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Se espera que el "gobierno del cambio" acabe con el entramado "paralelo" en Andalucía

La tela de araña socialista en la Administración andaluza contada por sus funcionarios.

(Sevilla)
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Libertad Digital ha mantenido una entrevista con el actual presidente coordinador del Sindicato Andaluz de Funcionarios, absolutamente mayoritario en la Junta, Carlos Ezequiel Sánchez Morales, y José Luis Roldán Murillo, ex director general de la Función Pública de la Junta hasta su dimisión hace casi treinta años, funcionario ya jubilado y uno de los catalizadores de las célebres manifestaciones antienchufismo de los empleados públicos en 2010 y 211, cuyo manifiesto redactó y que impulsó la protesta de decenas de miles de personas en las calles de Sevilla.

Aquellas manifestaciones contra la llamada Ley del enchufismo que pretendía consolidar la presencia de "agencias" y "entes paralelos" en la Administración andaluza y llenarla de empleados que no se sometían a las pruebas de acceso regladas para funcionarios y que, sin embargo, pretendían usurpar las potestades públicas de ellos, fueron decisivas, pero no lograron su objetivo.

Libertad Digital: ¿Cuál fue la actitud de otros partidos políticos?

Carlos Ezequiel Sánchez Morales (CESM): El único partido político en Andalucía que se opuso a esta falsa reordenación fue el Partido Popular, el cual presentó ante el Tribunal Constitucional recurso de inconstitucionalidad que al final no prosperó. El resto de partidos, todos tenían algo que ganar.

José Lui Roldán Murillo (JLRM): El único partido político que apoyó abiertamente la batalla contra la ley del enchufismo fue el Partido Popular, que incluso llegó a plantear dos recursos de inconstitucionalidad contra los decretos-leyes y contra la Ley. Es curiosa la posición de Izquierda Unida. Como en el año 2010-2011 el PSOE tenía mayoría absoluta, su posición respecto a la Ley de Reordenación era crítica. De hecho, la Ley fue aprobada con el apoyo exclusivo del PSOE; votando en contra el PP y absteniéndose IU. Yo tuve ocasión de debatir el tema con el diputado responsable de función Pública de IU (Pedro Vaquero, fallecido en 2016) y se mostraba muy crítico con el PSOE, tal vez por su condición funcionarial comprendía personalmente la aberración que suponía la ley. Sin embargo, todo esto cambió cuando a primeros de 2012, ante la victoria electoral del PP, IU pasó a formar gobierno en coalición con el PSOE, con el vicepresidente Valderas, de infausta memoria. IU cambió de trinchera, igual que hizo con los famosos recortes sociales provocados por la crisis, y que no tuvo reparo en criticar en Madrid y el cinismo de practicar en Andalucía.

LD: ¿Cuál fue la actitud de los sindicatos UGT, CCOO, CSIF, USO y otros sectoriales?

CESM: Evidentemente tanto UGT como CCOO desde un primer momento se pusieron de parte de la patronal, que era y es la Junta de Andalucía. Fueron los cómplices perfectos del PSOE a la hora de enchufar a miles de los suyos. Nada nuevo.

En un principio CSIF se opuso a esta reordenación, pero con el paso del tiempo ha demostrado que aquello fue postureo sindical, ya que las elecciones sindicales estaban a la vuelta de la esquina y había que captar votos. Evidentemente, no engañaron a ningún funcionario y los resultados electorales de 2011 y 2015 nos dieron al SAF la mayoría absoluta.

En la actualidad CSIF se ha convertido en defensor de ese colectivo que entró por la puerta de atrás a la administración andaluza ya que potencialmente son miles de afiliados de sus variadas tipologías de personal.

El SAF es el único sindicato que a día de hoy seguimos en la lucha contra la administración paralela y contra el enchufismo. Los demás, vieron o han visto más recientemente que pueden sacar rédito de estos colectivos.

JLRM: Los sindicatos sectoriales, salvo la asociación docente PIENSA, a cuyos miembros veíamos con frecuencia en actos reivindicativos, no comprendieron, pese a que algunos hacíamos hincapié en ello, que el tema de la reordenación también iba con ellos; que afectaba seriamente a la profesionalización de la sanidad y la educación –tanto a la no universitaria en todos sus niveles como a la universitaria–. En cuanto a CSIF, mantuvo en los primeros momentos una actitud tibia, para posteriormente tomar partido abiertamente a favor de la Junta. Sin duda, no por nada personal, sólo por negocios.

