La defensa de los golpistas catalanes Oriol Junqueras y Raül Romeva presentarán una queja formal ante el Tribunal Supremo acusando al magistrado y presidente del tribunal que juzga el 1-O, Manuel Marchena, de haber suplantado este jueves a las acusaciones al interrogar al exmayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero.
En su escrito, el abogado Andreu Van den Eynde subraya la necesidad de preservar "la debida imparcialidad" del tribunal y denuncian que Marchena formuló una pregunta "claramente de cargo" que anteriormente había vetado al fiscal, que quería indagar sobre la reunión en la que Trapero instó a Junqueras, al expresidente de la Generalidad, Carles Puigdemont y al exconsejero de Interior Joaquim Forn a cumplir la legalidad el 1-O.
Cabe recordar que la acusación popular que ejerce Vox fue la que solicitó la declaración como testigo de Trapero. Durante su interrogatorio, no preguntaron al exmayor de los Mossos sobre la Junta de Seguridad del 28 de septiembre en la que participó el propio Trapero y Puigdemont. Por ello, siguiendo el principio de contradicción, el magistrado impedía al fiscal Javier Zaragoza preguntar al testigo sobre dicha reunión.
No obstante, como aclaró este jueves en el juicio el propio Marchena, tomó la palabra con el ánimo de clarificar los hechos que se juzgan tal y como recoge el artículo 708 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que el magistrado citaba textualmente: "El Presidente, por sí o a excitación de cualquiera de los miembros del Tribunal, podrá dirigir a los testigos las preguntas que estime conducentes para depurar los hechos sobre los que declaren".
Tras la pregunta de Marchena, Trapero aseguraba que trasladó la preocupación de los Mossos al entonces presidente de la Generalidad "por posibles conflictos graves de orden público y seguridad ciudadana. Que iba a haber dos millones de personas en la calle y 15.000 policías y eso iba a provocar conflictos graves de orden público. Les emplazamos al cumplimiento de la legalidad, de las órdenes judiciales, y les dijimos que íbamos a cumplirlas. Que el cuerpo de Mossos no iba a quebrar con la legalidad y la Constitución, que no acompañábamos el proyecto independentista". Unas aseveraciones muy válidas para probar el delito de rebelión y que hicieron mucho daño a las defensas de los golpistas.
Todas las defensas se han coordinado para presentar quejas en las que denuncian las "restricciones" a sus interrogatorios y cuestionan que se limite la exhibición de vídeos como prueba en una clara estrategia por desacreditar al Tribunal Supremo y a la justicia española, de cara a posibles reclamaciones en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.