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El informe de los peritos del Estado sobre los ERE: un catálogo minucioso de ilegalidades

Los peritos de las defensas rebaten el informe de los expertos de la Intervención del Estado.

(Sevilla)
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El informe que, con fecha 11 de diciembre de 2013, hace casi cinco años, presentaron los cuatro peritos de la Intervención General del Estado –Jesús Ruiz-Ayúcar de Merlo, Ángel Turrión Macías, Rosa María Hernández Mantón y Eduardo Villaseca Sánchez–, es un contundente relato de la irregularidades cometidas y consentidas por la cúpula de la Junta de Andalucía en la concesión de ayudas socio laborales.

Turrión, jefe del equipo designado por la IGAE, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y auditor de cuentas, con más de 40 años de experiencia en la función interventora. Ha resaltado que entre los cuatro compañeros suman más de 130 años de experiencia en el control de cuentas de la administración del Estado.

Contra el contenido de su informe, que han ratificado, se elevan otros peritos designados por las defensas. Se trata de Juan Zornoza Pérez y Miguel Ángel Martínez Lagos, quienes han ratificado el informe que realizaron en enero de 2015. Zornoza es doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y catedrática de Derecho Financiero y Tributario por la Universidad Carlos III. Martínez Lago es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, subdirector del departamento de Derecho Mercantil, Financiero y Tributario de la Complutense.

La defensa de la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo ha propuesto a Juan Antonio Carrillo Donaire y Juan de Dios Aguilera, quienes presentaron su informe en octubre de 2017, relativo al procedimiento administrativo del programa presupuestario 31L. Carrillo Donaire es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla y catedrático de Derecho Administrativo. Juan de Dios Jiménez Aguilera es catedrático de Economía Aplicada por la Universidad de Granada.

Juan Ramallo Massanet, licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, doctor por la Universidad Complutense de Madrid, profesor en la Universidad de Valladolid o en la Autónoma de Madrid, es diputado al Congreso entre 1983 y 1989 por el PSOE y miembro del Tribunal de Cuenta Europeo, es el perito propuesta por la exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez.

Debe añadirse que, a propuesta del exconsejero Antonio Fernández, comparece José Ignacio López González, catedrático de Derecho Administrativo.

El informe de la Intervención General del Estado

Las ayudas concedidas por la Junta desde 2001 a 2010 fueron de tres tipos: subvenciones a empresas con destino a la financiación del coste de las indemnizaciones por despido colectivo, subvenciones a empresas con fines diversos y subvenciones a personas físicas.

Las primeras se formalizaron mediante la suscripción de un seguro de rentas cuya prima fue satisfecha en su totalidad o en su mayor parte por la Junta de Andalucía. Las segundas ayudas a empresas no tienen nada que ver con un ERE y a veces ni siquiera tienen objeto definido. Las subvenciones a personas físicas que habían sido afectadas en su día por algún ERE se otorgaron cuando la relación laboral ya había sido extinguida y se formalizaron mediante la suscripción de un seguro de rentas, cuya prima fue satisfecha en su totalidad o en su mayor parte por la Junta de Andalucía.

Los créditos presupuestarios destinados a la concesión estas ayudas sociolaborales por la Consejería en el periodo 2000-2012, del programa 31 L (conocido como fondo de reptiles y antes 22E) "Administración de las Relaciones Laborales", ascendieron a 850.364.957 euros, de los cuales 695.727.071 euros corresponden a los créditos iniciales consignados en su Presupuesto, y el resto, 154.637.886 euros, se obtuvieron a través de modificaciones presupuestarias. A estos hay que añadir otros 4.473.286 euros concedidos otros programas presupuestarios.

Tras el análisis exhaustivo de todos los expedientes, que ocupan once archivos informáticos tipo pdf que ocupan casi 800 megas y miles de páginas, concluyó en su primer informe, al que siguieron informes adicionales que:

a) La Consejería de Empleo incluía en su presupuesto de gastos el importe destinado a Transferencias de Financiación a IFA-IDEA, que utilizaba indebidamente para la concesión de subvenciones. Consecuentemente, IFA-IDEA incluía en su presupuesto de ingresos ese mismo importe. Sin embargo, año tras año desde 2003, IFA-IDEA elaboró indebidamente su presupuesto de gastos al consignar en el mismo los pagos de subvenciones a efectuar con las transferencias de financiación recibidas de la Consejería de Empleo, en la cuantía necesaria para que el resultado de la entidad fuera cero o próximo a cero. Esto es, hay que deducir que funcionaba como un "fondo de reptiles", como dijo Francisco Javier Guerrero, el exdirector general de Empleo.

b) A tenor de su Ley de creación, IFA-IDEA no tuvo atribuida la facultad legal para conceder subvenciones sociolaborales hasta el uno de enero de 2004, fecha en la que le fue otorgada la potestad subvenciona! por la Ley 18/2003, de 29 de diciembre.

c) Las subvenciones del programa 31 L se han otorgado por la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, sin competencia legal para ello, ya que la delegación de competencias del Consejero de Empleo en el Director General de Trabajo, en esta materia, no tuvo lugar hasta que se dictó la Orden de la Consejería de Empleo de 3 de marzo de 2010, cuya entrada en vigor fue el 6 de abril de 2010.

