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El informático imputado en Púnica denuncia que la investigación se ha convertido en una "causa general"

Alejandro de Pedro ha remitido un escrito de alegaciones al magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón.

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Alejandro de Pedro ha remitido un escrito de alegaciones al magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón.
El experto informático imputado en la trama Púnica, Alejandro de Pedro. | EFE

El experto informático imputado en la trama Púnica, Alejandro de Pedro, denuncia que la investigación se ha convertido en una "causa general". De Pedro ha remitido un escrito de alegaciones al titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón.

El fallecido fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ordenó desechar en 2017 "tanto las investigaciones generales o prospectivas, dirigidas a la búsqueda de algo, que pudiera ser un indicio de delito", así "como la extensión sin límite de las investigaciones dirigidas a explorar, sin verdadero soporte real, el posible hallazgo de eventuales infracciones penales". La investigaciones prospectivas están prohibidas en nuestro ordenamiento jurídico.

En dicho escrito de 9 páginas al que ha tenido acceso Libertad Digital, la defensa de Alejandro de Pedro destaca "la improcedencia de crear piezas separadas, cuando de lo que realmente se trata es de hechos que no guardan conexidad alguna y que deberían ser juzgados por los jueces territorialmente competentes y no por la Audiencia Nacional".

"La creación de piezas separadas", añade, "sin vinculación alguna con los hechos investigados a Francisco Granados y David Marjaliza, no es, sino la vía procesal con la que se pretende esconder esa falta de conexidad, asumiendo de forma artificial una competencia que objetivamente no le corresponde. Desde el inicio (valoración ya advertida recientemente por el instructor en reciente resolución) ya advertimos que la Púnica se estaba convirtiendo en una causa general que avanzaba de forma prospectiva hacia todo lo que tuviera sesgo político, tuviera conexidad real o no".

Según el escrito, "ningún hecho ni conducta con trascendencia delictiva se ha podido relacionar entre Alejandro de Pedro, David Marjaliza y Francisco Granados. Desgraciadamente, esas iniciales conjeturas y a la constante filtración del proceso en medios de comunicación, creó una apariencia de vinculación inexistente y una posición de cabecilla en la trama inicial de nuestro mandante alejada de la realidad".

"Alejandro de Pedro no es Púnica, ni ha tenido vinculaciones societarias ni económicas de ningún tipo con los Sr. Marjaliza o Granados. Alejandro de Pedro es un empresario del sector de la comunicación Online, de reconocida profesionalidad técnica, con un equipo humano de profesionales de primer orden, constatado por la naturaleza de los clientes, la mayor parte de ellos empresas de IBEX o de extraordinaria relevancia social y económica en nuestro país y que ha trabajado lícitamente para los dos partidos mayoritarios de nuestro país, además de otras instituciones del Estado", sostiene la defensa del experto informático.

De esta forma, el letrado de De Pedro muestra su "disconformidad a que los hechos imputados a D. Alejandro de Pedro, Eico y Madiva (sus empresas) se troceen en tantos procesos como hechos se imputan" y denuncia "la vulneración del principio de tutela judicial efectiva y de un juicio con todas las garantías".

"Una tortura procesal"

La defensa de Alejandro de Pedro también detalla en el escrito las consecuencias personales y laborales de la causa: "No hace falta invocar la desproporción mediática que ha tenido nuestro defendido con la naturaleza de los hechos que se están juzgando. Esto le ha llevado a tener que cerrar una empresa con 26 trabajadores, a verse sometido a un juicio paralelo cruel y desmedido, a no poder trabajar en un campo que era pionero y a sufrir graves problemas personales y familiares".

"En el presente caso en el supuesto de fraccionarse la causa contra nuestro defendido en cuatro de las once piezas ( 2, 3, 9 y 10)", añade, "conllevaría el sometimiento a cuatro instrucciones, cuatro acusaciones, cuatro juicios, cuatro exposiciones mediáticas y en síntesis a una 'tortura procesal' inasumible en un Estado de derecho".

Recordamos que el propio titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, rechazó hace dos semanas una petición de diligencias de investigación de la Fiscalía Anticorrupción calificándolas de "investigaciones prospectivas".

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com

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