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El exinterventor general de la Junta "reescribe" la carta que envió al Parlamento andaluz en 2012

En ella consignó que Griñán "cebó sin descanso la corrupta partida presupuestaria de los ERE".

Pedro de Tena (Sevilla)
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Manuel Gómez durante su declaración ante el juez. | EFE

Ocurrió en noviembre de 2012 y en aquella misiva, además, Manuel Gómez Martínez, ex interventor general de la Junta de Andalucía desde el año 2000 al 2010, dijo haber advertido "hasta 15 veces –17 se han contado otras veces–, de las irregularidades que se estaban produciendo en la gestión de las subvenciones del programa 31.L", el fondo de reptiles según el ex director general Francisco Javier Guerrero.

Gómez Martínez añadió entonces que "ninguno de los destinatarios de las auditorías hizo absolutamente nada durante casi diez años para corregirlas, cuando podían haber terminado con el nido de corrupción en 24 horas, si hubieran tenido voluntad de hacerlo".

Por su comportamiento en los hechos, la juez Alaya, la Fiscalía y el juez Álvaro Martín, que terminó la instrucción del caso, le imputaron los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, recordándose que, antes de 2001, ya había dado el visto bueno a seis modificaciones presupuestarias. Se le piden seis años de cárcel y 30 de inhabilitación.

Ayer, sin embargo, trató de insistir que en todo lo que había denunciado con anterioridad no había encontrado en ningún momento menoscabo de fondos públicos. Se trataba, dijo, de "muchas deficiencias" que no conllevaban, en su opinión, delito alguno. Según ABC, el ex interventor "reculó" admitiendo que las ayudas no eran arbitrarias a pesar de las deficiencias de su tramitación.

El ex Interventor empleó tiempo en refutar la acusación habitual que se le dirige según la cual los hechos ocurridos y el procedimiento, si eran tan irregulares, deberían haber dado paso a un informe de actuación, que es como se conoce técnicamente a un informe de obligado cumplimiento por parte de la Administración a la que vaya dirigido.

Por "esta omisión me piden prisión", pero hasta una docena de técnicos de la Intervención en el ámbito del Control Financiero Permanente no advirtieron tener "en sus narices" un supuesto de menoscabo de fondos públicos.

De haberse detectado menoscabo, según Gómez, los técnicos se deberían haber dirigido, como contempla la ley, directamente al consejero de Hacienda para su elevación al Consejo de Gobierno. Además, ha explicado que de haber realizado un informe de actuación lo hubiese dirigido al consejero titular del departamento al que está adscrita IFA/IDEA, en este caso Innovación.

Sin embargo, sí hubo deficiencias en los expedientes administrativos de los convenios y no "se estaban gestionando bien las subvenciones". "No voy a defender los expedientes de las ayudas porque son indefendibles", dejó claro.

Aunque las llamó subvenciones, el exinterventor dijo que en realidad las ayudas concedidas desde el fondo de reptiles, añadiendo: "Y si lo fueran, se analizarían sobre la Orden Ministerial de 1995, que creo aplicable plenamente porque está regulando lo mismo, y el análisis –de las ayudas– sería matizadamente diferente", ha precisado.

En línea con las demás defensas, Manuel Gómez se ha referido a la orden ministerial de 1995 que regulaba ayudas laborales por parte del Estado, que nunca hasta hace poco se mencionó en el proceso ni siquiera por las defensas. Gómez vino a decir que bajo su amparo las ayudas de la Junta, que sólo hubieran requerido la solicitud y una memoria justificativa, no habrían sido arbitrarias e irregulares.

Gómez Martínez insistió en que las transferencias de financiación entre la propia Junta para corregir desfases de funcionamiento no tenían que tener fiscalización previa porque supuestamente las cantidades a ajustar no eran elevadas. Lo fueron cuando la Consejería de Empleo "asumió compromisos por encima de la dotación presupuestaria". Esto es, que de haberse dado un "uso adecuado" de esta herramienta de financiación "no" se hubiera dado "este problema", porque estarían contabilizadas como ingresos y gastos en el ente.

Sin embargo, Gómez calificó de "abuso conceptual" por parte de los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) llamar a esta manera de proceder un "fraude". Téngase en cuenta que la acusación principal procede del informe de estos peritos del Estado. Destaca El Mundo, que "hablar de 'fraude' constituye, a ojos de Gómez Martínez, un 'exceso conceptual' dado que el uso de las transferencias de financiación para alimentar la partida de los ERE era 'inadecuada' pero no ilegal".

El ex interventor subrayó que las modificaciones presupuestarias aprobadas por la Consejería de Hacienda no tienen que tener informe preceptivo de la Intervención General, por lo que le resulta "llamativo" que los peritos digan en su informe que "no lo encuentran". Es que "no existen", ha afirmado, añadiendo que esto pone de manifiesto "el modo de ejecución de ese informe", al que consideró poco adecuado dada la importancia del tema.

Además, criticó el comportamiento de los organismos auditores como la Cámara de Cuenta sobre el uso de las transferencias de financiación: "En diez años, la Cámara de Cuenta no ha auditado al IFA/IDEA ni el programa 31L" –usada para el pago de las ayudas sociolaborales por la Consejería de Empleo–, ha asegurado, apuntando que "no es serio que la Cámara no dijera nada sobre las transferencias y ahora los auditores de ocasión digan lo que dicen".

Sobre el famoso convenio marco firmado entre IFA y la Consejería de Empleo en 2001 y por el que se regulaba el pago de las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis agilizándolo y librándolo de controles a través de la agencia pública, Gómez afirmó que no era preceptivo un informe de la Intervención General para el mismo. Tras declarar durante más de siete horas se suspendió la sesión que seguirá el próximo lunes.

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