La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI), que representan a más de 2.500 jueces españoles, han remitido un escrito a la vicepresidenta de la UE para Valores y Transparencia, Vêra Jourová, y al comisario europeo de Didier Reynders denunciando lo que consideran un "riesgo de violación grave" del Estado de derecho en nuestro país por las últimas reformas legislativas que a su juicio afectan a la independencia judicial.
En el escrito, de seis páginas, los firmantes solicitan a la Comisión Europea la adopción de medidas entre las que citan el inicio de procedimiento del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea (TUE), que recoge la posibilidad de sancionar a un Estado miembro por violar valores básicos de la Unión Europea como son los derechos humanos o el imperio de la ley e implicar la pérdida de los derechos de voto en el Consejo Europeo.
El mes pasado, el Gobierno de PSOE y Podemos conseguía maniatar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Desde esa fecha, ya no puede realizar nombramientos estando en funciones. El Boletín Oficial del Estado BOE recogía entonces la proposición de Ley impulsada por el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez para impedir los nombramientos discrecionales en la cúpula judicial cuando haya expirado su mandato como sucede en el caso actual.
Carlos Lesmes preside en funciones el Gobierno de los jueces desde hace más de 2 años. Las últimas negociaciones iniciadas entre el PSOE y el PP saltaron por los aires hace unas semanas cuando los socialistas y Podemos propusieron a los jueces José Ricardo de Prada y Victoria Rosell como vocales del nuevo CGPJ.
La publicación en el BOE de esta nueva Ley se producía una semana después de que el Pleno del Senado aprobase de manera definitiva la reforma que comenzó su andadura en diciembre , tras una tramitación urgente en ambas cámaras.
La Ley recoge que cuando el CGPJ ha expirado su mandato se deberá limitar a ser oído por el Gobierno antes del nombramiento del fiscal general del Estado, participar en la selección de jueces y magistrados y resolver lo que proceda en materia de formación y perfeccionamiento, provisión de destinos, ascensos reglados, situaciones administrativas y régimen disciplinario de jueces y magistrados.