Continúan trascendiendo detalles del borrador, pendiente de aprobar por el Consejo de Ministros, de la Ley de Seguridad Nacional. Además de otorgar plenos poderes a Sánchez "por razones de emergencia" y permitir disponer de bienes privados o movilizar a los ciudadanos, la normativa facilita que el Gobierno haga contrataciones públicas sin tener que publicar información alguna.
Según publica El Mundo, el texto incluye una disposición adicional que apunta que todos "los documentos y la información manejada por el Sistema de Seguridad Nacional quedan excluidos del derecho de acceso a la información pública", es decir, fuera de las obligaciones estipuladas por la Ley de Transparencia.
Esto supone que los contratos que pudiera hacer el Gobierno en "situaciones de interés para la seguridad nacional" para asegurar "autoabastecer a España bajo condiciones excepcionales" quedarían fuera de cualquier control en cuanto al procedimiento o el dinero que ha supuesto.
A esta opacidad en las adjudicaciones o los informes que maneje Moncloa se suman la creación de una "Reserva Estratégica basada en las Capacidades Nacionales de Producción Industrial", con una producción de las empresas que decida el Ejecutivo "adaptable" y "escalable" según las necesidades. Y cabe recordar que el Gobierno podrá disponer de "todos los recursos disponibles de las administraciones públicas afectadas" y de los recursos privados "en manos de particulares".
El Gobierno tendría, pues, vía libre para todo tipo de actuaciones sin tener que pasar por el Congreso ni por el Consejo de Seguridad Nacional y, además, se aseguraría que no tendría obligación alguna de informar sobre los documentos en los que basa sus actuaciones o informes ni tampoco los detalles de cada contrato y actuación.
La excusa es disponer de mayor "agilidad" para abordar una crisis "si existen razones de urgencia o de oportunidad que así lo exijan".