Respecto a CC. OO y UGT, sobran las palabras. Todo el mundo sabe que, en tanto que siendo los principales beneficiarios de la operación, junto al PSOE, eran no sólo defensores de ésta sino impulsores y cómplices activos. Y siguen siéndolo.

LD: ¿Qué trato se ha dado en la Junta al Sindicato Andaluz de Funcionarios a lo largo de su historia?

CESM: Desde un principio el trato ha sido nefasto. No nos tomaban en serio cuando decíamos que iríamos a la Justicia a intentar arreglar los desaguisados continuos que la Junta perpetraba. Era la única vía contra la prepotencia y la falta de negociación de la Administración. Cuando empezaron a lloverles las sentencias en su contra, es cuando vieron que el SAF iba en serio.

JLRM: Según mi percepción, desde su creación, el SAF ha sido un sindicato incómodo para la Junta socialista. El único. Porque, precisamente, ha sido el único que ha antepuesto el interés de los representados al acomodo que podría haber disfrutado de haberse sometido, como los otros, a los dictados de la Junta. La realidad es que, desde hace años, el SAF es el único sindicato que defiende los intereses funcionariales y un modelo de Administración Pública conforme a lo que proclama nuestra Constitución.

LD: En 2012 ganó el PP las elecciones andaluzas, pero no pudo gobernar. ¿Puede hablarse de una decepción "Arenas"?

CESM: En las elecciones autonómicas de 2012, el PP de Arenas ganó ampliamente las elecciones, pero la falta de la mayoría absoluta impidió que gobernase por la "pinza" del PSOE e IU. Luego se demostró que IU fue manipulada y engañada por el PSOE (acuérdese de la retirada de competencias en caliente en materia de Vivienda en abril de 2014) hasta llegar de puntillas o a gatas al fin de la Legislatura. Si Arenas y el PP hubieran entrado a gobernar en 2012 las expectativas hubieran sido otras. Cosa aparte es que luego se hubiesen confirmado.

JLRM: Desde mi punto de vista en absoluto. Arenas ha sido el único político que ha mostrado mayor grado de comprensión y de compromiso en esta lucha contra la desintegración del modelo de Administración constitucional en Andalucía.

LD: Tras el gobierno Griñán, los gobiernos de Susana Díaz…

CESM: Por supuesto que empeoraron la situación. Parecía difícil que se pudiera gestionar aún peor la administración, pero lo logró. Con la excusa de la crisis se fue reduciendo el número de funcionarios y aumentando el personal de la "administración paralela", una estrategia de partido y sindical (a los que se debía tanto), y un sin fin de desmanes que quedan por corregir y a los cuales ya estamos penosamente acostumbrados.

JLRM: Sin duda alguna se fue a peor. Las resoluciones judiciales que ampararon jurídicamente sus propósitos le dieron alas y una especie de salvoconducto para seguir en la misma línea. De hecho, la llamada administración paralela creció bajo su mandato, al tiempo que el número de funcionarios se reducía. Es decir, Susana (con el apoyo explícito de Ciudadanos) siguió fielmente el guión profundizando en el desgaste del modelo de Administración constitucional y el fortalecimiento del modelo "agencístico", con lo que ello conlleva sobre igualdad de oportunidades en el acceso al empleo público, en falta de garantías y arbitrariedad en el ejercicio de las potestades administrativas frente a los ciudadanos y en el mantenimiento de las altas cotas de ineficiencia y corrupción.

LD: Se ha dado y se sigue dando una dura batalla judicial contra la Junta de Andalucía.

CESM: Son muchísimas las Sentencias favorables que nos han mantenido con vida y energía suficiente. Lo principal es que la lucha que comenzó hace casi una década, continúa. Lo tenemos asumido desde el SAF a pesar del cambio político en la Junta de Andalucía. El nuevo gobierno aún nos mantiene expectantes, y a veces desconcertados, con sus decisiones o sus NO decisiones. La Justicia, es la principal herramienta que nos proporciona el Estado de Derecho para luchar contra los desmanes de los gobiernos de turno. Pero ya sabemos que en según qué Tribunales, dos más dos no son cuatro. Si hemos de señalar un hito judicial, fue sin duda la Sentencia del Tribunal Supremo que anuló, a instancia del SAF, los estatutos de la Agencia Tributaria de Andalucía en 2012. Y por algo tan básico como era la falta de negociación sindical de los mismos.