d) Como consecuencia, se generaban obligaciones para la Junta de Andalucía sin la necesaria cobertura presupuestaria, incumpliéndose así la legalidad. El déficit consiguiente ascendió casi a 450 millones de euros desde 2002 a 2010.

e) Si a ello se une la presencia de "pagos cruzados" (desde la Consejería de Empleo se ordenaba a una mediadora o aseguradora trasvasar una parte de los fondos recibidos para el pago de una póliza de seguro a otra póliza distinta de una empresa diferente), se llega a la carencia absoluta de control en el pago de las ayudas, ya que los abonos así realizados no tienen reflejo contable en la Junta de Andalucía.

f) Por tanto, desde 2002 a 2009, ambos inclusive, en el anteproyecto y proyecto de presupuesto del programa 31 L de la Consejería de Empleo de la Junta, se incluyeron inadecuadamente créditos de Transferencias de Financiación y los gastos del IFA-IDEA, que en realidad no eran propios, y la Junta no impidió la consignación improcedente de las partidas presupuestarias en el anteproyecto ni en el proyecto de Ley de Presupuestos.

g) Para resolver el déficit presupuestario originados por estas prácticas, durante el período 2000-2010, se tramitaron 22 modificaciones presupuestarias relativas a la partida de Transferencia de Financiación a IFA-IDEA. De ellas, 16 fueron aprobadas por el Consejo de Gobierno, a través de la Consejería de Hacienda, y a propuesta de la Consejería de Empleo y 6 se aprobaron por el Consejero de Economía y Hacienda, a propuesta del Consejero de Empleo. Esto es, todos estaban al tanto.

h) A la vista de los expedientes examinados, una muestra significativa de la totalidad, en todos ellos se ha prescindido absolutamente del procedimiento administrativo respecto de la concesión de las ayudas. No consta la existencia de ninguna norma dictada por la Junta de Andalucía en la que se publiciten las ayudas y se establezcan los criterios de selección de los beneficiarios, así como los baremos, límites y condiciones de las subvenciones a conceder para la financiación del coste de los ERE,por lo que los sistemas utilizados para determinar tanto la empresa elegida como los importes a financiar son totalmente discrecionales.

Tampoco se ha cumplido con los criterios de publicidad, concurrencia y objetividad en la concesión legalmente establecidos, no debiéndose calificar estas ayudas como "subvención excepcional", dado que se otorgaron de manera habitual y reiterada durante un dilatado período de diez años asumiendo el coste total la Junta de Andalucía.

El informe se asienta sobre el análisis de una muestra de 56 empresas, con un importe total subvencionado que asciende a 544.726.016,03 euros, lo que representa el 73,45% del crédito total del programa 31L y el 20, 15% de las entidades subvencionadas, se concluye que:

Además,

1) En la concesión de subvenciones por importe superior a 3.005.060,52 euros, no consta la preceptiva autorización del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

2) En la práctica totalidad los compromisos de pago superiores a 1.202.024,21 euros, no consta la preceptiva aprobación provisional por el Consejo Rector del IFA ni la preceptiva ratificación de dicha aprobación provisional por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

3) No consta en los expedientes examinados la existencia de ningún análisis económico que ponga de manifiesto si estas ayudas, en sí mismas, eran procedentes en atención a las circunstancias del beneficiario, especialmente en lo que se refiere a que la empresa no tuviera capacidad económica para hacer frente a las obligaciones asumidas por la Junta.

4) No se han publicado por la Junta de Andalucía ni existen bases reguladoras para el otorgamiento de estas subvenciones concedidas por la CEM. Además, no consta la existencia de ninguna norma de convocatoria dictada por la Junta de Andalucía en la que se publiciten estas ayudas ni la aplicación de los criterios de publicidad, concurrencia, objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación legalmente establecidos para la concesión de subvenciones.

5) No se ha acreditado el carácter "excepcional" de las ayudas concedidas.

6) No consta solicitud formal de las ayudas por parte del beneficiario, ni tampoco la Resolución motivada de concesión ni constan los requisitos exigidos a los beneficiarios ni se acredita que los mismos se encuentren al corriente de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

6) Las ayudas no fueron sometidas a fiscalización previa de la Intervención Delegada en dicha Consejería, como era legalmente exigible.

7) No consta el preceptivo informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía al Convenio o Convenios firmados por la DGTSS y el IFA.

8) No existe constancia en los expedientes de que por parte de la CEM se realizara ningún seguimiento de la aplicación de las ayudas concedidas.

9) En el caso de ayudas a empresas con destino a la financiación del coste de las indemnizaciones por despido colectivo de sus trabajadores afectados por un ERE, las cuales se formalizaron mediante la suscripción de un seguro de rentas, no consta que se haya seguido el procedimiento exigido por la Ley de Contratos del Estado para la selección de la entidad aseguradora ni de la entidad mediadora y los gastos de gestión externa (comisiones aplicadas a las pólizas) son superiores a la media del sector asegurador de vida, lo que ha supuesto determinados sobrecostes de comisión y, en consecuencia, mayor coste de las pólizas de seguro contratadas.

10) En el caso de las ayudas concedidas a empresas con fines diversos, no ERE, una parte importante carecen de objeto concreto y claramente definido.

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