El Mundo ha recogido la existencia de un certificado del acuerdo del Consejo de Gobierno celebrado el 28 de diciembre de 2004, que lleva una fecha y un sello distinto a la prueba original que la Junta de Andalucía remitió en su día para la causa de los ERE. Por ello, el PP afirma que esos documentos podrían haber sido falseados y manipulados.
Consecuentemente, la acusación popular pide que se investigue concretamente un certificado relativo a este acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta, celebrado el 28 de diciembre de 2004, y que incluye una fecha y un sello oficial diferente al mismo documento original aportado en su día por la Junta de Andalucía.
El documento se refiere al expediente de modificación presupuestaria 946/2004 denominada 'Transferencia de créditos en el capítulo IV de los programas 3.2.B y 3.2.H del Servicio Andaluz de Empleo', y que el abogado de Griñán, José María Mohedano, entregó al tribunal el día 5 de abril, coincidiendo con la declaración en el juicio del ex presidente de la Junta.
Pero había un original de ese archivo en el sumario de la pieza principal de los ERE. Cuando y ha comparado éste con el que ahora ha aportado la defensa de Griñán, resulta que el anverso del documento original está firmado por el viceconsejero de Presidencia el 28 de diciembre de 2004, mientras que el que ha presentado hace unos días Mohedano tiene fecha del 30 de diciembre de 2004, dos días más tarde.
Es más, en el mismo reverso no aparecían varias firmas, la del director general de Presupuestos y la del jefe de servicio de Presupuestos de Actividades Sociales, que sí se observan ahora en el documento llevado ahora ante el tribunal por la defensa de Griñán.
Además, la firma del jefe de Servicio de Presupuestos de Actividades Sociales resulta ilegible, sin sello, sin identificar al firmante y expresando que firmaba "por autorización (P.A.)", algo que no es posible administrativamente.
Por si fuera poco, el escrito enviado al tribunal forma parte de un fax de al menos cuatro páginas, de las que no están las tres primeras.
Por todo ello, el PP sospecha que el expresidente de la Junta pueda estar intentando demostrar, subraya El Mundo, que "sólo plasmaba su firma para elevación de la propuesta de acuerdo con el Consejo de Gobierno cuando obraban todos los informes y firmas necesarias". Es decir, cuando los asuntos llegaban a su mesa con todas las 'bendiciones' de los técnicos.
El PP pide que se "deduzca testimonio" por si los hechos fuesen constitutivos de delito de falsedad documental o, incluso, de estafa, en la modalidad de fraude procesal. Al tiempo, exige al Gobierno de Susana Díaz que aclare las razones de las diferentes versiones de un mismo documento oficial y explique cuál ha sido su intervención en estos hechos.