El nuevo gobierno de la Generalidad se aferra a la costumbre de no presentar los presupuestos autonómicos en tiempo y forma, un hábito del que se cumple ya una década. La inestabilidad política provocada por el proceso separatista y la concatenación de elecciones han alterado hasta tal punto la actividad gubernativa y parlamentaria que lo normal es que se funcione con presupuestos prorrogados. Así, los de 2017 se prolongaron hasta 2020, cuando el actual presidente regional, Pere Aragonès, entonces vicepresidente y consejero de Economía, logró acordar unos nuevos números.
Para no perder la costumbre, el nuevo consejero de Economía, Jaume Giró (el exdirectivo de la Caixa), ha anunciado este jueves en el pleno del Parlament que dadas las fechas del año no merece la pena elaborar unos presupuestos para 2021 y que la semana que viene iniciará la ronda de contactos para abordar las cuentas de 2022, maniobra que no ha suscitado grandes críticas a diferencia de las que ha recibido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien el diario El País censura llevar dos años sin unos presupuestos adaptados a la pandemia.
La portavoz socialista en la cámara catalana Alicia Romero se ha mostrado levemente contrariada porque las cuentas públicas están "totalmente desajustadas a las realidades que tenemos en estos momentos" ya que se elaboraron antes de la pandemia y ha destacado que en seis años sólo se han elaborado dos presupuestos. Giró ha replicado que lo mismo sucede con el Gobierno de Pedro Sánchez, que ha elaborado un presupuesto en tres años.
Giró también ha recurrido al argumentario nacionalista para denunciar un supuesto "déficit sangrante" de Cataluña, que ha cifrado en 16.947 millones de euros. También ha dicho que el Estado invierte menos en Cataluña que en otras regiones de España. Según sus datos, el Estado destina 124,7 euros por habitante en Cataluña mientras que la media nacional es de 161 euros y en algunos casos, ha dicho, como el de Murcia, asciende a 370 euros.