo van a ser de las demás piezas desgajadas del sumario general legado por Mercedes Alaya, éstas carecen de contenido.
Dicho de otro modo, Calero defiende que el criterio de juzgar por un lado la ideación del sistema y por otro su aplicación en cada ayuda "se ha visto superado, desbordado o abandonado por la acusación del Ministerio Fiscal" – malversación de caudales públicos -, en la pieza del 'procedimiento específico'.
En conclusión, como anticipó Libertad Digital hace unos días, podría darse el caso que en las 270 causas pendientes no fuera juzgado nadie, ni los ex altos cargos ni los receptores de las ayudas encubiertas de los ERE, lo cual podría desembocar en un monumental escándalo de impunidad.
Susana Díaz dice que no anticipará las elecciones
Susana Díaz dijo ayer en el Comité Director del PSOE de Andalucía que no adelantará las elecciones a pesar de saber que la decisión no depende sólo de ella, como reconoció días atrás su hombre en el partido, Juan María Cornejo, que aludió a la posibilidad de que pudieran adelantarse si Rajoy hacía lo propio.
En cualquier caso, PP y Ciudadanos parecen decididos a aumentar la presión sobre la presidenta de la Junta para conseguir algunos objetivos políticos y electorales. El PP, que ha advertido en la sanidad andaluza tras dos muertes en los servicios de urgencia y, en general, en la gestión pública de los servicios sociales, un importante "agujero negro" que puede desgastar al PSOE andaluz, ya advirtió ayer contra nuevos "recortes" sociales que son responsabilidad exclusiva de la Junta de Andalucía.
Según el PP, y lo cita El Mundo, la última modificación presupuestaria de diciembre de 2017 ha supuesto un "recorte brutal" de 52 millones de euros procedentes de la Unión Europea que afectan a empleo, sanidad, educación y otras partidas como agricultura, cultura, turismo, etc. que se han desviado al pago de autopistas, autovías y carreteras.
Por su parte, Ciudadanos, si bien sigue insistiendo en sus ataques al PP debido a la competencia electoral íntima que les enfrenta y aunque descarta "oficialmente" un adelanto electoral, calienta motores advirtiendo a Susana Díaz ayer mismo en la reunión sevillana de su Ejecutiva andaluza que la Junta tiene que desbloquear muchas de las leyes incluidas en su pacto de investidura. Es más, de las once pactadas, recuerda Diario de Sevilla, sólo la Ley de Participación Ciudadana, fue aprobada y está vigente tras tres años de gobierno.
Del mayor interés para Ciudadanos y del menor para el PSOE es la reforma de la Ley Electoral Andaluza, que beneficia a los grandes partidos. Juan Marín anunció ayer que su partido registrará dentro de un mes en el Parlamento su propuesta de reforma de la Ley Electoral. Igualmente quiere que se reactive la reforma de la composición de la representación en la Radio Televisión de Andalucía, dominada por PSOE y PP.
A esto hay que añadir la eliminación de los aforamientos, la ley de Formación Profesional y Emprendimiento y, dadas las circunstancias de la sanidad andaluza, la sostenibilidad de del Sistema Sanitario Público. Precisamente por todo ello es por lo que Juan Marín dice no querer que se adelanten las elecciones.