El gobierno de la Generalidad comienza el curso con amenazas. Según ha anunciado su portavoz, Meritxell Budó, tras la primera reunión del Ejecutivo regional, ya se han iniciado los trámites para reclamar por la vía contencioso administrativa 1.317 millones de euros al Ejecutivo central. La Generalidad exige el pago de 874 millones correspondientes al anticipo de 2019 y 443 correspondientes a la recaudación del IVA de 2017.
Tal como anunció la pasada semana el vicepresidente regional Pere Aragonès, el Govern recurrirá a los tribunales si el Gobierno no cede a sus pretensiones. Por su parte, el Ejecutivo en funciones alega precisamente estar en funciones para no hacer frente a sus teóricas obligaciones con las comunidades autónomas. En ese sentido, Budó ha manifestado que ese es un argumento que no pueden aceptar porque los anticipos y pagos a las comunidades forman parte de la gestión ordinaria de la administración. La portavoz de la Generalidad ha llegado incluso a invocar la ley para exigir el pago y justificar el comienzo de los trámites burocráticos para llevar a Pedro Sánchez ante los tribunales.
Confrontación y descarte de elecciones
Ese anuncio de recurrir a la justicia no ha sido impedimento para que Budó haya reiterado que la Generalidad no aceptará las sentencias del Tribunal Supremo sobre el golpe de Estado separatista de otoño de 2017 si estas son condenatorias. Budó también ha asegurado que la próxima manifestación del "Onze de Setembre" debe ser el primer paso de la respuesta a las previsibles condenas del Tribunal Supremo. Además, ha descartado el adelanto electoral que preconiza ERC para hacer frente al fallo.
En cuanto a las llamadas del presidente autonómico Quim Torra a la "confrontación" con el Estado, a portavoz catalana ha asegurado que significan "no ceder ante la represión" y que no son incompatibles con el "diálogo".