El exconsejero de Sanidad, Manuel Lamela, ha negado que la expresidenta madrileña, Esperanza Aguirre, le pidiese contratar a empresas de la trama Púnica y que el PP de Madrid se financiara ilegalmente a través de la cláusula del 1% en las adjudicaciones de algunos contratos de obra.
Lamela es abogado del Estado y ocupó la cartera de Sanidad de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2007, y en el año 2008, fue cesado de su cargo como consejero de Transportes. Según el propio Lamela, había perdido la confianza de Aguirre por haber apoyado a Mariano Rajoy en el Congreso Nacional que celebró el PP en 2008 en Valencia.
El exconsejero de Sanidad madrileño declaró como investigado el pasado 14 de octubre ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón. En su comparecencia, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, Lamela rechaza categóricamente que la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, obligase a los consejeros en una reunión a contratar a empresas de Daniel Horacio Mercado, investigadas en esta trama corrupta. Según fuentes de la causa consultadas, la declaración de Lamela fue "muy contundente" y acerca la posible exoneración de Aguirre en la causa.
Las mismas fuentes sostienen que durante la declaración de la propia Aguirre, las fiscales de la causa no pudieron rebatir sus afirmaciones o negativas, aportando indicios sólidos de su implicación en la supuesta financiación ilegal del PP madrileño. En todo caso, un posible archivo de las actuaciones contra la expresidenta regional no se prevé al menos hasta finales de año, cuando se agoten las diligencias pendientes. El resto de declaraciones de los testigos o investigados celebradas durante septiembre y octubre no habrían aportado grandes novedades a la investigación.
A preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, Lamela recuerda durante su comparecencia el encuentro multitudinario que tuvo lugar en la sede de la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol a principios del año 2004 al que asistió Esperanza Aguirre; el vicepresidente madrileño, Ignacio González; el consejero, Francisco Granados o el entonces viceconsejero, Alberto López Viejo. En ella, se presentó el logotipo y el esolgan "La suma de todos", que había sido obsequio del empresario Daniel Horacio Mercado para ser empleado como imagen corporativa de la Comunidad de Madrid.
El exconsejero de Sanidad sostiene que en esta cita se agradeció al empresario el logo y el eslogan y se pidió que "se tuviera en cuenta en el puzzle de posibles empresas a contratar cuando correspondiera en temas de comunicación".
"¿Se les estaba invitando a adjudicar contratos?", pregunta entonces la fiscal Anticorrupción. "En mis 20 años de vida pública, nadie me ha dicho que adjudique nada a nadie y si me lo hubieran dicho un superior mío hubiese dimitido en ese mismo momento. No he tolerado en mi despacho que nadie me pidiera que adjudicara a nadie y alguno que lo ha hecho le he echado de mi despacho. Para mí es implanteable", espeta Lamela.
Después, aclara de forma prolija y detallada que "en la Ley de Contratos del año 2000 en los distintos modelos de contratación hay algunas modalidades en las que la Administración tiene la obligación de invitar a licitadores a esos concursos porque lo dice la Ley, no porque se lo haya inventado nadie. Por lo tanto, entra dentro de lo absolutamente normal que te digan 'esta empresa' cuando haya que invitar a alguien, invítenla si es que le corresponde y entra dentro de su objeto social lo que hace habitualmente. La relevancia de ese mensaje fue para mi cero".
La fiscal Carmen García Cerdá repregunta sobre la posible petición para realizar adjudicaciones a las empresas de Mercado investigadas en la trama corrupta por posible desvío de fondos para financia al PP regional, y Lamela insiste: "A mí nunca, en ningún cargo de responsabilidad pública me ha dicho nunca eso. No lo hubiera tolerado, ni a doña Esperanza Aguirre, ni al Santo Padre".
Los informes de la UCO sobre la cláusula del 1%
El interrogatorio avanza y Lamela arremete contra los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil UCO que han elaborado los informes en la investigación de Púnica en relación a la imposición de una cláusula del 1% en algunas adjudicaciones de contratos de su Consejería. Los investigadores mantienen que dicha cláusula fue empleada para financiar ilegalmente el PP madrileño.
"Las valoraciones que hace la UCO parten de una extrema ignorancia del ordenamiento jurídico vigente. La UCO dice que la cláusula es ilegal, que es nulo y que yo soy el ideólogo. Eso es sólo admisible desde un desconocimiento absoluto de la legislación vigente. Una ignorancia inexcusable en un funcionario público", afirma indignado.
"Desde el año 70 hasta el 2019, han existido las cláusulas accesorias en todos los contratos y en todas las administraciones desde el Estado, a las Comunidades Autónomas, pasando por los Ayuntamientos. Traigo 32 modelos que están disposición del Juzgado de estos contratos con cláusulas similares con el 1% que existían cuando llegué yo a la Comunidad de Madrid y que estaban siendo aplicadas por otras como el Ministerio de Fomento y existirán porque no están discutidas".
"La Junta Consultiva de contratación en el año 93 dice que son admisibles, son legales y que sólo requieren de dos límites: que se tope el importe máximo de gasto por esta cláusula y Que se dude de la legalidad de la cláusula es ignorancia inexcusable. Que se me atribuya el invento de la cláusula... Es muy anterior a mí la existencia de esta cláusula y que se aplique en la Comunidad de Madrid es algo normal, como se estaba aplicando en otras administraciones". Tras defender su legalidad, Lamela reconoce que en la Consejería de Sanidad se comenzó a aplicar la cláusula del 1% tras su llegada al cargo.