El separatismo es consciente de que la investidura de Jordi Sànchez, número dos de la lista de Puigdemont y expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), es imposible. No sólo se opone el Tribunal Supremo. La CUP exige que el candidato sea Carles Puigdemont, tesis que avala la propia ANC y su nueva presidente, la economista Elisenda Paluzie. La opción de Sànchez, al parecer del independentismo inmaculado, supone claudicar ante el Estado y dar paso a un gobierno de corte autonómico.
La CUP ha advertido que no prestará ninguno de sus cuatro votos en el Parlament a la opción Sànchez. Ya demostró que no hablaba en balde con la frustrada investidura de Jordi Turull, que podría haber reingresado en la cárcel en calidad de president si no hubiera sido por el "rigorismo" cupero. El presidente de la cámara catalana, Roger Torrent (ERC), sigue dando cuartelillo al grupo del expresidente, Junts per Catalunya (JxCat). Ha fijado el próximo pleno de investidura para este viernes 13 de febrero y ha enviado una misiva al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena en la que le insta a dejar en libertad a Sànchez en virtud de que la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha emitido un supuesto "recibido" a un recurso de los abogados del candidato, una vía que también explorarán Turull y Puigdemont.
El separatismo ya trabaja en un plan D, consciente de que la segunda intentona de Sànchez está abocada al fracaso. Las organizaciones separatistas insisten en Puigdemont, pero hay otros nombres sobre la mesa. Las quinielas incluyen al exjefe de informativos de la radio del conde de Godó, Eduard Pujol, a Elsa Artadi, a Quim Torra, el preferido de la CUP, a Laura Borràs y al alcalde de Mollerusa, Marc Solsona.
Semana perdida a falta de novedades judiciales. Puigdemont apura los plazos. Hasta el 22 de mayo, fecha límite para investir president, queda más de un mes. El expresidente y líder separatista quiere explotar el momento, el fallo del tribunal del land de Schleswig-Holstein y la crisis abierta por las abruptas declaraciones de la ministra de Justicia alemana Katerina Barley, decidida partidaria de no extraditar a Puigdemont. Torrent obedece y emplaza a Llarena a que sea él quien vete al preso antes de que la CUP mande a Sànchez a los corrales.
El foco de la política catalana está en Berlín, residencia provisional de Puigdemont hasta que el juzgado de Schleswig-Holstein decida sobre su situación. De momento, los jueces alemanes exigen a Llarena precisiones sobre la acusación de malversación de fondos para celebrar el referéndum del 1 de octubre pasado. El separatismo explota la decisión judicial alemana y agota otra semana.