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Los Franco piden imputar a la abogada general del Estado por el inventario del Pazo de Meirás

La familia Franco considera a la abogada general del Estado, Consuelo Castro, responsable del intento de expolio en el Pazo de Meirás.

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La familia Franco considera a la abogada general del Estado, Consuelo Castro, responsable del intento de expolio en el Pazo de Meirás.
La abogada general del Estado, Consuelo Castro. | EFE

La familia Franco ha solicitado al Juzgado de Instrucción nº 29 de Madrid que cite como investigada a la abogada general del Estado, Consuelo Castro, en el marco de la querella que se tramita contra la jefa del Servicio de Conservación de la Dirección de las Colecciones Reales de Patrimonio Nacional, Pilar Benito.

En un escrito 10 páginas, al que ha tenido acceso Libertad Digital, los Franco consideran a ambas responsables de delitos relacionados con el inventario de bienes realizado tras declararse que el Pazo de Meirás es propiedad del Estado: "La Sra. Castro Rey, como Abogada General del Estado-Directora del Servicio Jurídico del Estado, conocía los pormenores y alcance de la diligencia que se iba a llevar a cabo en fecha 11 de noviembre, que únicamente se circunscribían a la elaboración de un inventario y, no obstante lo anterior, solicitó la intervención de la técnico de Patrimonio Nacional Dña. Pilar Benito García a los efectos de elaborar un informe de titularidad que sirviera de base para iniciar un procedimiento judicial".

La querella adelantada por LD, dirigida inicialmente contra Benito, pide investigar delitos de prevaricación, falsedad en documento público, revelación de secretos, falsedad o alteración de dictamen o testimonio pericial y estafa procesal en grado de tentativa en la elaboración del inventario del Pazo en noviembre de 2020.

La petición de imputación de Castro es consecuencia del testimonio prestado el pasado mes de junio de la expresidenta del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional Llanos Castellanos, en el que ésta apuntó que su actuación en este expediente fue siguiendo instrucciones d de la abogada general.

Según la querella de los nietos de Franco, el documento que otorgó la titularidad de la mayoría de los bienes del Pazo al Estado no fue imparcial y se realizó en perjuicio de la familia, con "unas conclusiones ajenas a la imparcialidad, fuera de cualquier comprobación razonable".

Los querellantes también piden que se cite a declarar a otros cargos de Patrimonio Nacional, que se libre oficio para solicitar determinados documentos relacionados con este expediente administrativo y que se indague si existe convenio de colaboración y de asistencia jurídica entre la Abogacía General del Estado y Patrimonio Nacional.

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Entrega de llaves en el Pazo de Meirás.

Imputación de la jefa de Conservación

La titular del Juzgado de Instrucción nº 29 de Madrid, Cristina Díaz, imputaba a la jefa del Servicio de Conservación de la Dirección de las Colecciones Reales de Patrimonio Nacional, Pilar Benito, por intentar expoliar a la Familia Franco bienes del Pazo de Meirás.

La familia Franco sostiene que el pasado 27 de noviembre la jefa del Servicio de Conservación de las Colecciones Reales de Patrimonio Nacional "extralimitándose en sus funciones y sin que mediara orden o resolución judicial habilitante, elaboró el 'Informe sobre la titularidad de los bienes muebles conservados en el Pazo de Meirás'. Dicho informe afirmaba "indubitadamente, que los bienes muebles relacionados en el mismo e inventariados en el Pazo de Meirás proceden, sin género de dudas, de Patrimonio Nacional y de fundaciones u organismos dependientes de aquella entidad y que, por tanto, serían titularidad de dicho ente público".

"Aquella indubitada afirmación", añadía la querella, "choca frontalmente con la realidad, en tanto en cuanto aquellos muebles no pertenecen a Patrimonio Nacional, no constando en el inventario correspondiente, extremos comprobables en cualquiera de las actuaciones que se solicitaron de la misma. Habiéndose omitido aquella realidad, cuando no se ha efectuado por la querellada, con la diligencia y rigor que corresponde a la peritación, autoproclamada por ella misma, ni a ninguna información ni auxilio, la comprobación sobre el origen de las piezas concretas cuya titularidad pretende atribuir al Patrimonio Nacional, si fueron comprados, donados o regalados, sino que se limita a hacer una genérica afirmación de aquella titularidad sin fundamento que lo sustente".

Pilar Benito señalaba en su informe de 19 páginas "Bienes muebles de la primera mitad del siglo XX de carácter institucional", que existe una serie de bienes como muebles, vajillas o tapices "que claramente fueron creados para su adorno en los primeros años de uso del Pazo de Meirás como residencia oficial del entonces jefe del Estado. Todos ellos fueron realizados por la ya mencionada Fundación Generalísimo Franco, Industrias Artísticas Agrupadas, a excepción de una alfombra tejida en la Real Fábrica de Madrid".

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