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El delegado del Gobierno en Madrid será investigado por prevaricación y no por lesiones imprudentes por autorizar el 8-M

El médico forense no acredita "relación de causalidad" entre acudir a una manifestación y contagiarse de coronavirus.

El delegado del Gobierno en Madrid será investigado por prevaricación y no por lesiones imprudentes por autorizar el 8-M
La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en la manifestación del 8-M en Madrid, | C.Jordá

La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha archivado la investigación por lesiones imprudentes contra el delegado del Gobierno en Madrid, el socialista José Manuel Franco, tras haber autorizado manifestaciones como la del 8-M en Madrid en plena crisis del coronavirus. No obstante, Franco seguirá siendo investigado por un posible delito de prevaricación.

Según fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital, la magistrada dictó ayer una providencia adoptando esta decisión, tras haber recibido un informe del médico forense de los Juzgados de Instrucción de Plaza de Castilla de Madrid en el que no puede acreditarse la "relación de causalidad" entre acudir a una concentración y haberse contagiado de Covid-19

La juez abrió la investigación contra el dirigente socialista el pasado mes tras recibir una denuncia por todas la concentraciones que autorizó entre el 5 y el 14 de marzo en Madrid, en plena crisis del Covid-19. Según dicha denuncia, las concentraciones no se prohibieron a pesar de la recomendación emitida por el Centro Europeo para el Control y Prevención de enfermedades, de 2 de marzo.

La magistrada ordenó una batería de diligencias de investigación a la Guardia Civil y al médico forense, con expresa advertencia de que no son urgentes y que deberían, por tanto, practicarse cuando su disponibilidad lo permitiese a la vista de la evolución del estado de alarma. El médico forense ya ha completado una de estas diligencias solicitadas.

Tal y como desveló este diario, José Manuel Franco también fue denunciado en los Juzgados de Instrucción de Plaza de Castilla de Madrid directamente por "autorizar" la multitudinaria marcha del 8-M. En la denuncia presentada por Manos Limpias, se imputaba al dirigente socialista un supuesto delito de imprudencia grave a la salud, por "haber puesto en grave riesgo la salud de los residentes en la Comunidad de Madrid y de otras Comunidades Autónomas, al autorizar la manifestación celebrada en Madrid el día 8 de marzo de 2020, con motivo del Día Internacional de la Mujer".

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