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La juez Medel pide al Ayuntamiento y a la Comunidad que informen de los eventos que autorizaron del 5 al 9 de marzo

La diligencia ha sido solicitada por la Abogacía General del Estado que defiende al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, en la causa.

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La diligencia ha sido solicitada por la Abogacía General del Estado que defiende al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, en la causa.
La juez Carmen Rodríguez-Medel | EFE

La titular del Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha solicitado al Ayuntamiento que dirige José Luis Martínez Almeida y a la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso para que informen de los eventos que autorizaron entre el 5 y el 9 de marzo. La diligencia ha sido solicitada por la Abogacía General del Estado que defiende al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, en la causa.

En la providencia fechada en este pasado martes, la instructora registra los escritos presentados por la Abogacía General del Estado y da por interpuesto su recurso de reforma del pasado 3 de junio, dando traslado a las partes personadas.

A continuación, la magistrada señala que "conforme se interesa practíquense las diligencias interesadas en el sentido de librar oficio a la Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid a fin de que informen sobre los eventos colectivos o masivos públicos o privados (deportivos, culturales, políticos, sociales, pruebas de acceso o selección para la Administración, ferias o cualesquiera otros) que se celebraron entre los días 5 y 9 de marzo de 2020".

"En lugares públicos o privados", añade, "con su autorización o conocimiento en el ámbito de sus competencias, con indicación de la fecha y aforo o número de asistentes; así como si algún evento que corresponda a alguna de las categorías indicadas en el aparto anterior, programado entre los días 5 y 14 de marzo fue suspendido o cancelado por motivos sanitarios relacionados con el covid-19 y en tal caso, fecha y documento que acredite tal extremo".

Por último, Rodríguez-Medel apunta que deben "contestar antes del día 11 de junio a las 18 horas, dándose traslado a las partes a continuación de su recepción. Oficios que se entregarán a la Policía Judicial actuante para que proceda a su diligenciado".

Franco intentan responsabilizar a la Comunidad de Madrid

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, intentaba ayer responsabilizar del 8-M a la Comunidad de Madrid que preside la popular Isabel Díaz Ayuso. Concretamente a la Consejería de Sanidad. Franco comparecía este miércoles ante la titular del Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, en calidad de investigado por un delito de prevaricación por permitir las marchas y manifestaciones en Madrid entre el 5 y el 14 de marzo, entre ellas la del 8-M.

Según fuentes presentes en la declaración consultadas por Libertad Digital, Franco mencionaba "constantemente" ante la juez que no recibió ninguna advertencia o instrucción de la Consejería de Sanidad avisando de la peligrosidad que conllevaba celebrar las manifestaciones por la expansión de la covid-19 y que, en consecuencia, las prohibiera. También ha mencionado que no recibió avisos o instrucciones de los expertos o del propio Ministerio de Sanidad de Salvador Illa.

Este jueves se celebrarán las declaraciones testificales cinco trabajadores de la Delegación del Gobierno: el jefe de Servicio de Seguridad Ciudadana, José Luis Sánchez; el jefe de sección del mismo departamento, Ignacio Ortiz; la auxiliares administrativas del servicio María Lourdes Andrés y María Elena García Díaz, y el jefe del departamento de Prevención y Riesgos Laborales, Ramez Muhzrram Rey. Después será el turno para tres promotores de manifestaciones: Javier Gómez Ochoa, de CCOO, Construcción y Servicios; Antonio García Edwards, de Anonymus for the Voiceless Animal Save, y Juan Metidieri Izquierdo, presidente de APAG Extremadura Asaja.

Por la tarde, testificarán los promotores de otras siete manifestaciones convocadas en marzo que habrían recibido supuestamente llamadas de funcionarios de la Delegación del Gobierno para que las suspendieran: Diana Chnaiker, de la Asociación de Personas Aptas Sin Ayuda de Alquiler; María Teresa Martínez, de Defensa del Sistema Público de Pensiones de Getafe; Pedro Gallego, de la Plataforma de Pensionistas de Alcorcón; Antonio O'Connor, del sindicato CGT Madrid; Luis Concha, del Colectivo de Afectados de Forum Afinsa; Moisés Fernández, de CGT Amazon, y Santiago de la Iglesia, del sindicato Oficios Varios del Sur CGT.

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