Jueces y fiscales denuncian que la misión de la Guardia Civil "no es evitar estrés social y desafección al Gobierno". Todo ello, tras conocerse la orden cursada por el Estado Mayor a todas las comandancias de la Guardia Civil del pasado 16 de abril en la que se instaba a identificar noticias falsas y bulos sobre la gestión del Gobierno en la crisis del Covid-19.
Según las fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital, "el único límite a la libertad de información es la Ley y no se puede instrumentalizar políticamente a la Guardia Civil para beneficiar al Gobierno. Los intereses del Estado no son los intereses del Ejecutivo". "Existe la posibilidad de controlar las redes sociales para investigar si se produce un delito, pero no para censurar las críticas al Gobierno", añaden.
Las mismas fuentes consultadas apuntan que "la instrumentalización de una institución pública como es la Guardia Civil al servicio de intereses políticos es contraria a la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". De hecho, el artículo quinto de la citada Ley establece que los agentes deben "ejercer su función con absoluto respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico y actuar, en el cumplimiento de sus funciones, con absoluta neutralidad política e imparcialidad".
También recuerdan que "la censura previa está prohibida, tal y como recoge el artículo 20 de la Constitución. Además, el articulo 55 de la Constitución impide en cualquier estado, incluso los de excepción y sitio, limitar la libertad de información. Limitarlo es cometer un delito".
Por último, afirman que "la instrucción de La Guardia Civil es la que genera alarma, la sociedad se siente vigilada y temerosa. Una sociedad democrática debe sentirse libre y no te puedes sentir vigilado si actúas dentro de la Ley. "La verdad, es la verdad de cada uno. Cada uno la valora", concluyen.
Precisamente, el general José Manuel Santiago negaba este martes que la orden tuviera la intención de limitar la libertad de expresión o de información o actuar contra la crítica política. No obstante, reconoció que la Guardia Civil estaba recopilando informaciones. La citada orden cursada instaba a identificar noticias falsas y bulos "susceptibles de provocar estrés social y desafección a instituciones del Gobierno".
La polémica comenzaba este fin de semana cuando el general de la Guardia Civil afirmaba que en la lucha contra los bulos en plena crisis del coronavirus se trabajaba en dos direcciones: "Por un lado, evitar el estrés social que producen estos bulos, y por otro, minimizar el clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno".
Grande-Marlaska lo anticipó hace 10 días
Hace 10 días, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmaba que el Gobierno estaba haciendo una monitorización de las redes sociales "con el fin de comprobar algunos discursos que pueden ser peligrosos o delictivos", así como con las "campañas de desinformación".
"Son las propias plataformas, siguiendo sus protocolos de actuación, las que acuerdan la retirada, no es el Gobierno, ni el Ministerio del Interior ni las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad", afirmaba Marlaska en una rueda de prensa desde La Moncloa. Además, el ministro señalaba que la crítica "es la base del Estado de derecho". "Nos enriquece y nos fortalece a todos, no hay ninguna limitación a la crítica", concluía.