JLRM: Por un lado, el tribunal Constitucional desestimó el recurso del Partido Popular, aunque con unos interesantes y fundados votos particulares. En cuanto al TS, como no creo en las casualidades, estoy en la creencia de que el PSOE, directa o indirectamente, maniobró hábilmente para designar al ponente de las dos primeras sentencias –necesarias para sentar jurisprudencia–. ¿Cómo se explicaría, si no, que dicha responsabilidad recayera en un magistrado –Pablo Lucas Murillo de la Cueva–, integrado en la carrera judicial por el desprestigiado turno de juristas de reconocido prestigio, que participó en el juicio sin tener en cuenta la legalidad? "No es admisible que para enjuiciar un asunto de la naturaleza de este, al que nadie niega su esencia política, se designe como ponente a un juez que debe su condición de juez al partido político autor del objeto del pleito", escribí yo mismo hace tiempo.

De modo, que ante tal panorama la lucha judicial se ha centrado en dos aspectos derivados de las referidas sentencias, que tienen mucha importancia: Uno, que estos empleados integrados en las agencias públicas no pueden desempeñar potestades administrativas, porque su ejercicio está reservado en exclusiva, por la Constitución y las leyes, a los funcionarios; y, dos, que este personal no forma parte de la Función Pública de la Junta de Andalucía.

Es decir, la principal batalla judicial se centra en estos momentos en impedir que los empleados de la administración paralela usurpen potestades reservadas a funcionarios; o sea, hacer cumplir las resoluciones judiciales.

LD: Y a finales de 2018, llegó el gobierno del cambio, de PP, Ciudadanos con Vox al fondo. ¿Hay futuro para una administración pública, limpia, neutral de todos y ajustada a Derecho?

CESM: Es un cambio deseado por muchos miles de funcionarios. En poco más de 100 días es difícil cambiar lo hecho en 37 años de régimen absolutista socialista. Hay muchas esperanzas de un cambio real de rumbo. Va a ser lento y costoso, a veces un tanto desesperante pero necesario. El nuevo gobierno tiene por delante la tarea de liquidar de una vez el entramado de la Administración Paralela, contra la que tanto ha luchado y denunciado cuando estaba en la oposición, y terminar con el enchufismo político, sindical o familiar, la peor de las lacras. La solución está basada en la normativa y en la legislación existente. No hay nada que inventar y creemos desde SAF que no les debería temblar el pulso a la hora de tomar decisiones. Ni deben ni pueden perpetuar más esta envenenada herencia corrupta y clientelar que lastra el desarrollo de Andalucía en general y de la Administración andaluza en particular. Y no deberían desaprovechar la experiencia del Sindicato Andaluz de Funcionarios.

Debería haber futuro para una Administración neutral, de todos y a servicio de la gente. Pero 37 años de régimen socialista son muchos años y desde el SAF a veces somos escépticos y nos cuesta pensar que todo ello pueda conseguirse con la situación de gobierno bicéfalo que actualmente existe en Andalucía.

JLRM: Lo de gobierno del cambio produce sonrojo. El gobierno del cambio ha dado muestras –tácitas y expresas– en sus primeros cien días de que no tiene intención alguna de acabar con este injusto e ilegal estado de cosas. A la vista de las numerosas resoluciones judiciales recaídas en este pleito, el nuevo gobierno sólo tiene tres opciones, a mi juicio, estas son:

a) Desobedecer las sentencias del TS y del TSJA, y seguir permitiendo que el personal de la administración paralela siga usurpando el ejercicio de potestades administrativas competencia de los funcionarios, lo cual constituiría un delito.

b) Mantener sin funciones, mano sobre mano, pero cobrando del presupuesto público, a estos veintitantos mil empleados, lo cual constituiría también un delito.

c) Iniciar los trámites legales precisos para desarticular y eliminar la administración paralela paralela; tal como, por otra parte, prometieron en sus programas electorales.

O sea que no hay grandes esperanzas. Tajantemente no. Al menos con estos partidos y con estos jueces. Tajantemente no, mientras subsista un régimen partitocrático y un sistema judicial como el actual. Tajantemente no, porque no hay voluntad. A la primera de cambio, el nuevo gobierno ya parece dispuesto a otorgar ventajas contrarias a los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir el acceso al empleo público. O sea, que nada parece cambiar con el gobierno del cambio.

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