Gaspar Zarrías, exconsejero de la Presidencia y exvicepresidente de la Junta de Andalucía y uno de los socialistas que más poder personal acumuló a lo largo de la historia del régimen andaluz, ha demandado a la Junta ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), por no reconocerle su derecho a que se le sea pagado el importe total de las minutas de honorarios profesionales de su defensa en el caso ERE.
Zarrías, con otros 22 ex altos cargos, fue imputado en noviembre de 2015 como presunto autor de un delito de prevaricación en el caso ERE, por el que se le piden diez años de inhabilitación. El juicio terminó en diciembre y se está a la espera de sentencia.
El exconsejero solicitó a la Junta la representación y defensa por el Gabinete Jurídico de la Junta, pero en aquel momento la Junta estaba personada como acusación, lo que suponía una situación de incompatibilidad. Debido a ello, Zarrías pidió que se le autorizara a contratar servicios profesionales, haciéndose cargo la Junta de los gastos devengados por estos servicios, gastos que pidió que fueran abonando a medida que se fueran devengando.
El gobierno de Susana Díaz en 2016 dictó una orden por la que se reconocía a Zarrías el derecho al abono de los honorarios por representación y defensa de abogado y procurador, "una vez recaída resolución judicial firme por la que se declare inexistente la responsabilidad penal del solicitante".
Pero tras el recurso de Zarrías, en una nueva orden de ese mismo año, la Consejería estimó el recurso y reconoció el derecho de Zarrías a que, previa acreditación documental, se fueran abonando los gastos de defensa a medida que se fueran produciendo, y dejaba sin efecto la exigencia de que hubiera resolución firme de no responsabilidad penal.
En 2017, Zarrias presentó a la Junta para su pago la minuta de honorarios profesionales devengados por su letrado, recogiendo todas las actuaciones llevadas a cabo desde el 17 de noviembre de 2015 hasta el 31 de enero de 2017, según el Baremo Orientador de Honorarios Profesionales del Colegio de Abogados de Sevilla. Pero la Junta sólo aceptó pagar el 5,6 por ciento del importe considerado que fijaba 220 euros la hora para el letrado principal y 150 euros por hora para sus colaboradores.
En mayo de 2017, Zarrías aportó para su pago una nueva minuta de honorarios profesionales de su letrado por las actuaciones realizadas desde el 1 de febrero hasta el 31 de marzo de ese año, pero el Gabinete Jurídico de la Junta decidió no pagar cantidad alguna porque las actuaciones extraprocesales, como la contratación de letrados externos a la Junta, debían ser costeadas por el interesado.
Posteriormente, el gobierno de Susana Díaz emitió otra orden en 2018 desestimando íntegramente las alegaciones del exconsejero y manteniendo las valoraciones efectuadas, acordando además reducir el importe de las dos minutas devengadas en su defensa a un seis por ciento del total presentado.
Ahora, en su demanda, Zarrías invoca el derecho reconocido a todos los empleados públicos en la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, a la defensa jurídica en los procedimientos que se sigan como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones o cargos, precepto aplicable también a la Comunidad Autónoma de Andalucía y que "incumple" la orden recurrida y los informes del Gabinete Jurídico.
El caso es que de prosperar el recurso de Gaspar Zarrías sería la Junta presidida por Juan Manuel Moreno y gobernada por Partido Popular y Ciudadanos la que debería pagar su defensa en el caso ERE.