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El juez cambiará de fecha las declaraciones de Aguirre y Cifuentes en Púnica si hay elecciones

Según las fuentes consultadas por LD, el magistrado Manuel García Castellón quiere "evitar interferir" en la hipotética campaña electoral del 10-N.

Libertad Digital
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Según las fuentes consultadas por LD, el magistrado Manuel García Castellón quiere "evitar interferir" en la hipotética campaña electoral del 10-N.
Las expresidentas madrileñas Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre | EFE

El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, cambiará de fecha las declaraciones de Esperanza Aguirre o Cristina Cifuentes como imputadas en la trama Púnica si finalmente se convocan nuevas elecciones generales para el próximo 10 de noviembre.

Según las fuentes consultadas por Libertad Digital, el magistrado "adelantará o retrasará" las declaraciones de todos "los excargos políticos" imputados recientemente a petición de la Fiscalía Anticorrupción en la pieza de Púnica donde se investiga la supuesta financiación ilegal del Partido Popular con el objetivo de "no interferir" en una hipotética campaña electoral que arrancaría en octubre. Mes en el que se espera también la sentencia del Tribunal Supremo sobre el golpe del 1-O.

No es la primera vez que este magistrado modifica el calendario de citaciones para no condicionar o afectar el normal desarrollo de unos comicios. En su primera etapa en la Audiencia Nacional cambió de fecha algunas comparecencias en el caso de Mario Conde. Recientemente, aplazó algunas declaraciones relacionadas con el supuesto espionaje a Pablo Iglesias para evitar el uso electoral de las mismas que, por cierto, ya se estaba efectuando desde Podemos para victimizar a su líder y sacar rédito electoral.

El pasado 2 de septiembre, García Castellón imputaba a las expresidentas de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes junto a otras 40 personas en un auto menos duro y contundente que el informe presentado por el Ministerio Público el pasado mes de agosto. En dicho informe, Anticorrupción reordenaba las piezas judiciales que se investigan en la trama y solicitaba las nuevas imputaciones en la causa que ahora ha admitido el juez.

Si no se convocan nuevas elecciones generales, Cifuentes comparecería como investigada el 1 de octubre y Aguirre el 18 de ese mismo mes, prácticamente inmersos en la campaña electoral de unas hipotéticas elecciones del 10-N. Por ello, se baraja "adelantar dichas comparecencias lo antes posible al mes de septiembre" o bien directamente "aplazarlas" hasta después de la cita electoral de noviembre.

Esta decisión afectaría a otros imputados relacionados con el PP como el expresidente madrileño, Ignacio González, citado el 17 de octubre. También, han sido citados para intentar esclarecer la supuesta financiación irregular de los populares los exconsejeros madrileños Manuel Lamela, Juan José Güemes, Borja Sarasola o Gádor Ongil.

El final de la investigación de la Púnica

La instrucción de la trama Púnica deberá finalizar en junio del próximo año después de que la investigación comenzara en junio de 2014. Por ello si finalmente hay elecciones generales y las declaraciones previstas se aplazan los tiempos judiciales estarán muy ajustados. Durante estos 5 años, han sido imputadas más de 300 personas en esta macrocausa que salpica a administraciones de toda España y que se ha vuelto inabarcable.

Desde que estallara la Operación Púnica en octubre de 2014 con la detención del empresario David Marjaliza y el exconsejero madrileño, Francisco Granados, la investigación no ha parado de crecer. Afecta a muchos Ayuntamientos madrileños como el de la capital, Valdemoro, Parla, Móstoles, Aranjuez, Chinchón, Ciempozuelos, Villalba o Torrejón de Velasco. También a la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Murcia o Castilla la Mancha, sin olvidar la Diputación de León.

Entre los 300 imputados, figuran políticos, empresarios o informáticos, sin olvidar las centenares de sociedades intervenidas. Cabe destacar que es una causa transversal porque afecta a políticos del PP, el PSOE o Izquierda Unida. No obstante, una de las piezas principales es precisamente la que se centra en la supuesta financiación ilegal de los populares madrileños.

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