La que fuera abogada de Podemos, Mónica Carmona, pidió al partido "todos los contratos" de la escolta-recadera de Irene Montero, sólo una semana antes de ser cesada. Carmona envió un email el 25 de noviembre de 2019 a la gerente de Podemos, Rocío Val, y al responsable de Seguridad, Víctor Martins.
En el email, al que ha tenido acceso Libertad Digital, remitido ahora al titular del Juzgado de Instrucción nº 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, Carmona reclamaba al partido de Pablo Iglesias "la información completa" sobre la escolta de Montero tras conocerse que esta empleada había sido despedida por denunciar previamente que estaba siendo utilizada por la actual ministra de Igualdad como su "asistente personal".
Según la escolta, Montero le obligaba a hacer tareas que no estaban relacionadas con su labor de seguridad. Entre ellas, "hacer compras personales, como productos de parafarmacia y droguería para bebés de determinadas marcas y en determinados establecimientos, hacer compras personales de alimentación en supermercados, comprar y llevar la cena después del horario de trabajo establecido o comprar comida para los perros".
Montero también le ordenaba, tal y como avanzó Okdiario, adelantar su horario de entrada "para que el habitáculo del coche estuviera caliente, hacer de chófer de la empleada doméstica, de la niñera y de familiares invitados a su domicilio, o de transporte de envíos de familiares. Tareas de gestión de obras en una de sus propiedades o mantenimiento en varias propiedades y en vehículos personales". Finalmente, Montero despidió a su escolta cuando ésta le exigió regularizar su situación laboral ya que no soportaba ser "su recadera", ni que "la tratara de forma humillante".
Carmona explica al juez que "la Policía estaba investigando la posible contratación ilegal de la trabajadora por parte de Podemos como escolta, infringiendo así la Ley de Seguridad Privada, por lo cual consideré que los hechos eran muy graves, podían ser constitutivos de infracción y debía investigarlos como Responsable de Cumplimiento Normativo".
Por ello, solicitó una serie de documentos a Podemos "en el plazo más breve posible de acuerdo con las funciones que tengo encomendadas por el Plan de Cumplimiento Normativo y a efectos de poder analizar los posibles riesgos para prevenir las posibles acciones legales que puedan dirigirse contra el partido".
Concretamente, Carmona pidió la copia de los contratos de la escolta; la carta de despido de la misma; la copia de las cotizaciones de la escolta desde la fecha de su alta hasta su despido, los contratos del personal de Logística y Seguridad suscritos con Podemos o las titulaciones, habilitaciones y funciones que realiza el personal.
También los contratos que Podemos hubiese suscrito con empresas de Seguridad, actas del Consejo de Coordinación o gestiones realizadas sobre esta materia y el informe sobre labores de escolta de personas de Podemos realizadas por el personal del partido y por cualquier empresa de seguridad desde el año 2016 hasta esa fecha.
"No solo no recibí respuesta alguna a mi petición de información sino que, al cabo de una semana fui cesada en mi cargo", concluía Carmona en su escrito remitido al juez Escalonilla. Concretamente, el 4 de diciembre fue despedida como responsable de Cumplimiento Normativo junto a su compañero José Manuel Calvente.
El caso de la niñera-asesora, Teresa Arévalo
Éste no es el único caso de abuso de poder que ha salpicado a Irene Montero. La exabogada de Podemos, Mónica Carmona, también denunció ante el juez que la ministra de Igualdad gastaba "presupuesto de campaña" para que la exdiputada del partido y actual asesora del Ministerio de Igualdad, Teresa Arévalo, cuidase a sus hijos durante los mítines electorales.
Carmona aseguró en un escrito que recibió "una denuncia interna confidencial afirmando que la dirigente de Podemos Irene Montero utilizaba a una persona a sueldo del partido, la señora Teresa Arévalo, como cuidadora de sus hijos, lo cual, además de ser contrario a las más elementales normas éticas, podría ser constitutivo de un acto de administración desleal del patrimonio del partido".