Nuevo incumplimiento de la ley por parte de la Generalidad en materia de derechos lingüísticos. A pesar de las resoluciones del Tribunal Constitucional contra las multas lingüísticas de la administración autonómica, la Agencia Catalana de Consumo impuso el año pasado 94 sanciones a comercios por no rotular o atender en catalán, lo que supone un veinte por ciento más que en el año anterior.
La Generalidad recaudó un total de 55.575 euros por lo que consideró "vulneración de los derechos lingüísticos de los consumidores" pese a que según el Tribunal Constitucional considera que los comerciantes no tienen la obligación de rotular y señalizar sus establecimientos en catalán ni tampoco la de atender en catalán a sus clientes, a diferencia de lo que ocurre en las relaciones entre los particulares y las administraciones públicas, obligadas por ley a atender en catalán o español.
Las resoluciones del Constitucional no han impedido que la Generalidad siga admitiendo las denuncias o actuando de oficio y hasta publicite la actividad sancionadora, que ha experimentado un crecimiento sostenido desde 2014, año en el que impuso 57 sanciones. Subió a 68 en 2015, a 70 al año siguiente, registró un descenso en 2017, con 67 multas, pero volvió a subir en 2018, con 78, casi un veinte por ciento menos que el año pasado, con las citadas 94.