Aunque no está teniendo un excesivo eco fuera del País Vasco, y según las encuestas al PNV aún no le pasa factura, un tema ha ensombrecido el adelanto electoral que hace unos días confirmó Íñigo Urkullu convirtiéndose en el epicentro de la precampaña: el derrumbe del vertedero de Zaldibar y la gestión de una crisis que va en aumento.
El derrumbe del vertedero de Zaldibar, un pueblo de Vizcaya próximo a Ermua y Eibar, se produjo el pasado 6 de febrero: ese día, casi medio millón de toneladas de residuos de origen industrial se desplomaron sobre la A-8. La empresa denunció que dos trabajadores habían desaparecido: Alberto Solouze y Joaquín Beltrán. Los trabajos de rescate comenzaron, pero tuvieron que interrumpirse a las pocas horas, en plena noche: el motivo, la presencia de escombros con amianto, una sustancia cancerígena cuando se inhala.
Durante horas, la búsqueda que habían comenzado bomberos y ertzainas acompañados por perros se detuvo. El suceso, ocurrido en la noche del viernes al sábado, tuvo poco eco a nivel nacional. Durante el fin de semana se constataron las dificultades del rescate: al amianto se sumaba la inestabilidad de la zona. Pronto llegarían las primeras críticas: a la empresa que gestionaba el enorme vertedero, Verter Recycling 2002, y al Gobierno vasco por su mutismo: Urkullu no visitó esos días el lugar de la tragedia. Esperó al pasado miércoles día 12, cuando arreciaban las críticas por la gestión del Gobierno vasco y después de que anunciara el adelanto electoral.
En esos días, desde el Gobierno se había lanzado un mensaje de tranquilidad mientras se continuaba, con interrupciones continuas por el peligro de más derrumbes y ya con equipo para protegerse del amianto, la búsqueda de los dos trabajadores. Josu Erkoreka llegó a afirmar que la calidad del aire era buena aunque estaban aún pendientes de recibir un informe elaborado por el CSIC. Los resultados, conocidos el pasado viernes, le desmintieron: según los análisis había dioxinas y furanos en el aire en una proporción 40 veces superior a la normal, originados por el fuego desatado en el vertedero y la combustión de metano. Las autoridades tuvieron que recomendar a la población de Zaldibar, Ermua y Eibar, un total de 46.000 habitantes, que mantuvieran las ventanas cerradas y no hicieran deportes. El partido de Liga del Eibar se suspendió.
Rechazando la ayuda del Estado
La crisis podría tener una dimensión aún más política si siguen destapándose hechos como el que publicó El Diario Vasco el pasado día 14, en la que se aseguraba que el gobierno del PNV había rechazado la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias en las primeras horas tras el derrumbe, a pesar de que dos trabajadores habían quedado atrapados bajo la montaña de escombros. Sorprendentemente, esta noticia también ha tenido un recorrido muy corto fuera del País Vasco.
Este martes está previsto que el Gobierno se explique en el Parlamento vasco mientras la propietaria de la licencia, Verter Recycling, defiende su gestión de los residuos. La prensa especula con la posibilidad de que se hubieran acumulado toneladas de escombros sin el control necesario, ni por parte de la empresa ni de la administración. Desde el Ejecutivo vasco, acusan a la oposición de electoralismo por utilizar el desastre medioambiental en campaña pero es evidente que la polémica va a ir a más y va a seguir ganando protagonismo en los próximos días.
El caso, entretanto, está en los juzgados y en la calle: el pasado martes un juzgado abrió diligencias para pedir responsabilidades y el sábado unas cinco mil personas se manifestaron contra el PNV en Zaldibar. El Gobierno de Urkullu, mientras, ha abierto un expediente sancionador a la empresa mientras trata de mantenerse a salvo de la polémica.